Ecuador cumple tres meses de la declaratoria de conflicto interno

El 8 de abril se cumplen tres meses desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el “estado de conflicto interno” y desplegó más de 30.000 fuerzas de seguridad para hacer frente a escenas de violencia relacionadas con el narcotráfico que conmocionaron (y conmocionan) al país y, de hecho, al mundo.

El panorama que se perfila es el de un aparente descenso de los homicidios, pero niveles persistentes de otros tipos de delincuencia, como secuestros y extorsiones; una gran cantidad de información que simplemente desconocemos, ya que el Gobierno intenta controlar la narrativa y mantener unido al país; un presidente muy popular, con un índice de aprobación del 80 %, y un respaldo de los ecuatorianos a su ofensiva.

Noboa les ordenó a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional que salieran a las calles para contener las operaciones criminales de hasta 22 grupos organizados –incluida la infame banda conocida como Los Choneros–, que operan actualmente en la nación andina y están conectadas con carteles internacionales más grandes. Su estrategia ha sido comparada por algunos analistas con la que el presidente Nayib Bukele ha aplicado en El Salvador. El mandatario ecuatoriano prometió que respetará la Constitución.

Los datos reales sobre la actuación de su gobierno han sido a menudo difíciles de conseguir, o al parecer se han filtrado a los medios de comunicación de forma incompleta.

El Gobierno no ha publicado oficialmente datos sobre homicidios desde que comenzó la represión. El diario El País informó a mediados de marzo que el número de homicidios por día se había reducido drásticamente de 40 a 12, pero no reveló la fuente ni dijo de cuándo eran los datos comparativos. Sin embargo, estas cifras no recogieron lo ocurrido en el último fin de semana del mes, en el que murieron 17 personas en tres masacres.

“Hemos mejorado notablemente en cuestiones como la seguridad, reduciendo drásticamente el número de muertes violentas diarias que eran el subproducto de un Estado superado por el narcoterrorismo”, declaró el presidente con optimismo en una de las pocas entrevistas que ha concedido a medios locales e internacionales, en este caso a CNN en Español, a principios de marzo.

Desde que Noboa instauró el estado de excepción el 8 de enero hasta el 21 de marzo, 14.765 personas han sido detenidas, 280 de ellas por cargos de terrorismo, según el Ejército ecuatoriano. Sin embargo, no está claro cuántos de los detenidos han sido acusados o puestos en libertad.

Mientras tanto, a pesar de la mayor presencia de seguridad, entre enero y principios de marzo se produjeron 1.543 casos de extorsión y secuestros, informó la agencia de noticias Efe a principios de marzo, citando datos de la Policía Nacional. Sin embargo, Efe no proporcionó datos comparativos a nivel nacional y se limitó a decir que el aumento de estos casos en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, fue de cinco veces en comparación con el mismo periodo de 2023.

De hecho, una de las pocas conclusiones claras es que Guayaquil sigue siendo la zona cero de la lucha. Su puerto es el más importante del país y se ha convertido en objetivo de estos grupos que trabajan para los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como para la mafia albanesa, conocida como Los Albaneses. En 2019, la inteligencia militar detectó 10 grupos que operaban en dicha ciudad, pero ahora, según datos del Gobierno, son un total de 20 entidades del crimen organizado que se disputan la supremacía en Guayaqui, los cuales no son solamente considerados carteles o bandas criminales, sino también grupos terroristas.

El Tribunal Constitucional de Ecuador dictaminó que el estado de excepción era constitucional, y el presidente Noboa lo prorrogó hasta el 8 de abril. Aunque esa fecha se cumple mañana, los analistas locales consideran que cabe esperar nuevas prórrogas en un futuro previsible, a medida que el Estado arrastra una confrontación sin un punto final claro.

A pesar de los turbios primeros datos, los ecuatorianos parecen haber encontrado algo de alivio tras los recientes acontecimientos y atrocidades que se cobraron, entre otras, la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

La ciudadanía percibe a Noboa como “un presidente que está tomando decisiones” en circunstancias difíciles, dijo a Americas Quarterly el analista Max Donoso-Muller, radicado en Quito. Esa postura de mano dura en materia de seguridad le está ayudando mucho con su popularidad a la vez que aumenta su capital político. “Creo que su éxito está en haber formado un equipo político fuerte que ha hecho funcionar la mayoría legislativa”, agregó Donoso-Muller.

Con ese apoyo popular, Noboa también ha logrado algunas victorias políticas. Su istración maniobró para subir el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15 %. Paralelamente, el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo de facilidad ampliada de 3.000 millones de dólares, que Noboa espera que pueda sellarse en los próximos tres meses.

Las conversaciones no son fáciles, ya que Ecuador debe pagar 1.100 millones de dólares al FMI en 2025 para amortizar préstamos anteriores. Además del incremento del IVA, es posible que el FMI solicite una drástica reducción de los subsidios a los combustibles, que solo el año pasado costaron 2.300 millones de dólares, según estimaciones del Banco Central de la nación.

Con varias piezas en movimiento, la istración de Noboa enfrentará otra prueba el 21 de abril, cuando los ecuatorianos votarán en un referéndum sobre la permanencia de las fuerzas armadas patrullando las calles, un control más estricto de las armas y el aumento de las penas de prisión por delitos de crimen organizado, entre otras medidas.

Noboa está tratando de utilizar el referéndum “a su favor, para fortalecer su carrera para las elecciones de 2025”, dijo Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad SEK de Quito. Sin duda, “si no tuviera alta popularidad, no habría hecho esta consulta”, agregó.

El referéndum puede convertirse fácilmente en un plebiscito sobre la gestión de Noboa, en el que los cambios legislativos pasen a un segundo plano y se conviertan en una herramienta con la que los ciudadanos castiguen a sus dirigentes. 

Poco después del referéndum, la temporada de campaña presidencial se pone en marcha, ya que a principios de agosto se deben inscribir las candidaturas presidenciales para las elecciones de febrero de 2025. Queda por ver cómo se desarrollará esta guerra para Ecuador y sus ciudadanos.

JORGE R. IMBAQUINGO*

AMERICAS QUARTERLY

QUITO

(*) Periodista político de ‘El Comercio’ de Ecuador. Este artículo fue publicado el 21 de marzo, antes de que el país cerrara el mes con un saldo de 17 muertes violentas entre el 30 y 31 de marzo.

Hace una semana, Ecuador vivió una escalada de violencia, en medio de una cierta calma que se percibía a nivel general gracias a las medidas de excepción del gobierno de Daniel Noboa. 

Se registraron tres masacres entre el viernes y sábado santos, en las que murieron 17 personas. Pese a la declaración de guerra interna contra el narcotráfico, la violencia no se detiene. 

A principios de Semana Santa, la alcaldesa de San Vicente, en Manabí, fue baleada en un nuevo caso de violencia política. Y el miércoles santo, un amotinamiento en una cárcel de Guayaquil (suroeste) dejó tres presos muertos y seis heridos. 

Según Noboa, los recientes episodios “no son hechos aislados”, pues ocurrieron a unos días del referendo del 21 de abril para endurecer las medidas de seguridad contra las bandas criminales. 

AFP