Criminalizar la protesta: la práctica constante del gobierno de Nicolás Maduro

Seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel. El Gobierno alega que eran conspiradores.

Familiares y amigos exigen liberación de los sindicalistas. Foto: Cortesía

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CARACAS08.08.2023 17:58 Actualizado: 09.08.2023 07:03

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En junio de 2022, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instaba al Gobierno de Nicolás Maduro a "adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente", esto ante las denuncias de persecución y criminalización de protestas.

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Pero justo un mes después, seis sindicalistas fueron detenidos y hace unos días condenados a 16 años de cárcel. El Fiscal General, Tarek William Saab, aseguró que no eran trabajadores sino "conspiradores".

Aunque el fiscal asegura que no eran agremiados sindicales, la Oficina del Alto Comisionado en uno de sus informes, cuestionó la detención de los "sindicalistas", haciendo un exhorto a las autoridades.

Para Saab, los condenados pretendían "atacar a la democracia". Explicó que, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde se registran los empleados que trabajan legalmente, los condenados figuran como "cesantes" y que ninguno de ellos presentó durante el juicio constancias que los acreditaran como de alguna organización sindical.

Rechazamos la brutal condena de 16 años contra los trabajadores: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.

El sistema de justicia de Venezuela está viciado @IntlCrimCourt

Una condena arbitraria de “conspiración” por… pic.twitter.com/5uFL8FD7cn
— PROVEA (@_Provea) August 1, 2023

El fiscal reiteró que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín pertenecían a una "organización subversiva" que actuaba "al margen de la ley (...) conspirando contra la democracia en el país".

Aseguró que el grupo había planificado acciones contra el Gobierno, como "actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio de 2022", donde "estaba el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar".

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La Agencia de Efe resalta que el fiscal dijo que abordó el caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes, aseguró, "quedaron satisfechos" con la información que se les brindó, la cual sustenta que los hombres no fueron procesados por solicitar mejoras salariales.

Presos políticos

Según el Foro Penal de Venezuela, en el país se contabilizan hasta el 4 de agosto 288 presos políticos. Hombres 268 y 20 mujeres. De los cuales 133 son civiles y 155 militares.

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"Una vez más el Gobierno de Nicolás Maduro, han comentido un acto contra los derechos humanos. Ha sentenciado a seis hombres inocentes" dijo Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho.

#UltimaHora Fueron condenados a 16 años de prisión los #LuchadoresSociales acusado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. pic.twitter.com/VQm0nOEt0Z
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) August 1, 2023

Los acusados

Alcides Bracho: Artista plástico y docente. Sindicalista en la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Fue detenido en una redada.

Emilio Negrín: Presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y miembro de la Coalición Sindical Nacional. Fue detenido en su casa a las afueras de la capital.

Gabriel Blanco: Director de comunicación de la Seccional Caracas de la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y directivo del Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional. Fue apresado en su vivienda en Caracas y se le acusó de terrorismo y asociación para delinquir.

Reinaldo Cortés: Delegado Principal del Consejo Regional de Trabajadores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el estado Guárico.

Cortés fue apresado el 7 de julio de 2022 en dicha entidad, señalado de apoderarse de 120 fusiles en un asalto al Fuerte Caribay de Mérida, junto a cinco militantes de Bandera Roja, para supuestamente secuestrar a la familia de Tareck El Aissami.

Néstor Astudillo: es un activista y sindicalista que lidera el partido político Bandera Roja en el estado Miranda. Fue detenido junto con el sindicalista Gabriel Blanco y acusado de “asociación para delinquir” y “conspiración”.

Alonso Meléndez: Activista y sindicalista militante del partido político Bandera Roja en Falcón. Antes de ser detenido cursaba una maestría en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Con información de EFE y Efecto Cocuyo