Nicaragua: el golpe letal que el régimen de Ortega le inflige a la cultura

Para decenas de nicaragüenses, el 2018 fue uno de los años más determinantes en sus vidas.

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Fue entonces cuando el régimen de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, inició una masiva arremetida contra sus opositores y las personerías jurídicas de decenas de organizaciones sociales.

El fenómeno comenzó con el cierre de nueve ONGs, bajo el argumento de que dichas formaciones desestabilizaban al gobierno.

Pero tras considerar como un intento de golpe de Estado las masivas protestas de ese año, popularmente conocidas como la “Rebelión de abril” y que dejó al menos 355 muertos y más de 1.800 heridos, según la CIDH; la represión en contra de las sociedades civiles se convirtió en un sistemático modelo que Ortega ha mantenido de manera indiscriminada cuatro años después.

La Asamblea Nacional, controlada por el Ejecutivo, ha clausurado desde 2018 más de 850 ONGs. Pero, este 2022 romperá los récords, pues solamente en junio se denunció el cierre de más de 500, con 201 en la última semana del mes.

Y si bien las primeras víctimas de esta aniquilación fueron entidades críticas del manejo gubernamental, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) o el organismo Hagamos Democracia, que denunciaron los crímenes de la fuerza pública y del gobierno contra los manifestantes.

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Con cada nueva barrida, convertida en una directriz quincenal en el parlamento orteguista, las asociaciones perjudicadas dejaron de obedecer al índole político sumando las de carácter feminista, científico, medioambiental y cultural.

A finales de mayo, Ortega cerró 83 organizaciones de la sociedad civil a las que se considera “desestabilizadoras” y que son vitales para la supervivencia de la cultura de Nicaragua. Entre estas se destacan, la Academia de la Lengua del país (ANL), el Centro Nicaragüense de Escritores (CNE) y la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños.

Esta última, era una de las bibliotecas virtuales más completas donde se recopilaba material político, cultural y jurídico relevante para el país.

Con el apoyo de 75 de los 91 diputados, el organismo aprobó la medida que abocó al cierre de indistintas organizaciones sin ánimo de lucro, amparada en una ley que permite al gobierno a las sociedades acusadas de no registrarse como un agente extranjero.

La acción fue tildada por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) como “un paso más allá de la opresión”. La institución se movilizó en pro a los de la Academia y anunció que los asistiría para seguir funcionando “al servicio de la lengua española”.

El escritor y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, que vive exiliado en España por la persecución que sufre por el régimen, apunta directamente a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como los principales responsables de la decisión:

“Así queda prohibido el funcionamiento de entidades que se dedican a la promoción de estudio de la lengua, formadas por intelectuales, lingüistas y escritores de pensamiento plural. Es el único caso que se ha dado en la historia de las academias de la lengua establecidas en España, América Latina y Estados Unidos”, destacó el autor en un comunicado.

En concordancia, José Adiak Montoya, autor exiliado en México y quien es miembro del CNE desde 2019, le dijo a EL TIEMPO que la ANL fue “víctima de la represión”, aún sin haberse pronunciado alguna vez sobre la coyuntura política en el país, por la persecución que existe en Nicaragua a la libertad de expresión y de creación.

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“Es un retroceso absoluto hacia un siglo en el pasado”, manifiesta el escritor arguyendo que la mente detrás de la decisión es Murillo.

“Ella es una persona que siempre tuvo un recelo por las manifestaciones culturales. Murillo siempre quiso manejar estos hilos de la cultura a través del poder, porque ella es una poeta y su frustración es haber llegado a un tope de creación. Por tal motivo, toma vendettas personales contra las organizaciones literarias”, asevera Montoya.

El también autor e ingeniero nicaragüense, Israel Lewites, exiliado en Costa Rica, indica que la “mutilación” de la ANL es precisamente la “cereza del pastel” de la opresión orteguista, pues de manera progresiva tras el estallido social de 2018 se han clausurado espacios culturales, tales como festivales literarios y otros eventos que permiten la libre reunión y el debate de ideas, algo con lo que el régimen no está de acuerdo.

Y es que decenas de escritores se vieron obligados en los últimos años a abandonar su país por el temor a convertirse en prisioneros del régimen.

La organización Presas y Presos Políticos de Nicaragua dice que, desde abril de 2018, 180 personas han sido encarceladas de manera injusta y anota que la cifra podría ser mayor debido a la falta de información pública.

