Al caer la noche en la pequeña aldea de Dhangri, en el Himalaya, una docena de hombres armados salió de sus casas con los rifles colgados al hombro. Revisaron los alrededores iluminados por la luna en busca de señales de peligro.
Durante el día, los hombres son choferes, comerciantes y campesinos. Por la noche, son de una milicia local que el Gobierno indio está reviviendo en la región de Jammu y Cachemira en respuesta a ataques mortales de milicianos contra familias hindúes.
“No podemos cruzarnos de brazos y ver cómo matan a nuestra gente”, dijo Vijay Kumar, un voluntario que trabaja como electricista.
Que el Gobierno indio se haya sentido obligado a armar a miles de civiles muestra los límites del enfoque del Primer Ministro Narendra Modi para controlar la región.
Durante décadas, una militancia separatista ha perseguido a Jammu y Cachemira, como se llama la región disputada por India y Pakistán. Miles de personas, tanto civiles cachemires como fuerzas de seguridad indias, han muerto en la violencia. En el 2019, el Gobierno nacionalista hindú de Modi revocó repentinamente el estatus semiautónomo de la región de mayoría musulmana, colocando al valle bajo el control directo de Nueva Delhi, que envió más tropas, tomó medidas enérgicas contra la disidencia y puso bajo arresto domiciliario incluso a líderes locales leales a la India.
Los lugartenientes de Modi señalan a la gran cantidad de turistas que inundan el área como señal de que ha vuelto la normalidad. Pero la democracia sigue suspendida en la región. Los repetidos ataques contra civiles plantean dudas sobre el enfoque militar de lo que, según los analistas, es fundamentalmente un problema político. Los hindúes de la región, muchos de los cuales huyeron durante un estallido de violencia en la década de 1990, de nuevo se sienten amenazados, incluso en el lado sur de Jammu, que escapó a lo peor de la carnicería anterior.
“Parece extraño que en la zona más militarizada del mundo, necesites armar a los civiles para proteger a los ciudadanos, lo que presuntamente es labor del Ejército”, dijo Siddiq Wahid, un historiador político.
En Dhangri, el ímpetu para volver a armar a los civiles fue una serie de ataques sangrientos contra hindúes en enero. Saroj Bala, de 58 años, estaba lavando platos en la noche cuando escuchó disparos, seguidos por los gritos de su hijo mayor, Deepak Sharma. Ella y su hijo menor, Prince Sharma, salieron corriendo y vieron a dos hombres armados enmascarados. Le dispararon a Prince a quemarropa —murió en un hospital— y luego continuaron disparando contra el cuerpo sin vida de Deepak.
Luego, los atacantes encerraron a Neeta Devi, de 32 años, y a sus hijos en la cocina antes de matar a tiros a su esposo, Shishu Pal, y a su suegro, Pritam Lal. Los hombres armados también mataron a Satish Kumar, un oficial retirado del Ejército, cuando intentaba asegurar su puerta.
A la mañana siguiente, mientras los dolientes se reunían en la casa de Bala, estalló una bomba que mató a dos familiares jóvenes.
Los funcionarios indios culparon a Lashkar-e-Taiba, un grupo miliciano con sede en Pakistán. Ahora, en el distrito de Rajouri, que incluye a Dhangri, se está armando a 5 mil 200 voluntarios.
Mientras los hombres patrullaban una noche reciente, reconocieron no estar suficientemente equipados ni capacitados.
“Aún cuando no tenemos armas avanzadas, haremos todo lo posible por defender nuestra comunidad”, dijo Amaranth, un campesino que es voluntario.
Por: SHOWKAT NANDA
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