Venezuela y Guyana, en alta tensión por un vasto y rico territorio

La tensión entre Venezuela y Guyana aumenta de forma cada vez más evidente. El pasado fin de semana, un buque militar venezolano interceptó y capturó a dos barcos pesqueros guyaneses alegando que las embarcaciones estaban en sus aguas territoriales. Cosa que Guyana rechazó sosteniendo que ambas naves operaban dentro de su jurisdicción.

El incidente es el más reciente capítulo de un conflicto de más de 100 años por el territorio de Esequibo, que representa las dos terceras partes de Guyana, abarca 159.000 kilometros cuadrados y que Venezuela pone en todos sus mapas como ‘Territorio en Reclamación’. Y nadie piensa que el tema de los pesqueros haya sido casual.

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Las cosas entre ambas naciones vienen calentándose desde el 18 de diciembre. Ese día, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899 en París, que estableció la frontera entre los dos países, pero que Venezuela ha considerado “nulo e írrito”, luego de que un abogado estadounidense que formó parte de la defensa de Venezuela en ese proceso ordenara que, tras su muerte, se hiciera pública una carta donde afirma que el Laudo de París fue arreglado en beneficio de los británicos. Guyana fue oficialmente colonia inglesa entre 1814 y 1966, cuando conquistó su independencia.

Y mientras que el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, calificó la decisión de la CIJ de un “gran momento” y una “victoria del Estado de Derecho”, Venezuela la tildó de “infame” y reiteró su llamado a que la controversia se canalizara “de forma amistosa mediante negociaciones directas con Guyana”, reivindicando el Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese pacto, el Reino Unido y Venezuela acordaron que representantes guyaneses y venezolanos negociaran una solución fronteriza definitiva en un plazo máximo de cuatro años. Solución que nunca llegó.

“Venezuela nunca ha prestado su consentimiento para que la Corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana sobre un asunto jurídico ya superado como es el Laudo Arbitral de 1899”, escribió el cuestionado mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el 7 de enero, en una misiva que envió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para solicitar su mediación en la reactivación de las conversaciones con Guyana.

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Pero insistir en desconocer la jurisdicción de la Corte en el caso es, para expertos como Emilio Figueredo, quien por 12 años fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966, un “disparate”, pues al suscribir el mencionado acuerdo, Venezuela aceptó la eventual aplicación del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece como medios para la solución de controversias la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos.

El hecho es que para expertos como Sadio Garavini di Turno, quien fue embajador de Venezuela en Guyana, ya se llegó al que constituye el mejor escenario para Guyana. “Los otros mecanismos de solución eran mucho mejores (para Venezuela) que ir a la Corte”, asegura este especialista.

El régimen venezolano ha insistido en que la decisión de la CIJ está “viciada de nulidad” por “fallas de procedimiento y variables de fondo”.

“Hay que mantenernos en el acuerdo de Ginebra para buscar una salida a través del diálogo directo y de instrumentos pacíficos para la resolución de este conflicto”, sostuvo, este lunes, el diputado Hermann Escarrá, quien preside la recién instalada Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba (como también se conoce a este territorio) y la Soberanía Territorial del Parlamento chavista.

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Los expertos consultados por EL TIEMPO, sin embargo, insisten en que Venezuela debe dar la batalla en la CIJ. Y ahora tendría algo más de tiempo para prepararse, pues la audiencia que estaba pautada para el lunes pasado fue diferida para el 26 de febrero, luego de que el régimen de Nicolás Maduro insistiera en su aplazamiento, aunque no consiguió que fuera hasta el mes de abril.

“Venezuela se tiene que defender con lo que tiene (…) tenemos que prepararnos lo mejor posible para que nuestros argumentos sean escuchados en la Corte”, insistió Garavini, quien considera que se debe articular un equipo de juristas y demás especialistas que han trabajado el tema.

En cualquier caso, los argumentos de Venezuela en la Corte, según el internacionalista Figueredo, serían “esencialmente históricos”; y las posibilidades de que gane, nulas. “Si tú dices que fue un acto corrupto, ¿dónde están las pruebas? (La CIJ) va a sentenciar que el laudo es válido, no tengo la menor duda”, lamentó Figueredo. Venezuela, sin embargo, y a su juicio, podría al menos “salvar la cara”.

Nuevos actores han tomado parte en la disputa en esta nueva etapa. Estados Unidos, que por muchos años se mantuvo neutral, se ha sumado a la postura de la Comunidad del Caribe (Caricom) de apoyar que la CIJ adopte y resuelva la disputa.

“Los problemas entre Guyana y Venezuela deberían resolverse de forma pacífica, pero también creemos que donde (se) deberían resolver esos problemas es (en) la Corte Internacional de Justicia”, dijo en entrevista reciente con EL TIEMPO el embajador para la Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela, James Story.

