Preguntas a la ministra Corcho

En la actual reforma de la salud se habla de pagos directos a hospitales y clínicas, pero en la propuesta jamás se menciona al profesional independiente. El mismo que desde su propio consultorio pareciera estar ya excluido del sistema, no obstante pertenecer al sector de la salud.

Para resolver una duda como esta, opté por dirigirle directamente a la ministra mis inquietudes, entre ellas: ¿qué papel va a desempeñar el profesional independiente de salud en este nuevo sistema, si del anterior fue excluido sin ningún tipo de participación o compensación? ¿Quién o qué entidad lo va a contratar? Y por último, ¿quién o qué entidad le va a cancelar por servicios prestados? En ese mismo comunicado se le planteó una alternativa de solución que impidiera y subsanara tantos daños y perjuicios generados a los profesionales independientes de la salud, desde el instante en que se promulgó la Ley 100 del 93. Nada me sorprendería que no haya respuesta.

A propósito del editorial ‘Un riesgo innecesario’, existe un camino para lograr que la contratación pública sirva para superar la desigualdad social sin comprometer los principios de transparencia y competencia.

Según cifras de la Anif, las mipymes representan más del 99 % de las empresas del país, generan aproximadamente 79 % del empleo y aportan 40 % al producto interno bruto (PIB). Sin embargo, su participación en el valor de la contratación estatal fue solo el 22 % para el año 2021.

El Gobierno debe simplificar procesos, fortalecer las capacidades de las empresas e invertir en mejores sistemas de información abierta. La buena noticia es que Colombia ya tiene un camino recorrido exitoso en materia de inclusión. Por ejemplo, el municipio de Palmira (Valle del Cauca) ha logrado integrar pequeños negocios agrícolas dirigidos por mujeres en la ejecución de su programa de alimentación escolar, otorgando 360 millones de pesos a través de 57 contratos. Con ello han logrado reemplazar lentejas importadas de Canadá por fríjoles nativos del Valle. Así también se construye la paz.

Si los bogotanos no habían entendido el papel de la reserva Thomas van der Hammen en la creación del desesperante embotellamiento del norte de la ciudad, todo queda claro con la aprobación de la CAR para que 21 hectáreas de las 1.395 de la reserva (el 0,015 % de su superficie) se puedan utilizar para continuar la avenida Boyacá entre las calles 183 y 235 o avenida Guaymaral. Cinco años invirtieron el alcalde anterior y la alcaldesa actual para lograr esta aprobación. El alcalde pidió permiso para utilizar terrenos de la reserva y construir 14 vías, y la alcaldesa lo hizo para 4 (EL TIEMPO, 19-4-2023). Detrás de estas cifras se puede dimensionar el valioso tiempo que se ha perdido para que la ciudad construyera las vías que su desarrollo natural necesita. La supervivencia de los contaminantes motores de explosión está próxima a terminar; mientras tanto, construyamos las vías que necesitaremos para cualquier otro tipo de vehículos.