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El Salvador: así operaba la red de 'gota a gota' a la que pertenecían colombianos

La Fiscalía asegura que ha capturado 105 connacionales. Familiares denuncian falta de garantías.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador / Detenciones en El Salvador. Foto: AFP

PERIODISTA28.07.2023 19:59 Actualizado: 31.07.2023 12:30

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Al menos 280 colombianos que se encontraban en El Salvador de manera irregular -sin permiso de residencia- abandonaron el país desde el pasado 17 de julio, cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele les lanzó un ultimátum de 72 horas para salir de su territorio y les advirtió que, de quedarse, se enfrentarían a la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Ese día, la Fiscalía de ese país hizo público que había detenido a 110 personas –105 de ellas de origen colombiano– presuntamente pertenecientes a una red de préstamos ‘gota a gota’ que operaba en su territorio.

El modelo de crédito de usura, que también hace presencia en México, Perú, Argentina y Chile, fue exportado desde hace años por grupos criminales colombianos quienes, aprovechando las dificultades de cientos de personas para acceder a créditos tradicionales, les prestan sin condiciones y a corto plazo con elevados intereses, que oscilan entre el 20 y el 40 por ciento.

Lo peligroso, tal como lo reporta Insight Crime, fundación dedicada a investigar el crimen organizado en América Latina, es que “si los prestatarios no logran pagar el préstamo y los intereses acumulados, los prestamistas muchas veces amenazan, golpean y hasta asesinan a sus acreedores”.

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Esto es lo que siguiere una experta sobre invertir en dólares ahora mismo. Foto:iStock.

El modelo 'gota a gota' que funcionaba en El Salvador

Según Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, los tentáculos de los préstamos ilegales fueron descubiertos gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, Migración y la Fiscalía.

Delgado informó que los detenidos –en su gran mayoría colombianos– llegaron a El Salvador como turistas y, una vez allí, se dedicaron a trabajar para grupos ilegales que se hacían pasar por microfinancieras para prestar dinero, pero cuyos movimientos no se registraban ante la Superintendencia del Sistema Financiero, que es la autoridad competente.

“Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20 por ciento de interés. Se empieza a observar en las distintas comunidades que los ciudadanos colombianos empiezan a colocar dinero en efectivo por medio de créditos que celebraban de manera verbal. Se establecía un sistema de cobro, mediante el cual ellos exigían los intereses y al final hacían un ruteo para cobrar las cuotas establecidas”, explicó el fiscal al programa Diálogo, de Canal 21.

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El reloj corre, todos los falsos “turistas”, de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país.

Después, no escucharemos lamentaciones. pic.twitter.com/6OhSp1dnHR
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 20, 2023

El problema “es que esta gente recurre a mecanismos ilícitos para obtener el pago de los préstamos. Se dedican básicamente a ejercer la justicia por mano propia, ya que solicitaban el pago por medio de lesiones, amenazas y extorsiones a los salvadoreños que cayeron en sus engaños”, dijo Delgado, y agregó que desde 2021 hasta la fecha llegaron a Colombia más de 20 millones de dólares provenientes de los negocios ilícitos de esta red.

La estructura, según la Fiscalía de El Salvador, estaba compuesta por es y coordinadores que supervisaban las actividades de préstamos de dinero y se encargaban de enviar los recursos al exterior, y por reclutadores, encargados del cobro en las calles de distintos municipios.

“Las diferentes modalidades de estafa no se limitaban únicamente a obtener el dinero producto de los préstamos gota a gota sino que tienen el objeto de obtener la identidad de los salvadoreños (...). Cuando alguien no puede pagar, le usurpan su identidad y obtienen principalmente cuentas bancarias, tarjetas de débito y posteriormente el dinero es remesado a estas cuentas y trasladado hacia el extranjero”, explicó el fiscal y señaló que, hasta el momento, han incautado “propiedades de lujo” en las ciudades de Juan Opico, Quezaltepeque, Nejapa y otras localidades del centro del país, que pertenecerían a las personas capturadas.

(Además: Cancillería se pronuncia por detención de 63 colombianos en El Salvador)

#CombateAlCrimen I Esta tarde, la @FGR_SV solicitó que 40 imputados, entre ellos colombianos y salvadoreños, permanezcan en detención provisional, mientras las investigaciones continúan.

Estas personas conformaron microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que después… pic.twitter.com/1BAilt0oej
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 28, 2023

La información de la Cancillería de Colombia señala, por su parte, que al menos 67 connacionales han sido capturados en el país centroamericano desde marzo de 2022 “sindicados de pertenecer presuntamente a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero, en modalidad ‘gota a gota’”, en algunos casos en concurso con otros delitos de índole patrimonial”.

“Nos hemos concentrado en las 67 personas, hombres y mujeres, que han sido detenidas a partir de marzo del 2022, fecha en que se decretó el estado de excepción. Si sumamos esas 67 más las que estaban antes –más o menos 50–, da una cifra de más de 110 personas de nacionalidad colombiana que están detenidas”, le dijo el embajador de Colombia en El Salvador, Carlos Rodríguez Bocanegra, a este diario.

