Estados Unidos experimenta un serio declive democrático. Tres sentencias de la Corte Suprema, inapelables en un tribunal ajeno a la elección popular; la evidencias de que el expresidente Donald Trump se comportó como un simple golpista bananero para oponerse a su derrota electoral y la violencia armada que no cesa caracterizan a la primera potencia del planeta que, en palabras del politólogo Lluís Bassets, se configura como “una democracia agonizante”.
El bloque conservador de la Corte Suprema, mayoritario después de los últimos nombramientos del saliente Trump, ha inaugurado su primer año con tres sentencias contra la mayoría de la opinión de Estados Unidos.
La primera sentencia, para reconocer el derecho individual de portar armas en el espacio público, sin necesidad de tener permiso de las autoridades. Una decisión que anula legislaciones en sentido contrario de estados federados y que coincide con un momento de tiroteos criminales (más de uno diario), el último, el martes pasado, en Illinois, donde el joven de 21 años Robert Crim, disparó unas 70 veces contra la multitud, provocando 7 muertos y decenas de heridos. Un panorama violento en todo el país que nada le ha importado a la Corte.
La segunda sentencia no puede ser más reaccionaria. Revoca un derecho de 50 años sobre la interrupción voluntaria del embarazo y considera que el aborto no está protegido por la Constitución, incluso cuando se trata de enfrentar una situación de violación o de grave riesgo para la salud.
Finalmente, la última sentencia —por ahora— es la que, bajo la presión de ciertos sectores industriales contra la evidencia de los riesgos del cambio climático, rechaza la competencia de la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente (EPA) para regular las emisiones contaminantes.
En resumen, según todos los análisis, son las tres sentencias más reaccionarias en 100 años de la Corte Suprema, abren caminos preocupantes en la pérdida de derechos civiles y anuncian nuevas desregulaciones sin control de las mayorías civiles.
Trump aseguró con sus nombramientos la composición mayoritaria de la Corte: 6 conservadores frente a 3 progresistas o constitucionalistas. Lo más grave es que esta composición decidirá la vida estadounidense durante décadas, ya que los magistrados son vitalicios y los recién nombrados rondan la cincuentena. Más allá de las circunstancias actuales, es cuestionable la propia naturaleza de la Corte Suprema, ajena a la elección popular. “La Suprema Corte ejerce una autoridad ilegítima dentro de nuestro sistema político”. La conclusión fue nada menos que del expresidente Jimmy Carter, tras la sentencia de 2014 en la que se eliminaba los límites de las contribuciones a las campañas y convertía a Estados Unidos —al decir del mandatario— en “una oligarquía con sobornos políticos ilimitados”. En los ocho años transcurridos, la Corte, que tiene autoridad para emitir mandatos ejecutivos que van contra el interés público e incluso violar los derechos humanos, ha legislado en muchas ocasiones al servicio de las élites políticas y los grupos de interés.
Las sentencias relatadas más arriba suceden cuando la comisión que juzga el asalto al Capitolio del 6 de enero del pasado año, y que ya lleva 800 detenciones y 300 condenas, está concluyendo que Donald Trump (el designador de los magistrados conservadores) fue culpable de orquestar un “autogolpe” de Estado y que sabía, por ejemplo, que muchos de sus seguidores a los que impulsaba a ir hacia el Congreso para anular la elección legítima de Joe Biden estaban armados, tal como le informó la Policía.
Y lo peor es que en la actualidad pervive en la sociedad estadounidense una importante corriente social trumpista que domina el Partido Republicano y pone en riesgo la precaria mayoría parlamentaria demócrata tras las elecciones de noviembre. Como concluye la analista Miriam Bascuñán, “quizá no sean Putin o Xi Jinping quienes derroten a la democracia americana, sino la derecha republicana”.
ANTONIO ALBIÑANA