¿Tienen futuro las EPS? De ellas depende...

Hace tres años era impensable que Chile eliminara las Isapres, las aseguradoras de su sistema de salud. Hoy es una decisión tomada por la Constituyente. Si es avalada por el plebiscito constitucional, representará su desaparición y con ella la participación privada en el aseguramiento público.

La diferencia fundamental del sistema colombiano con el chileno es la solidaridad social y poblacional. El nuestro se diseñó con una financiación solidaria desde los más ricos a los más pobres, integración completa hospitalaria y no restringido a los colombianos a los hospitales privados. Esto ha beneficiado a los más pobres con a cirugías, trasplantes y demás procedimientos de alta tecnología. El 99,3 por ciento de la población tiene el mismo plan de beneficios y derechos a la salud, haciendo de Colombia uno de los pocos países del hemisferio con cobertura universal garantizada. El aseguramiento incrementó la demanda, beneficiando a más de 2.900 hospitales que pudieron expandirse y mejorar su infraestructura. Hoy, de los 61 mejores hospitales de Latinoamérica, 26 son colombianos.

A nuestras EPS se asignó la función de prevenir y manejar la enfermedad para asegurar la curación y las enfermedades crónicas, asegurar la menor acumulación de riesgo, secuelas y muerte. Esto se llama prevención secundaria y es parte de la función de gestión del riesgo de las EPS, con efectos no solo sobre los pacientes, sino en la reducción del gasto en salud, contribuyendo al equilibrio del sistema.

Pero hoy estamos en punto de quiebre para el futuro de las EPS que implica decisiones regulatorias críticas.

Transcurridos años y varios gobiernos empujando hacia adelante los desequilibrios del sistema, el presente gobierno asumió la tarea de reestructurar el aseguramiento con la liquidación de 11 EPS inviables; hacer el punto final de las deudas acumuladas pagando $ 6,4 billones a mayo de 2022 a los prestadores y limpiando las deudas impagas en balances de EPS e IPS, todo mientras se asumían los costos de la pandemia.

Pero no tiene sentido cerrar el pasado sin definir el futuro. Por esa razón hemos planteado una agenda con la inclusión en el plan de beneficios de prácticamente todos los servicios y medicamentos, incremento del gasto en salud del 7,7 al 8,6 % del PIB; generación de un nuevo modelo de contratación; interoperabilidad de la historia clínica; ajuste del modelo de atención hacia un esquema donde los servicios deban proveerse en un esquema territorializado cercano a los pacientes como centro del sistema.

Pero la viabilidad de las EPS está ligada al cumplimiento de esa función de gestión del riesgo. Desde la política pública, implica empezar a pagar a las EPS de acuerdo con la carga acumulada de la enfermedad que tengan sus afiliados. Esto las obligará a buscar activamente a los enfermos no diagnosticados y a hacer la prevención necesaria para mejorar su salud. Esa es la política que el Ministerio está impulsando. No es una estrategia nueva, ya se aplica en países con aseguramientos robustos como Alemania y Holanda, desde hace seis años se ha venido planteando como una necesidad.

Está en los gremios de las EPS tener la apertura para estos cambios que son indispensables para el futuro del sistema. Los resultados en salud observados en la Cuenta de Alto Costo –después de diez años sobre el cumplimento de las funciones de gestión de riesgo– no son tan buenos como sería de esperar, no favorecen la sana competencia por asegurar el bienestar de los pacientes. Es una regulación inaplazable.

FERNANDO RUIZ GÓMEZ

Ministro de Salud

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