#Atención Comunicado sobre la situación de colombianos en El Salvador 🇸🇻

Más info aquí 👇https://t.co/tc71Cj3VM7 pic.twitter.com/bJ54Je0xab
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 19, 2023

Detenidos en el marco del régimen de excepción

Lo cierto, es que los colombianos detenidos en El Salvador pertenecen hoy al grupo de más de 71.770 personas capturadas en el marco del régimen de excepción, una medida aplicada desde marzo de 2022 que busca frenar a las pandillas que operan en el país, como la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, y que eran ejecutoras de asesinatos sistemáticos, violaciones, extorsiones y secuestros convirtiendo al país en el más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, para 2015.

Y si bien, el régimen de excepción, que ya completa su decimosexta prórroga, ha logrado una reducción significativa del crimen: según los datos del Gobierno Bukele, la tasa de homicidios del país bajó a 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, lo que otorgó una sensación de seguridad en las calles que terminó por darle al mandatario salvadoreño una aprobación del 90 por ciento, ese panorama contrasta con las críticas que ha recibido el plan de seguridad por parte de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch (HRW) o Wola, que alertan sobre violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

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Pandilleros de 'Mara Salvatrucha' y 'Barrio-18' permanecen juntos en formación. Foto:Rodrigo Sura. EFE

Más aún, lo que preocupa a las ONG en el caso de los colombianos detenidos es que hayan sido sindicados bajo un mecanismo que, si bien es legal, los involucra directamente con la ola de violencia cometida por las pandillas.

Ingrid Escobar, directora istrativa de la ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario y quien ha estado ayudando a las familias colombianas con la defensa de sus seres queridos, efectivamente reconoce que si bien algunos de los casos que sigue obedecen a personas que llegaron a la capital salvadoreña y a otras ciudades del país para trabajar como cobradores, su proceso no debería ser vinculado al del régimen de excepción.

“Algunos aceptaron que llegaron a operar para redes que cometían lo que acá se llama crédito de usura. Pero, dicha irregularidad no es equivalente para que se les procese sobre el régimen de excepción. Si esa es la acusación que se procese por la falta correcta y no por pandillas como acusaban al inicio”, dice Escobar.

(Además: 'Salgan a preguntar si esto es una dictadura': Nayib Bukele envía mensaje a la prensa)

URGENTEEEEEEEE!!! En este momento desde Valle el Cauca, Colombia, se hace una VELATÓN y manifestación por la LIBERTAD de 3 jóvenes capturados por el #RégimenDeExcepción en #ElSalvador @PDDHElSalvador ¿qué está pasando en nuestro país? #Medios, les tenemos el o d este caso. pic.twitter.com/QPVNyXZiso
— 💫 Ingrid Escobar 🎧 #JusticiaParaLosINOCENTES🇸🇻 (@Ingrydadriana) June 29, 2023

El embajador colombiano en El Salvador, no obstante, asegura que no han recibido información de que haya colombianos sindicados de pertenecer a las pandillas o a las maras y que los casos no necesariamente están enmarcados en el régimen de excepción.

“El delito de agrupaciones ilícitas (del que se les señala) en Colombia se llama concierto para delinquir. Este es un tipo penal muy importante para perseguir a los grupos delictivos organizados y máxime cuando actúan de una manera transnacional. No nos sorprende que el delito por el que se impute sea ese, pero eso no significa que sean acusados de pertenecer a las pandillas”, señala.

Familiares denuncian faltas al debido proceso

Uno de los casos conocidos hasta ahora es el de Jackson Alexis Arias. Su madre, Luz Marina Pérez, narra que su hijo se fue a El Salvador porque le ofrecieron trabajo como cobrador de ‘gota a gota’ y que hoy, no obstante, desconoce su paradero.

“Llegó a trabajar con una empresa de cobros. Mi hijo se comunicaba mucho conmigo y me hacía videollamadas y mientras hacía los cobros yo escuchaba que él llegaba a las casas y les decía a la gente: 'hoy debe pagar esta cuota'. Lo hacía de una manera normal”, le contó Pérez a Blu Radio.

En ese mismo medio, la colombiana Yuri Galvis denunció la captura de otros tres connacionales, entre ellos un familiar suyo, que se fueron como prestamistas. “Se fueron como independientes. Tenían unos ahorros y prestaban poquito (...)”, narró Galvis.

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El decreto de estado de excepción suspendió el derecho a la defensa legal

Otras familias de connacionales detenidos, como en los casos de Andrés Felipe Castañeda y Santiago Andrés Bolívar Salazar, niegan que sus allegados pertenecieran a redes ‘gota a gota’ y denuncian, al contrario, que sus parientes no han contado con el debido proceso, y que su presunción de inocencia y su derecho a la defensa no han sido respetados.

Esta, de hecho, no es una acusación nueva en el marco del régimen de excepción. En el informe de 2022 sobre prácticas de derechos humanos que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre distintos países, Washington ya había denunciado la suspensión de derechos procesales en el marco del régimen.