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En semanas previas, conjuntamente con Guyana, EE. UU. llevó a cabo ejercicios militares frente a las costas guyanesas, lo que desde Venezuela fue visto como una “provocación” y “amenaza”. El jefe del Comando Sur de EE. UU., Craig Faller, visitó este país en el marco de los mismos y firmó un acuerdo con el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa, Godfrey Bess, aunque aclaró que su país no estaba interesado en instalar una base militar allí.

El interés de EE. UU. en Guyana, según Garavini, no solo se debería al enfrentamiento con el régimen de Venezuela, sino a la importancia que está adquiriendo este país. Para 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía de esta crecería a una tasa de 86 por ciento anual, con lo que se esperaba que se convirtiera en la economía de mayor crecimiento en el mundo.

Los 160.000 kilómetros cuadrados del territorio del Esequibo son ricos en oro, petróleo, diamantes y coltán, entre otras riquezas naturales. De hecho, el 20 de mayo de 2015, Exxon Mobil –que tiene una concesión a cambio de 200 millones de dólares para explorar y extraer crudo en Guyana– anunció que había descubierto un yacimiento en un pozo ubicado en una cuenca entre Guyana y Surinam que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la segunda mayor área del mundo con crudo sin explorar.

Venezuela ha insistido en que el bloque está en aguas en litigio y que Guyana no puede autorizar exploraciones ni explotaciones económicas allí, ni en el Esequibo, por tratarse de zonas en disputa. “Hay muchos intereses en juego que van a aumentar”, advirtió Garavini.

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El régimen venezolano, entre tanto, ha mirado a sus aliados tradicionales. La semana pasada, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó de una reunión con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov, en la que hablaron de proyectos de cooperación militar entre ambas naciones y del “derecho histórico” de Venezuela sobre el Esequibo.

Rusia, sin embargo, y a juicio de los especialistas consultados, tendría capacidad limitada de actuar en el hemisferio occidental, si hubiese un enfrentamiento, algo que, sin embargo, descartan. “Guyana tiene el apoyo, en este momento, de Cuba, China, Brasil y la mayoría de los No Alineados”, destacó Figueredo.

¿Cómo se llegó a este punto? “Chávez, sin duda alguna, dejó en el olvido el tema del Esequibo. Las razones eran la megalomanía de creerse un líder mundial y particularmente hemisférico y su interés en los votos y el apoyo del Caribe”, en la Organización de Estados Americanos y otras instancias, explica Garavini, quien se recuerda dos episodios de su gestión. El primero, en el 2004, cuando en el marco de una visita a Georgetown dijo que no se opondría a proyectos en el Esequibo con tal de que fueran para el beneficio de sus habitantes.

“En ese momento, Chávez rompió con la tradición de toda la época de la República civil (…) uno de los pocos mecanismos para presionar a Guyana a negociar era que desconocíamos cualquier inversión de trasnacionales en el territorio Esequibo, y también obviamente en las áreas marinas y submarinas que proyecta”, señaló Garavini.

El segundo vino en febrero del 2007, cuando Chávez dijo que la reactivación, en 1962, de la reclamación venezolana se debía a que los Estados Unidos de John F. Kennedy presionaron al entonces presidente venezolano, Rómulo Betancourt, para buscar una desestabilización del gobierno izquierdista de Cheddi Jagan, en Guyana.

Para Garavini, se trata de la “expresión más grave” que dio sobre el tema, pues, a su juicio y el de otros expertos, le quitó legitimidad a la reclamación.

“Todo eso se acumula en el caso de la demanda de los guyaneses y demuestra la inconsistencia de Venezuela en la materia”, acotó Figueredo.

Con Maduro en el poder comenzó otra etapa en el conflicto. En 2013, Guyana comenzó a dar concesiones petroleras a las compañías trasnacionales en áreas marinas y submarinas que considera suyas, y comenzaron los viajes de barcos para hacer investigaciones sísmicas.

Uno de ellos, el Teknik Perdana, fue detenido por las autoridades venezolanas ese año, lo que encendió las alarmas en el gobierno de Guyana.

A finales de ese 2013, la entonces canciller de este país, Carolyn Rodríguez-Birkett, dijo que habían pasado más de 20 años de un proceso de buenos oficios, que se inició en 1989, sin señales de progreso y que había que revisar otras opciones, señalando al arbitraje y la CIJ como alternativas.

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La Corte, de hecho, siempre había sido la opción predilecta de Guyana. “Desde 1976, el mecanismo preferido por Guyana era ir a la CIJ a resolver el problema, por obvias razones: porque la posición de Guyana en el tema es la validez o no del laudo de 1899. Un tema estrictamente jurídico”, recordó Garavini. ¿Aceptará Maduro un dictamen final de la CIJ? Poco probable.

ANDREINA ITRIAGO 

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas