La ingobernabilidad vuelve a asomarse en Ecuador tras la disolución del Congreso

La presión legislativa —de una Asamblea de mayoría opositora— pudo contra el presidente conservador Guillermo Lasso, quien ante la posibilidad de ser destituido de su cargo acudió este miércoles a la “muerte cruzada”, un decreto constitucional que le permite disolver el Legislativo, pero que también implica la celebración de elecciones generales anticipadas.

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El impopular mandatario, acusado por los congresistas de izquierda de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, según el documento difundido por la Presidencia.

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno derechista y marca una oportunidad de que la izquierda recupere fuerzas con el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), prófugo en Europa y condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción, como líder de la oposición.

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Lasso, que en junio pasado se había salvado de una moción de censura de las mismas características por tan solo 12 votos, podrá postularse en los nuevos comicios que determinarán las fuerzas políticas para completar el periodo 2021-2025.

No obstante, para el profesor de ciencia política de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina, por la baja popularidad que tiene en este momento (alrededor del 15 por ciento) “es poco probable que Lasso gane”.

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“Sin embargo, ante las pocas chances que tenía de evitar ser destituido, el presidente prefirió arrastrar también a la Asamblea opositora y darse un aire al poder gobernar sin un Congreso al que insistentemente acusa de bloquearlo en materia económica”, agregó el académico.

Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional —la Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales— Lasso podrá gobernar expidiendo leyes de urgencia económica, siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional.

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“Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó Lasso, que contó con el respaldo de las fuerzas militares y policiales.

Las reacciones no se hicieron esperar, y mientras el expresidente Correa aseguró que la aplicación de la muerte cruzada en medio del juicio político de censura era ilegal, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, habló de un “autogolpe” de Estado.

El correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político, rechazaron que exista una grave crisis política e interna y cuestionaron la legitimidad del movimiento de Lasso, al que acusaron de usar la “muerte cruzada” para evitar una probable destitución.

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En ese sentido, el PSC ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que en su momento autorizó que se abriera el juicio político por el delito de peculado (malversación), pero no por el de concusión, el más mediático al involucrar una supuesta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

“A mi juicio, me parece muy difícil que la Corte Constitucional determine una medida cautelar que suspenda el efecto de la muerte cruzada. Pero, en política todo puede pasar y es natural que los asambleístas intenten activar estos recursos judiciales para poder continuar con el juicio político”, comenta Medina al respecto.

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Ecuador ganó fama de ingobernable luego de forzar la salida de tres presidentes entre 1997 y 2005 a punta de protestas, hasta la asunción de Correa.

El pasado 5 de febrero, el gobierno Lasso perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución, mientras que en paralelo el partido de Correa fue el triunfador de las elecciones locales. Ese resultado dejó a Lasso en su momento más débil en sus casi dos años de mandato y fue aprovechado por la oposición para lanzar el juicio político.

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Si bien se celebrarán elecciones generales en un plazo de unos seis meses, la Conaie decidirá si sale a las calles a protestar contra la “muerte cruzada” como había anticipado si se daba este escenario. Ante esas posibles protestas, el ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió este miércoles que La Policía sólo actuará “si el orden constituido se viera afectado” y opinó que los ecuatorianos deberían acatar la disposición al ser una medida amparada en la Constitución y expedida por una autoridad legítima.

ANA LUCÍA ROMÁN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

QUITO