Ordenó el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet, se declaró competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil española y los primeros años del franquismo y es coordinador de la defensa de Julian Assange, cofundador de Wikileaks…
Los casos del abogado Baltasar Garzón, exjuez estrella en España, no son ajenos a polémicas. Así lo demuestra también su última decisión: defender a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.
Se trata, en todo caso, de un acto coherente del abogado, convencido de que “la presidencia de Maduro es absolutamente legítima”, según dijo el año pasado en una entrevista en Argentina.
“Es el Estado venezolano el que nombra a sus representantes legales”, aseguró entonces. Y se mostró favorable a una salida sin violencia: “Mi opinión […] no pasa por cambiar personas sino por solucionar conflictos y es el diálogo el que tiene que instaurarse”.
Aunque Garzón está dedicado en la actualidad al ejercicio de su profesión, orientada ahora hacia los derechos humanos, hasta 2012 fue el juez más mediático e internacional de España. Ese año, sin embargo, el Tribunal Supremo lo expulsó de la carrera judicial por haber ordenado la intervención de las comunicaciones en la cárcel de los cabecillas del llamado caso Gürtel con sus abogados.
La correa del caso Gürtel
El caso Gürtel (Correa, en alemán, por el apellido de uno de los investigados) es una de las mayores tramas de corrupción que ha existido en España. Una red de empresas firmaba todo tipo de negocios con las istraciones gobernadas por el Partido Popular (PP), a cambio de sobornos que se embolsillaban cargos públicos que decidían sobre esos contratos. El dinero también lo usaban para financiar campañas y otras gestiones del partido.
Tras un largo proceso, la Audiencia Nacional determinó que entre 1999 y 2005 se perfeccionó un sistema de corrupción institucional y decretó cárcel para cerca de 30 imputados.
La sentencia se conoció en junio de 2018 y terminó por derrocar al presidente de entonces, Mariano Rajoy, del PP, empujado por la moción de censura que impulsó Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien desde ese momento se mantiene en el poder.
Garzón instruía como juez el caso desde la Audiencia Nacional y ordenó la intervención de las comunicaciones de los implicados que estaban en prisión condicional con sus abogados. Estos, unidos a un par de organizaciones de derecha, lo demandaron y ganaron. La Audiencia Nacional lo condenó a once años de inhabilitación en 2012.
No ha sido, sin embargo, el único caso que lo ha sentado en el banquillo.
Memoria histórica y Nueva York
En el año 2012 Garzón protagonizó dos casos más. Todos —los tres— desde el lado opuesto al que acostumbraba en su trabajo de juez.
En el proceso de lo que se conoce como la “memoria histórica”, se declaró competente en 2008 para abrir una investigación sobre los más de 130 mil muertos y desaparecidos en la Guerra Civil española (1936-1939).
Con posterioridad un sindicato de derecha presentó una querella en su contra por supuesta prevaricación. El Tribunal Supremo lo declaró inocente en 2012, pero en la sentencia prohibió investigar judicialmente los crímenes de la guerra y de la dictadura de Francisco Franco.
Por otra parte, el Tribunal Supremo archivó la causa abierta por la supuesta financiación ilegal de unos cursos que tomó en Nueva York entre 2005 y 2006, durante un permiso, puesto que el supuesto delito había prescrito. Garzón recibió financiación de cinco grandes empresas y una acusación popular denunció que se debió al cargo que ostentaba.
Grandes causas
Aunque esas han sido las piedras que ha sufrido en sus zapatos, Garzón ha gozado también del foco de la atención mundial por casos cuya resonancia ha llegado a varios países.
Fue el único juez que puso a Pinochet contra las cuerdas. Ordenó su arresto por crímenes contra la humanidad en 1998, lo que derivó en que permaneciera en arresto domiciliario durante 16 meses en el Reino Unido. Con el argumento de que su estado de salud era delicado, le permitieron viajar a Chile, donde murió en 2006.
Asimismo, Garzón abrió la puerta para que se investigaran a los de la Junta Militar en Argentina.
En España estuvo al frente del llamado caso GAL, en el que del gobierno socialista de Felipe González se relacionaron con grupos paramilitares para luchar contra la banda separatista vasca ETA.
Precisamente ese grupo también estuvo en el punto de mira de Garzón, que la investigó y combatió varias organizaciones porque consideraba que estaban asociadas a él. En 2002, de hecho, suspendió durante tres años al partido Batasuna por ser su brazo político.
Ahora, recién curado de coronavirus, está dedicado a la defensa de Assange, a quien Estados Unidos pide en extradición por haber revelado secretos de Estado. Y se remanga para hacer lo mismo con Saab. Para Garzón no hay retos inabordables.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID