El Gobierno de
Venezuela expulsó este jueves al diplomático colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien llegó en febrero a Caracas, por supuestamente no contar con las credenciales necesarias y en respuesta al retiro del venezolano Carlos Manuel Pino García, ordenado este miércoles por el Ejecutivo de Colombia.
El Gobierno de Maduro indicó, a través de un comunicado, que en "virtud del reciente secuestro por parte de las autoridades colombianas y expulsión arbitraria" de Pino García, había tomado esta decisión "por razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad".
Venezuela decidió expulsar a Pérez Villamizar, "quien se encuentra en el territorio ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana en abierta violación a las Convenciones internacionales que rigen la materia", según indica la nota oficial. Desde este jueves, el funcionario colombiano dispone de un plazo de 48 horas para abandonar el vecino país.
Esta no es la primera vez que Pérez Villamizar genera malestar en el gobierno de Maduro, pues en agosto pasado había asegurado que la detención de 59 colombianos a los que el régimen de Maduro calificó de paramilitares, era un "error del gobierno venezolano". Estas declaraciones, que no fueron bien recibidas, se cree que fueron la razón por la que el gobierno venezolano no le facilitó las credenciales necesarias para ser identificado como cónsul de Colombia, pese a ejercer diariamente funciones diplomáticas.
Responde el Gobierno
Este jueves, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se encargó de responderle al gobierno de Maduro la retaliación diplomática: "Es totalmente inaceptable, porque el señor Pino, a quien Colombia entregó a Venezuela, no tenía una función pública ni estaba acreditado como diplomático en Colombia, a diferencia de lo que está haciendo hoy el gobierno de Venezuela".
Para Ramírez, desde el punto de vista del derecho internacional, es inaceptable que se expulse a un funcionario de carrera, debidamente acreditado, que ejerce funciones consulares: "Es una más de la arbitrariedades que se cometen en Venezuela, donde sabemos que no hay un gobierno democrático legítimo. Lo que hay es una dictadura criminal", dijo la alta funcionaria, quien consideró que se trata de una clara "provocación" del gobierno de Nicolás Maduro".
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "mediante nota verbal del 11 de abril del 2018" se solicitó la correspondiente acreditación del funcionario, sin que "hasta la fecha se hubiera tenido respuesta" por parte de la Cancillería venezolana.
Así mismo, expresó "su preocupación e intranquilidad por la falta de garantías por parte del Gobierno venezolano" para el adecuado ejercicio profesional de los "funcionarios consulares".
La deportación de Pino
Las autoridades colombianas detuvieron este miércoles en Bogotá a Pino García por presuntamente realizar actividades que atentan contra la seguridad nacional, informó Migración Colombia.
El operativo fue llevado a cabo por Oficiales de Migración Colombia adscritos a la Regional Andina, quienes "lo trasladaron a una sala transitoria de la autoridad migratoria colombiana" hasta este jueves cuando fue expulsado.
"Este señor podría llegar a presentar una afectación para la seguridad y tranquilidad del país, pero por razones de confidencialidad y reserva, no nos podemos referir a actividades concretas", dijo hoy en una rueda de prensa el director de Migración Colombia, Christian Krüger.
Además, resaltó que a Pino García se le respetaron todos sus derechos y que integrantes de Migración Colombia lo entregaron hoy en la frontera a del Servicio istrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de
Venezuela.
Y si bien, Pino no tenía el estatus de diplomático con esta decisión el gobierno de Maduro ite tácitamente su importancia dentro de la delegación de ese país en Bogotá.
Tal y como lo reveló EL TIEMPO, este venía desempeñándose como asesor político de esa delegación, aunque informes de inteligencia lo ubicaban en grupos que intentaban desestabilizar el orden público en Colombia.
EFE y UNIDAD INVESTIGATIVA