Debilitar a la oposición en Venezuela: el objetivo de Nicolás Maduro con la orden de captura contra Edmundo González Urrutia

En el 2013, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) publicó en su propia web 38.900 actas de votación digitalizadas para demostrar la victoria de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles. No es un delito hacerlo. Pero 11 años después, por replicar una acción similar, el chavismo pretende encarcelar a Edmundo González Urrutia, el exdiplomático de 75 años que tomó las banderas de la oposición en las presidenciales del pasado 28 de julio.

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La orden de arresto contra González, emitida por un tribunal el lunes de forma casi inmediata tras la solicitud del Ministerio Público, no fue una sorpresa. Ya lo había alertado el fiscal general, Tarek William Saab, hace unas semanas, cuando aseguró que si el opositor no asistía a la tercera citación en su contra, se enfrentaría a una solicitud de aprehensión.

La Fiscalía lo investiga por supuesta desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. El foco del proceso es el sitio web que la oposición, liderada por María Corina Machado, alimentó con copias de más del 80 por ciento de las actas de votación que, aseguran, sirven de prueba para demostrar el triunfo arrollador de su candidato en las urnas.

En un intento por frenar la orden, el abogado José Vicente Haro, representante del opositor, se reunió esta semana con el fiscal, a quien le entregó un documento en el que explica las razones por las que el excandidato presidencial no atendió las tres citaciones hechas por la Fiscalía.

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Entre otras cosas, denuncian una violación de su derecho a la presunción de inocencia y aseguran que la función de González no era “la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio”, sino la labor de ser candidato.

“A Edmundo González, el fiscal general de la República ya prácticamente lo condenó, no solo le calificó delitos, sino lo condenó por hechos sobre los cuales él no tiene responsabilidad alguna, hechos de distinta naturaleza. Incluso, se refirió a homicidios, a situaciones graves de violaciones de derechos humanos (...). De antemano demuestra que acudir al Ministerio Público sería un error”, dijo Haro a periodistas.

Y aunque Machado asumió la responsabilidad de la publicación de las actas, y pese a la reunión entre el abogado de González y el fiscal, el chavismo ratificó la orden de captura y acusó a González de obstaculizar la justicia y de querer “declararse por encima de la ley”.

Los expertos, no obstante, ven poco probable que la detención del opositor se lleve a cabo, teniendo en cuenta que tanto González como Machado pasaron a la clandestinidad tras las elecciones. El paradero del opositor es desconocido desde el pasado 30 de julio, aunque se presume que podría encontrarse en alguna sede diplomática en Caracas.

Pese a ello, los analistas advierten que la orden de captura busca silenciar al opositor, o hasta forzarlo al exilio, con el fin de debilitar la unidad del antichavismo antes de la posesión presidencial prevista para el 10 de enero.

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“Lo que buscan es agredir la imagen que ha logrado construir la oposición en torno a su figura y a su victoria. Al emitir una orden de captura contra González consideran que pueden llegar a manejar la situación. También buscan ver qué espacios o qué respuesta tiene la oposición. Uno de esos escenarios eventualmente sería forzar el exilio de Edmundo González con el objetivo de ir desarticulando la oposición. Hoy lo que está haciendo el régimen es ampliar la dinámica de represión”, le dijo a EL TIEMPO Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

En ello coincide el politólogo Doriam González, quien le dijo a Voz de América que lo que realmente busca el chavismo es llevar al opositor a “un régimen alternativo donde no pueda expresarse ante la opinión pública”, así como medir las reacciones nacionales e internacionales a los movimientos en contra de la oposición.

"Una de las cosas que están tratando de medir con esta situación es cuál sería la respuesta de la comunidad internacional ante la captura o ante una acción en contra de Edmundo González Urrutia. El chavismo siempre ha manejado unas políticas de termómetro en las cuales pone a prueba discursos y narrativas con el objetivo de identificar qué tan difícil puede ser", señala al respecto el analista Rodríguez.

Justamente este sábado se conoció que el opositor dejó Venezuela rumbo a España, después de solicitar asilo. El gobierno le otorgó a González un salvoconducto para dejar el país sin ser detenido. 

Sobre la posibilidad de que se emita una orden de captura similar contra la opositora María Corina Machado, el experto señala: "Es poco probable que intenten emitir una orden, o incluso materializar un arresto, fundamentalmente porque la estrategia del oficialismo para los grandes líderes políticos ha sido la de la señalización, emitir un discurso fuerte contra ellos, pero no llevarlos a la cárcel. El único que fue llevado a la cárcel fue Leopoldo López y no les funcionó”, aunque también señala que el régimen ha comenzado a actuar de forma errática.

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Lo cierto es que ya pasó más de un mes de las presidenciales y en este tiempo más de 2.500 venezolanos –incluidos niños– han sido encarcelados. Y aunque la inflación cerró en 2,8 por ciento, la economía no logra prosperar y el país no atrae a nuevos inversores, lo más crítico es que Venezuela se aísla cada vez más de la comunidad internacional, que aunque no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, tampoco da el paso para reconocer a González.

Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá reconocieron al opositor González como el ganador de la contienda electoral, aunque también han jugado a un discurso ambiguo al evitar calificarlo como el presidente electo.

Por otro lado, Colombia y Brasil siguen “intentando” mediar en el conflicto, pero parece que sus negociaciones no han llegado a ningún punto. El miércoles pasado, por ejemplo, estaba prevista una reunión virtual entre los presidente Gustavo Petro, Lula da Silva y Maduro que finalmente no ocurrió, aun cuando la Cancillería venezolana la había confirmado un día antes. 

“Que atienda el teléfono (Maduro)”, dijo Machado al ser consultada por este diario sobre esa reunión, pero no agregó más comentarios.

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Ambos países subieron el tono esta semana al expresar su preocupación por la orden de detención contra González y al afirmar que la medida judicial “afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados”.

Para el politólogo Daniel Arias, los gobiernos de México, Brasil y Colombia desearían apoyar a Maduro “abierta y totalmente” por razones políticas, pero no lo tienen nada fácil para justificarlo ante sus países. De hacerlo, dice el analista, pagarían el coste político y económico de su posición, especialmente si se aprueba la Ley Valor en el Congreso estadounidense, “que plantea sancionar a los que operen política o económicamente con el gobierno nacional actual de Venezuela”.

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Para Machado, no obstante, es hora de que los gobiernos tomen las riendas y fijen posiciones con firmeza para impulsar soluciones a la crisis. “Hemos llegado a un punto en el que necesitamos avanzar, como dije, y este es un momento en que Edmundo González debe ser reconocido como presidente electo de Venezuela”, dijo la opositora en conferencia de prensa desde la clandestinidad.

A Maduro, no obstante, no parecen importarle las críticas o comunicados internacionales. Pero un frente que sí genera incomodidad, especialmente en la cúpula del chavismo, son las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y el hecho de no poder viajar con libertad ni disfrutar de los bienes o el dinero que poseen en esos países.

A principio de la semana, de hecho, sorprendió el decomiso en República Dominicana, por parte de Washington, de uno de los tres aviones que usa Maduro para sus giras. En Caracas hubo indignación, pero no se atrevieron a reclamos mayores.

Otro aspecto que ha molestado al régimen en días recientes es la investigación que se adelanta en la Corte Penal Internacional (I) por crímenes de lesa humanidad, una investigación impulsada por Colombia en el 2018, acompañada por países como Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú.

Esta semana, Buenos Aires pidió a la I que emita una orden de captura contra Maduro. Un llamado que también hicieron 31 expresidentes que solicitaron la detención inmediata de Maduro, del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y de toda la cadena de mando del país. 

Entre los firmantes están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri o el mexicano Vicente Fox.

“Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República”, sentenció Pastrana, quien ofreció a la I la cooperación del grupo Idea para conseguir “evidencias, pruebas, respaldo legal” para que pueda actuar “rápido” en la causa contra Venezuela.

Aunque la presión crece, por ahora la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.