La CIJ se pronunciará este viernes sobre pedido sudafricano de medidas cautelares contra Israel por la ofensiva en Rafah

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La CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, se pronunciará una semana después de las audiencias públicas celebradas el pasado jueves y viernes, en las que Pretoria denunció que la “impunidad institucionalizada” de Israel está permitiendo la “aniquilación” de los palestinos de Gaza, con la ofensiva en Rafah como “fase final” de esa “destrucción”.

Sudáfrica pidió también exigirle a Israel “de forma claramente explícita” el cese de sus actividades militares en la Franja.

La Corte convocó una audiencia pública para las 15:00 hora neerlandesa (8 de la mañana, hora Colombia) en el Palacio de la Paz de La Haya, durante la cual el juez y presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leerá la decisión alcanzada tras escuchar la semana pasada los argumentos de las dos partes, Sudáfrica e Israel, sobre la necesidad de esas medidas cautelares adicionales.

Los orígenes de este caso se remontan al 29 de diciembre, cuando Sudáfrica inició un procedimiento contra Israel y le acusó de violar la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, y consideró necesario exigir, en una fase previa del juicio, al Gobierno israelí la toma de medidas cautelares para evitar un genocidio en la Franja.

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La CIJ concluyó el 26 de enero que era “plausible” el riesgo de genocidio contra los palestinos de Gaza e indicó entonces medidas cautelares por las que pidió a Israel pasos “inmediatos y efectivos” que impidan ese crimen, y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos, aunque no exigió un “alto el fuego” como había solicitado Sudáfrica.
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​En febrero, y dada la continuación de la crisis humanitaria en Gaza, Sudáfrica solicitó medidas adicionales, petición que fue rechazada por el tribunal.

Pero el 28 de marzo, en respuesta a una nueva solicitud de Pretoria, la CIJ indicó medidas adicionales, por las que advirtió de que los civiles en la Franja “ya no solo enfrentan un riesgo de hambruna”, como había alertado en enero, sino que “la hambruna se está ya instaurando” y "las condiciones de vida catastróficas de los palestinos en Gaza han empeorado aún más”.

La CIJ exigió a Israel evitar que su Ejército cometa actos de genocidio o “impida mediante cualquier acción, la entrega de asistencia humanitaria urgente”.

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Sin embargo, el 10 de mayo, Sudáfrica volvió a recurrir al tribunal al considerar que la ofensiva militar israelí en Rafah “equivale a un cambio” en la situación. En Rafah se refugian los gazatíes que huyen de la ofensiva israelí en otras partes del enclave palestino.

Ya han fallecido más de 35.000 personas en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, que se cobró 1.200 vidas.

En su intervención el pasado viernes, Israel defendió que su guerra en Gaza es “trágica” y tiene “un precio humano terrible”, pero negó que fuera un “genocidio”, y pidió al tribunal no involucrarse en “la microgestión de aspectos operacionales de un conflicto armado”.

Los representantes de Pretoria, por su parte, afirmaron que "el genocidio" cometido por Israel contra los palestinos de Gaza ha alcanzado un "nivel horrible", y denunciaron fosas comunes, actos de torturas y un bloqueo de la ayuda humanitaria.

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Las medidas exigidas por la CIJ son siempre legalmente vinculantes, aunque este tribunal no tiene mecanismos para imponer su cumplimiento. En el pasado ordenó por ejemplo a Rusia detener su invasión de Ucrania, sin efecto ninguno.
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​Una decisión de la CIJ en favor de Pretoria supondría una mayor presión sobre Israel, días después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió a los jueces de este organismo que emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, así como contra tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, incluido el jefe político Ismail Haniyeh.