La educación y los refugiados

SEÑOR DIRECTOR:

Los congresistas que debaten el proyecto de ley sobre el derecho a la educación y quienes están más pendientes de la evaluación de los maestros que de la situación de lo que sucede en nuestro país con la población de refugiados y desplazados debieran leerse a fondo el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y proponer alternativas que permitan ofrecer una educación en la que los maestros podamos contar con las herramientas pedagógicas y didácticas para atender a esa niñez y familias que llegan a la escuela, cada una con sus propias falencias. A quienes proponen evaluación con base en pruebas externas les pregunto: si a un hijo de refugiado o desplazado le va mal en las pruebas externas, ¿de qué maestro sería la culpa? Es muy fácil proponer desde fuera, cuando no se conocen las realidades de nuestros alumnos, pues si somos el país que ocupa el tercer puesto en el mundo con mayores registros de refugiados y desplazados, deberíamos preocuparnos por proponer políticas educativas más de fondo.

La historia de Colombia no se puede cambiar por decreto. El presidente Petro quiere convertir el sombrero del señor Carlos Pizarro en patrimonio cultural de la nación, ignorando que para nominar un bien de interés cultural se debe cumplir una serie de requisitos y criterios de valoración. El cubrecabeza del señor Pizarro está lejos de merecerlo. El primer mandatario lo considera un símbolo de paz. Si bien es cierto que el gobierno Barco firmó la paz con el M-19, no lo es menos que nada borra la condición terrorista del grupo insurgente que sacrificó de manera injusta y violenta la vida de muchos colombianos. La propuesta del jefe del Estado no guarda relación con el dolor de las víctimas del señor Pizarro.

Masacres casi a diario, desplazados, asesinatos, feminicidios, infanticidios. Armas no convencionales destruyendo hogares, negocios, vías, viviendas y nuestra seguridad. Niños y niñas que por la violencia no pueden ir a sus lugares de estudio. Niños y niñas aprendiendo, en sus salones de clases, a protegerse cuando los narcocriminales se enfrentan cerca de sus colegios.

Inseguridad en calles, pueblos, vías, ciudades. Miles de niños abusados, explotados, abandonados. ¡Miles de ellos -uno solo ya es grave, injustificable y doloroso- muriendo por desnutrición y sin atención médica! Hay imperio de la violencia en pueblos y campos adueñados por el narcoterrorismo de las guerrillas y otros grupos narcocriminales. Es imposible disfrazar esta situación real, cotidiana y dolorosa de nuestro país. Y quien tiene la obligación de gobernar y construir la paz por mandato constitucional no nos convoca a esta. En cada discurso se respira y se recibe más polarización...

Su último viaje no asistió a la asamblea que por la paz reunió a 90 jefes de Estado. Pero “la caridad empieza por casa”. La violencia en todas sus formas es la que el jefe de un estado debe derrotar para construir la paz. ¡Esa violencia criolla que azota, empobrece y destruye y aterra a Colombia! Y este país, primero.