Tecnología para seguridad

Guillermo Santos escribió sobre el uso de cámaras inteligentes para mejorar la seguridad en las ciudades. Es muy acertado su interés de usar tecnologías para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el enfoque de individualizar personas por atributos biométricos trae de por medio un debate respecto a la protección de datos personales y el buen uso del principio de inocencia.

No obstante, sí hay muchos casos de uso que pueden aplicarse antes de entrar en profundidades jurídicas. La tecnología de vigilancia permite alertar sobre comportamientos y escenas de manera automatizada, desde hace varios años: la presencia de movimiento en zonas que deben estar desiertas; el comportamiento errático de quien merodea una calle; la sustracción de elementos en áreas predeterminadas; la interpretación de texto como se hace con las cámaras de control vehicular. Estos recursos entregan capacidades adicionales a la fuerza pública para operar con prontitud.

Estamos viviendo el auge de la inteligencia artificial. Qué mejor utilización que poder identificar patrones atípicos para alertar y permitir la presencia de policía de manera preventiva. La tecnología ya existe. Es hora de que la ingeniería colombiana haga su parte.

Sobre su editorial ‘Atentado condenable’, acerca de los ataques de un CAI en Suba, uno no entiende qué buscan, qué persiguen los violentos con estos actos, que lejos de hallar alguna simpatía; por el contrario, logran el repudio de la gente, cansada de violencia, de inseguridad y de zozobra. Justicia se puede exigir de otro modo, no mediante la violencia.

De otro lado, hay que respaldar a la policía y fortalecerla. Pienso que Bogotá necesita más CAI, amplios, con más número de uniformados, más patrullas, algo parecido a las estaciones de antes. Así se puede reaccionar más pronto a las llamadas de emergencia, a los robos y asaltos a viviendas, negocios y personas. Para la lucha contra el hampa se necesita más presencia policial.

El Gobierno debería explicarnos cuáles son las cualidades o los méritos que tiene en cuenta para escoger a personas como a Alexander Farfán o a Salvatore Mancuso, entre otros, como gestores de paz. Pues hasta donde sabemos su conducta o proceder no encajarían con el de un ciudadano modelo de comportamiento, que el Estado o el Ejecutivo escoge como paradigma ciudadano y como premio que estimule a los demás ciudadanos a portarse ejemplarmente.

¿Por qué una persona que ha violado los DD.HH. y transgredido la ley y aun habiendo traicionado la confianza de los acuerdos de paz volviendo a delinquir, es premiado con la libertad y con las garantías que tal gestión ofrece aun con la visibilidad de los medios de comunicación? Un paradigma negativo como el de premiar a unos jóvenes dizque “por no matar”, que hace mucho mal a los valores colectivos para un país que aspira a la paz total o a la paz universal.