Proteger el tejido empresarial y el empleo

Se están cumpliendo los seis primeros meses de la pandemia de covid-19 en Colombia. En marzo se esperaba que el problema se superaría en cuatro o seis meses y regresaríamos a la ‘normalidad’. No fue así. Todo indica que las proyecciones deben hacerse para dos o tres años.

Es urgente adoptar las medidas para reactivar la economía y el empleo con un horizonte de mediano plazo. Las de marzo, abril y mayo, expedidas en uso de ‘emergencia económica’, expiraron, o están por hacerlo. Aunque fundamentales, la aprobación de las reformas de mayor calado –la tributaria, la laboral y la pensional– tendría que esperar hasta el año próximo.

En la actualidad hay liquidez sin crédito. Las empresas grandes se aprovisionaron de fondos hace unos meses y no los requieren ahora; navegaron bien en la caída de la demanda y accedieron a los alivios ofrecidos por el Gobierno, el subsidio a las nóminas, por ejemplo. Son solventes y viables. Otras, insolventes desde antes de la pandemia y calificadas en estos días de “zombis”, desaparecerían.

Los casos más angustiosos se localizan en las medianas y las pequeñas. Los esquemas diseñados para apoyarlas no han irrigado el crédito. En parte porque las garantías del Fondo Nacional de Garantías no fueron suficientes debido a su debilidad financiera y, en parte, porque los trámites exigidos son tan engorrosos para las empresas y los bancos que muchas de las primeras renunciaron a solicitar los préstamos y prefirieron arriesgar su supervivencia. Infortunadamente, muchas han cerrado sus puertas. Es apremiante, entonces, revisar estos mecanismos y actuar con audacia, elevar las garantías al ciento por ciento y diseñar mecanismos para capitalizarlas. Analizar las experiencias internacionales es oportuno. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados han colocado recursos en fondos de capital con el fin de invertir directamente en algunas empresas. Bogotá o Medellín podrían hacer algo de este estilo.

La protección del tejido empresarial es crucial para evitar una mayor destrucción de empleo. Simultáneamente, hay que actuar en varios frentes.

La inversión en infraestructura y construcción es uno de ellos. Aquí también los gobiernos locales –que realizan el 65 por ciento de la inversión pública total cada año– deben cumplir un papel importante. El desempleo está en las áreas urbanas. ¿Qué tal dedicarse a construir acueductos y alcantarillados en todos los municipios del país? Findeter podría financiar estos programas y darles un alcance nacional.

Uno más es apoyar el mantenimiento de las relaciones laborales entre empleadores y empleados a través de transferencias condicionadas a las empresas, subsidios y créditos tributarios, con la condición de que mantengan los empleos, un incentivo utilizado parcialmente en Colombia y que debería extenderse durante el año próximo.

Otro es el que propone un amigo mío –de los que no les gusta aparecer en público–, financiar la capacitación de los desempleados en centros públicos y privados de formación técnica (el Sena y otros), cubriendo la remuneración mensual de los participantes. La idea es mejorar la empleabilidad de las personas al tiempo que reciben un ingreso. Sería un ‘programa de formación básica’ en módulos de cuatro meses. Algo parecido se ejecuta en Chile mediante el Plan de Reconversión y Capacitación para el capital humano.

Y, obviamente, hay que seguir flexibilizando el mercado laboral a pesar de que los sindicatos se opongan, como ha ocurrido con el decreto que reglamenta el Piso de Protección Social. Los trabajadores en la informalidad no tienen representación política, pero sí son los más afectados por la crisis. De ahí la urgencia de la reforma laboral.

Carlos Caballero Argáez