ATENCIÓN: El Socorro Jurídico Humanitario emite una denuncia pública ante la detención del ciudadano colombiano, Andrés Felipe Castañeda González, quién fue detenido bajo el régimen de excepción el siete de diciembre de 2022 y que hasta este día al parecer se encuentra detenido… pic.twitter.com/l3wniEEGbx
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) June 19, 2023

“En la práctica, las fuerzas de seguridad ya no están obligadas a tener órdenes judiciales antes de efectuar detenciones o de entrar en los domicilios para efectuarlas. El decreto de estado de excepción suspendió el derecho a la defensa legal, así como el requisito de que se informara a las personas del motivo de su detención en el momento de ésta”, se lee en el informe.

Una denuncia con la que concuerda Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW: “Bajo el régimen de excepción se han restringido distintas garantías procesales. Son capturados por distintas denuncias anónimas en redes sociales o por el lugar donde residen, sin una orden judicial y sin comunicar luego el paradero a sus familiares. Independientemente de la discusión fáctica de si estas personas participaban o no de una red criminal, hay toda suerte de garantías procesales que están siendo restringidas”, dijo a Blu Radio.

Y es que en el caso de Andrés Felipe Castañeda, por ejemplo, su esposa Alejandra Muñoz denuncia que no conversa con él desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue capturado mientras desayunaba en un restaurante al ser señalado, según le informó la Cancillería colombiana, del delito de agrupaciones ilícitas.

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Llegada de reos pertenecientes a las pandillas MS-13 y 18 al nuevo penal "Centro de Confinamiento de Terroristas" (CECOT). Foto:AFP

“Mi esposo no es cobrador. Yo sé que por allá no se fue a hacer esas cosas. Obviamente yo hubiera dicho, porque eso es algo importante que se debe decir. Si por ejemplo algún abogado o algo pregunta, uno tiene que dar esa información, pero él no estaba por allá haciendo esas cosas”, dice Muñoz.

Hoy su marido, que se fue a El Salvador convencido por un allegado de que allí encontraría mejores oportunidades laborales, completa casi ocho meses en prisión a la espera de un juicio, mientras Muñoz desconoce completamente las condiciones en las que se encuentra su esposo en Ilopango, penal ubicado en San Salvador y que pasó de ser una cárcel de mujeres para ser utilizada como bartolinas para detenidos por el régimen de excepción.

“Esta es la hora en que yo no sé qué pasará, no sé si lo estarán representando o no. Yo sé en qué cárcel está porque José Antonio Potes (colombiano detenido y luego liberado) casualmente estuvo detenido en la misma celda que mi marido. Él dice que está bien, que no lo sacan de la celda, que les dan comida”, agrega.

La preocupación de Muñoz se debe a que organizaciones como Cristosal han denunciado que en las cárceles los detenidos son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, “debido a que sufren hacinamiento extremo, falta de alimentación, asistencia y servicios de salud y medicamentos; a lo que se suman prácticas de tortura, golpizas, castigos o encierro permanente sin luz solar”.

Con estos, ya son 4.000 los presos que se encuentran en la nueva cárcel inaugurada a finales de enero. — La ONG Socorro Jurídico Humanitario denuncia al menos 20 casos de colombianos capturados en ese país centroamericano bajo acusaciones de pertenecer a grupos ilícitos. EL TIEMPO habla con Ingrid Escobar, directora istrativa de la ONG. Foto:EL TIEMPO

“Las familias no saben nada, no tienen derecho ni siquiera a una llamada para saber cómo están, a saber si comen, si tienen medicamentos... Si todavía están con vida. No se les ha respetado su presunción de inocencia. Hoy hay más de 20.000 personas inocentes en centros penitenciarios del Salvador que nosotros hemos catalogado como centros de muerte y tortura”, denuncia Escobar, de la ONG salvadoreña.

En lo que respecta a Santiago Bolívar, su madre Alejandra Salazar narra que el joven de 23 años había viajado a El Salvador buscando reunir los recursos para poder pagar una carrera universitaria. Hoy, Santiago cumple casi tres meses detenido en la prisión de Izalco y su familia no cuenta con una versión oficial sobre lo que ocurrió.

“Mi hijo es un buen muchacho, no es un pandillero ni un narcotraficante, él no tiene antecedentes acá en Colombia, él simplemente se fue a buscar algo de dinero para poder estudiar. No es justo que ahora salga en la lista con una cantidad de delincuentes de una talla tremenda (...). Mi hijo finalmente está condenado a la prisión por donde se le mire”, dice.

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Los delincuentes es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas

Las autoridades colombianas aseguran que han “brindado asistencia consular realizando visitas periódicas en los centros de detención” y que han “elevado consultas y solicitudes de información a las autoridades competentes, incluyendo los juzgados que se encuentran instruyendo los casos de los connacionales”.

Por su parte, el gobierno de El Salvador es enfático en asegurar que los delincuentes, los narcos y los estafadores “deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”, pues, como lo advirtió el presidente Bukele: “Invitamos a los colombianos de bien a que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Pero los delincuentes es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan”.

Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país.

Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame. https://t.co/RgpYGG4DNp
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 17, 2023

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

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