Entre los organismos cancelados por el régimen en junio también figuran la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca y el Centro de Estudios Internacionales (CEI), que dirigió alguna vez la hijastra de Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien lo denunció de abuso sexual en 1998.

Esta nueva cacería se sumó a la ya vivida contra músicos nicaragüenses críticos del régimen. En abril, las autoridades detuvieron al músico Josué Monroy y a otros tres productores musicales, mientras que Emilia Ariente, una cantante italiana que vivió años en Nicaragua, fue deportada.

De hecho, Ortega ya había demostrado antes de las protestas de 2018 su repudio hacia escritores y artistas en Nicaragua que no se alinearían con sus políticas.

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“En Nicaragua, la dictadura ha criminalizado el pensamiento”, sostiene Lewites, quien ve las tácticas represivas del gobierno nicaragüense como un intento de “convertir” al sistema de su país en uno similar al de Corea del Norte.

“Una persona puede ir presa incluso por un tuit o por cualquier publicación en redes sociales que, a su modo de ver, sea peligrosa”, afirma.

En eso coincide Montoya, quien huyó a México justamente por la “contradicción” que significa ser un escritor en un país como Nicaragua. “La materia prima de la literatura y del arte es la libertad y cuando esta ha sido suprimida por el gobierno, hay que buscar otras opciones afuera para subsistir ejerciendo esta profesión”, precisa.

Y contrariamente, en vez de superar las repercusiones desatadas tras el gran estallido social de 2018, cuatro años después el panorama parece empeorar.

Desde noviembre de 2021, cuando la fórmula Ortega Murillo fue reelegida en unas repudiadas elecciones presidenciales que dejaron a siete candidatos opositores tras las rejas, los orteguistas fortalecieron su pleno dominio del poder judicial y legislativo.

Ahora, pese a las múltiples denuncias, aseguran que el cierre masivo de las organizaciones de carácter cultural y científico no corresponden a una “cacería de brujas”.

Pero, lo cierto es que la nueva ley aprobada de urgencia a finales de marzo con la que se prohíbe que cualquier entidad promueva “campañas de desestabilización”, permite que el gobierno legalice la confiscación de los bienes que a su bien atenten contra los intereses del país, sin necesidad de una investigación fundamentada para que esto suceda.

En ese sentido, los miles de documentos, archivos y registros que reposaban en bibliotecas, centros de pensamiento, universidades y academias culturales pasaron a manos del régimen.

Distintas entidades no gubernamentales aseguran que, desde mayo, cuando entró en vigor la normativa, se ha evidenciado un acelerado aumento de la anulación de organizaciones sociales. Entre marzo y abril, la cifra de cancelaciones fue de 54; en mayo creció a 188 y en junio se registraron más de 500.

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Bajo este panorama, la oposición y las protestas antigubernamentales se han visto prácticamente anuladas por el miedo que existe a la encarcelación injusta y a los ataques sistemáticos.

Montoya y Lewites aseguran que las denuncias hechas a EL TIEMPO fueron solo posibles por el hecho de no estar en territorio nicaragüense. Además, le exigen a la comunidad internacional una respuesta efectiva para restablecer la democracia en su país.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, dio un paso a estos pedidos al no invitar a Ortega a la pasada Cumbre de las Américas celebrada a inicios de mes en Los Ángeles, una medida criticada por distintos líderes latinoamericanos, entre los que se destaca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Más que a los líderes, a mí me gustaría decirles a los ciudadanos que somos nosotros los que tenemos que protegernos de nuestros propios gobiernos. Somos nosotros los que debemos instar a los líderes a poner los derechos humanos por delante de cualquier ideología”, pide Lewites al criticar a los mandatarios que defienden a Ortega por “intereses ideológicos y económicos”.

Mientras que la respuesta internacional aún parece insuficiente para frenar la represión orteguista, el fenómeno demuestra que es posible que las organizaciones sociales de cualquier índole, inclusive las que fomentan el entretenimiento y el conocimiento, terminen desapareciendo en Nicaragua.

De las más de 8.200 que operan en el país, cerca de 2.000 están en la mira, según los diputados, cifra que equivale a un 25 por ciento del total de sociedades civiles que aún resisten contra la represión en una lucha contrarreloj que parece perdida.

DIEGO STACEY SALAZAR

Redacción Internacional

EL TIEMPO

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