La jugada de Rafael Correa para librarse de la justicia ecuatoriana

El 15 de abril, Bélgica concedió asilo político al expresidente Rafael Correa, poniendo así un candado para cualquier intento de extradición promovido por el Gobierno ecuatoriano, para que el exmandatario cumpla una sentencia penal de ocho años por cohecho. 

Correa asegura que el asilo respalda su tesis de persecución política, para “claramente decirles en la cara que... todo su discurso de corrupción es una farsa”, dijo el exmandatario a EL TIEMPO. Y agrega que, de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo adicional de 1967, las razones del asilo son por persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. “No hay más”, enfatizó. 

La resolución de asilo fue difundida el viernes por los partidarios del exmandatario, al tiempo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Saquicela, informaba oficialmente que, basado en el tratado de extradición suscrito entre Ecuador y Bélgica, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, había firmado un pedido de extradición de Correa, que debía ser notificado a Bruselas por parte de la cancillería ecuatoriana. 

“El gobierno federal de Bélgica concedió el asilo político al exmandatario ecuatoriano, economista Rafael Correa Delgado, reconociendo de esta manera la persecución política en su contra”, señala una nota de prensa suscrita por la oficina de prensa de los abogados de Correa en el país europeo. La cancillería ecuatoriana, mediante un comunicado, señaló que no conocía de fuente oficial el asilo otorgado al expresidente. 

Según la agencia EFE, Christophe Marchand, abogado de Correa en Bélgica, se declaró “feliz” con la resolución de este caso ya que sabe “lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político”. Señaló también que presentó la “documentación sobre los casos criminales en su contra (de Correa) con motivaciones políticas” y “destinados a impedir su carrera política”, lo que motivó que se le conceda asilo en ese país. 

En septiembre de 2020, la justicia ecuatoriana dejó en firme la sentencia contra el expresidente por considerarlo “instigador de un delito de cohecho pasivo agravado” en el caso conocido como “sobornos”, una trama de corrupción que, según los jueces, se estructuró entre el 2012 y el 2016, para financiar el movimiento político Alianza País, fundado por el exmandatario. El caso involucró a la brasileña Odebrecht y otras empresas nacionales y extranjeras que habían pagado para obtener millonarios contratos. 

Junto a Correa fueron sentenciadas otras 20 personas, entre ellas su exvicepresidente, Jorge Glas; el exsecretario jurídico, Alexis Mera; el subsecretario de la istración, Vinicio Alvarado, asambleístas y empresarios. Aunque a Correa no se le ha demostrado el manejo de dineros en el caso se sobornos, los jueces declararon que fue autor “bajo la modalidad de instigación, por medio de su influencia cognitiva”.Ante esto, irónicamente el exmandatario dice haber sido acusado por “influjo síquico”. 

“Es un montaje demasiado burdo. A mí me condenaron por influjo psíquico (sic) y me quitaron los derechos políticos. La sentencia, del único juicio penal que siguió en plena pandemia, la sacaron horas antes de inscribir mi candidatura para las elecciones de 2021”, insiste el exmandatario al recordar que “uno de los jueces de la ridícula sentencia es precisamente Iván Saquicela, a quien por esa persecución después lo nombraron presidente de la Corte”. 

“No solo es un caso evidente de lawfare, sino descarado. Si hubiera ocurrido algo remotamente similar en los gobiernos progresistas, hubiese sido un escándalo mundial”, resaltó. Correa tiene pendiente, también, un juicio por secuestro, debido a la retención ilegal del activista opositor Fernando Balda, registrada en Bogotá el año 2012, con la intervención de policías ecuatorianos encubiertos bajo órdenes de la Secretaría de Inteligencia de este país. Justamente, según declaraciones de Marchand, la solicitud de asilo se había presentado en 2018 tras iniciarse en Ecuador el proceso del caso Balda. 

Con la decisión de Bélgica, el pedido de extradición podría convertirse en otro intento fallido de la justicia ecuatoriana para que Correa cumpla su sentencia en este territorio. Esto porque la Interpol no ha respondido efectivamente a por lo menos tres pedidos que ha realizado este país para que emita una circular roja contra el exmandatario, que luego de terminar su gobierno radicó su residencia en Bélgica, país de nacimiento de su esposa, Anne Malherbe. 

“Es el tercer pedido a Bélgica –resalta Correa–. Todos han sido rechazados, incluso sin asilo, y nuevamente harán el ridículo”. Y agregó: “También han sido rechazados todos los pedidos de alerta roja a Interpol de todos los sentenciados en el mal llamado Caso Sobornos, muchos de ellos con expresiones inusualmente duras de Interpol, como atentado a los derechos humanos y dudas sobre el debido proceso”.

En efecto, la Interpol sostiene que los procesos tienen motivaciones políticas y esto ha permitido el libre y permanente desplazamiento de Correa por diferentes países del mundo, incluso entrevistando a varios mandatarios de la región para su programa televisivo, Conversando con Correa, que emitía la cadena Russia Today, con sede en Moscú. 

Para Balda, acusador de Correa en el caso de secuestro, la Interpol está en deuda con Ecuador porque no actuó contra Correa a pesar que sí lo hizo con otros involucrados, como es el caso del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, quien fue detenido en España y extraditado a este país, donde está detenido. 

El activista señala que otros países sí han atendido los requerimientos judiciales ecuatorianos y recordó que Colombia detuvo y sentenció a los involucrados en su secuestro. El jurista Ramiro García señaló a EL TIEMPO que Ecuador debe pedir la revocatoria del asilo político porque existe documentación, argumento procesal y acciones judiciales debidamente claras, que se cumplieron bajo el debido proceso y demostraron la responsabilidad del exmandatario en los hechos juzgados, por lo que no se justificaría un asilo político. 

García, en diálogo con este medio, destacó que la orden de extradición solicitada por la Corte Nacional de Justicia podría activarse también en otros países a los que eventualmente el expresidente pueda ir. 

Lejos de que sea un logro para Correa, el jurista considera que el asilo político está cubriéndose para acciones futuras, tomando en cuenta que hay otros temas sensibles para el expresidente, como la detención, en Estados Unidos, del empresario colombiano Álex Saab y, actualmente, del excontralor ecuatoriano Carlos Polit, involucrados en actos de corrupción y lavado de activos.

ANA LUCÍA ROMÁN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

QUITO