COP16: la oportunidad para valorar los servicios ecosistémicos de Colombia y del mundo

La dieciseisava Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que se celebra en Cali es un gran reto, teniendo en cuenta que apenas quedan seis años para 2030, tiempo que 192 países pusieron como objetivo para detener y revertir la pérdida de biodiversidad del planeta, a través de las 23 metas que conforman el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming - Montreal. O, dicho de otra manera, para cumplir con la estrategia 30x30, que busca que al menos el 30 por ciento de la superficie terrestre y acuática del planeta esté efectivamente manejada y conservada para esa fecha.

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La clave del encuentro tiene nombre propio: financiamiento, porque al final todo se trata de un tema de un mercado imperfecto que trivializa los servicios ecosistémicos. No se reconoce de forma real el valor de una biodiversidad que se encuentra mayormente en los países más pobres. Y es la pobreza, justamente, el principal factor de destrucción de la diversidad biológica, pues son las acciones depredadoras humanas las que derivan en necesidades sociales básicas. Si el mercado fuera más justo, seguramente el problema ambiental en el que estamos inmersos ya estaría solucionado.

En esta COP16, la prioridad es la discusión de los mecanismos financieros que permitirán revertir la crisis de biodiversidad. Y para ello, es crucial eliminar aquellos incentivos perversos en los que los Gobiernos invierten, que contribuyen de forma indirecta al fortalecimiento de la pérdida de la diversidad biológica, y crear diferentes tipos de fondos para apoyar a los países megadiversos que más pérdidas están teniendo, por razones inherentes a sus propios mercados y a otros temas relativos al mercado global. Pero, ¿dónde están esos fondos?

El más antiguo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por sus siglas en inglés), proveniente de una asociación para la cooperación internacional en la que 183 países trabajan conjuntamente con instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para hacer frente a los problemas ambientales mundiales, ha tenido un papel bastante importante; pero en términos globales ha terminado siendo bastante marginal, pues las necesidades que debe cubrir van mucho más allá de lo que el fondo puede alcanzar. Y el Fondo Verde del Clima (FVC o GFC, por sus siglas en inglés), que surgió para complementar el GEF, ha resultado ser un mecanismo mucho más complejo que su antecesor.

Es hora de ser creativos e innovadores, de buscar nuevas vías y alternativas. Colombia creó recientemente un fondo netamente gubernamental: el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Se trata de una figura que rompe el esquema financiero en el sector ambiental a través de un tema que se impulsa mucho desde Conservación Internacional, el cual es el impuesto a los combustibles fósiles, líquidos y gas natural, que produce 250 millones de dólares al año. Con ese fondo logramos un financiamiento para proteger nuestros páramos, la conservación de áreas protegidas, fomentar la producción sostenible y, lo más importante, garantizar el agua para la ciudad de Bogotá.

La conservación debe ser el resultado de la estrecha colaboración entre la inversión del Gobierno, la inversión internacional (bilateral o multilateral) y la inversión privada, sin olvidar a un cuarto actor fundamental: la población que vive en zonas de diversidad biológica. En este contexto, el pago por los servicios ambientales, no como un mero enunciado, sino como un ejercicio econométrico en el que se determine realmente qué se debe pagar, sería un gran avance. Y Colombia, como país anfitrión de la COP16, tiene en sus manos alinear a los actores políticos, económicos y sociales para pasar del acuerdo a la acción.