Más ‘frustraduría’ que ‘asustaduría’

Es normal que los cambios generen reacciones, y parte del trabajo es explicar las bondades de las reformas que se proponen. La reforma que presentamos no es un capricho infundado, sino una necesidad para contar con herramientas efectivas y oportunas para luchar contra la corrupción.

La Contraloría General de la República se debate a diario entre victorias pírricas y frustraciones permanentes cuando las auditorías evidencian hallazgos y responsables, pero los recursos nunca se recuperan. Estamos llenos de sanciones morales que nunca se concretan en recuperaciones efectivas de los recursos perdidos. No queremos seguir siendo notarios de desastres ni jueces fiscales de causas perdidas.

La verdad, más de una vez le he orado con gran devoción a san Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, pero aún no nos hace el milagrito de acabar con la corrupción. Por eso toca ayudarle actualizando el desgastado modelo de control fiscal. Eso lo propuse durante la campaña a contralor y fue una de las razones por las cuales los congresistas me eligieron.

El acto legislativo busca dotar al órgano de control de la capacidad de ejercer un control preventivo –no previo– y concomitante frente a la ejecución del gasto público. Anticipándonos al daño fiscal y resguardando los dineros que tanto necesitan los colombianos más vulnerables. No podemos seguir andando en bicicleta mientras que los corruptos andan en Lamborghini.

Si algo ha demostrado nuestro día a día, es que los corruptos tienen todos los poderes y herramientas, mientras que la Contraloría muchas veces tiene las manos amarradas o instrumentos desuetos o engorrosos. Es importante entender que buscar mayor contundencia no es arrogarse excesivos poderes, ni es costoso modernizar los recursos de lucha porque lo verdaderamente costoso es ver cómo se llevan los dineros públicos impunemente y sin posibilidad de recuperación.

La reforma es necesaria e inaplazable. Esa conclusión no es fruto de divagaciones abstractas o foros de expertos, sino de los testimonios vivos de miles de auditores a nivel nacional que me trasmiten a diario su frustración por no haber podido evitar lo que veían venir o no haber podido recuperar lo que ellos saben que se llevaron.

Sin capacidad preventiva, la Contraloría tuvo que advertir, como agente pasivo, con las manos atadas, cómo el costo del túnel de La Línea creció un 546 por ciento, al pasar de 464.000 millones de pesos a 3 billones, sin que aún esté concluido. Sin posibilidad de ejercer un control concomitante y una auditoría en tiempo real, la inoperancia del modelo actual favoreció descalabros como el de Odebrecht.

Sin esos atributos, la Contraloría, el monto de lo recuperado alcanza el 0,4 por ciento de lo que se presume perdido. Esa es una de nuestras más sentidas frustraciones institucionales.

La corrupción no se combate con estudios abstractos en el aséptico escritorio de algún elegante ‘think tank’ nacional. Se combate en la vida real, en las regiones, donde se están robando la plata de la salud, de la educación, de la vivienda, del alcantarillado y de la comida de los niños, entre otros muchos sectores. Yo no voy a entrar en discusiones académicas inútiles porque estoy ocupado luchando contra la corrupción concreta y real, y no pienso perder un solo segundo en algo distinto a ese objetivo.

A los que dicen que somos la “asustaduría” les quiero decir que lo que realmente somos es la ‘frustraduría’ porque vivimos de frustración en frustración, mientras los delincuentes se quedan con los recursos que tanto necesitan los colombianos.

La decisión de defender la integridad del recurso público de la rapacidad insaciable de actores públicos y privados está tomada, y no habrá marcha atrás. El Congreso de la República nos acompaña en este propósito.

CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE

Contralor general de la república