El gasto en educación

En 1984, el presidente Belisario Betancur encontró conducente que su ministro de Salud –que entonces era el doctor Jaime Arias– y el rector de la Universidad Nacional –que era yo– encabezáramos la delegación de Colombia a la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tendría lugar en Ginebra (Suiza). El tema central era ‘Universidad y salud’.

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Los organizadores del encuentro querían que se ventilara el papel que la universidad puede desempeñar en el bienestar sanitario de la sociedad, teniendo en cuenta que son muchas las disciplinas involucradas con el ámbito de la salud. Allí se puso de presente la importancia que tienen educación y salud juntas para el progreso y bienestar de los pueblos.

Igual pensaba el líder estadista y escritor mexicano José Vasconcelos. Él definía salud y educación como “jabón y cartilla” y consideraba que esa asociación era el motor para avanzar hacia el progreso en todas las naciones. Siendo una recomendación digna de atención, hermanar salud y educación no siempre ha tenido la debida acogida.

En tratándose de salud, en varias ocasiones me he ocupado en esta columna. Hoy diré algo acerca de la cartilla. Según el censo adelantado por el Dane en 2018, entre nosotros la tasa de analfabetismo era de 5,24 %, equivalente a 1’857.000 colombianos mayores de 5 años incapaces de leer y escribir. Esta cifra pone de presente que en las últimas décadas la reducción del analfabetismo ha sido muy significativa, advirtiendo que hay zonas (como Chocó, La Guajira, Sucre) donde se registran tasas de analfabetismo superiores al 10 %. Infortunadamente lo cuantitativo no ha ido a la par con lo cualitativo. La calidad de la educación básica es muy deficiente.

Según el decir oficial, la educación es un asunto prioritario en el presupuesto nacional. Sin embargo, la situación financiera del sector es preocupante. Así la calificó en su momento el ministro Alejandro Gaviria. Solo en la educación preescolar, básica y media, el déficit es de 2 billones de pesos. Qué bueno que lo asignado para la guerra pudiera trasladarse a educación. Entonces la cartilla se vería enriquecida.

Lo que ocurre en el sector de la educación superior me suscita particular interés. En Colombia anualmente se gradúan 450.000 bachilleres, de los cuales solo 180.000, es decir, el 39,7 %, acceden a la universidad. Se calcula que el 22 % de las personas entre 25 y 64 años tienen título profesional. Actualmente el número de estudiantes en el sector universitario es de 2’448.271. El Gobierno espera que en los próximos cuatro años ese número crezca un millón más, lo que elevaría a 3 millones y medio la población universitaria. Como adehala: para incentivar los estudios profesionales, en las universidades públicas la matrícula será gratuita para todos. Siendo así, el presupuesto para la educación irá a requerir de una jugosa inyección.

Estimular la formación superior pareciera ser una buena estrategia. En alguna ocasión el intelectual mexicano Gabriel Zaid manifestó que la frase “hay que aumentar el gasto universitario para que prospere el país” era un sofisma vendedor. Según él, los estudios universitarios favorecen el desempleo; en cambio, la educación básica es más rentable. “El gancho de la educación superior –dice– es el título”. Pareciera un exabrupto lo afirmado por Zaid. Sin embargo, colocándonos en la realidad adquiere mucha verdad.

En Colombia, en 2019 el Dane comunicó que la tasa de desempleo entre profesionales universitarios era de 13 % en hombres y 11,2 % en mujeres, con el agravante de que muchos empleados universitarios ganaban menos de $ 1’100.000 mensuales. En Cuba, el número de profesionales universitarios en relación con el número de habitantes es uno de los más altos del mundo. Se filtra el dato de que un 27 % se halla desempleado, o dedicado a actividades distintas a su profesión. Cuba puede darse el lujo de exportar médicos a rodos, pues allí no tienen oficio.

La formación universitaria es costosa. Por eso lo lógico –con enfoque pragmático– sería dispensarla “con cierto ritmo y en cierta proporción”, vale decir que debería estar sujeta a los requerimientos laborales del país y no al gancho que menciona Zaid.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES