Glifosato

El decreto 380 de 2021, que regula el control de riesgos frente al inminente regreso de la aspersión aérea con glifosato, no solo demuestra el fracaso del Gobierno en la lucha contra las drogas. También encarna la visión simplista sobre cómo se debe tratar el tema. El glifosato es entonces el mejor catalizador político de la crisis en este campo, pero la medida menos efectiva para resolverla.

El programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato parte de la equivocada concepción de que el aumento en el número de hectáreas de coca guarda una relación causal con la suspensión de dicho programa ordenada en el 2015. Daniel Mejía, experto de la Universidad de los Andes, señala que dicha correlación no es del todo cierta. En efecto, entre 2007 y 2013, aunque se redujeron las hectáreas asperjadas de 170.000 a 47.000, seguían también bajando las áreas cultivadas. Considera que lo que terminó resultando verdaderamente determinante para la reducción de la producción de sustancias ilícitas fue la implementación de una estrategia dirigida contra los eslabones más fuertes de la cadena. En otras palabras, el aumento en operaciones de interdicción, control de precursores químicos, destrucción de laboratorios y procesos de extinción de dominio y lavado de activos.

En otro estudio de Mejía, Restrepo y Rozo de 2015, se demuestra incluso que la fumigación aérea no solo tiene un costo elevado, sino que resulta poco efectiva. Se requiere asperjar en promedio 33 hectáreas para lograr la erradicación neta de una. Es decir que, en términos reales, para acabar con los cultivos en una hectárea, el Estado debe invertir aproximadamente 80.000 dólares. Eso sin contar los enormes costos en términos de salud pública, medioambiente y recursos naturales. Y es que no solo las estructuras criminales pierden muy poco cuando se fumiga, sino que han aprendido a adaptarse a dicha estrategia. Estudios demuestran que el porcentaje de resiembra estaría por encima del 80 por ciento. Otros señalan que cuando se erradica en algún lugar se trasladan los cultivos a áreas aledañas. Incluso ya existen técnicas con melazas para poder ‘blindar’ la hoja de coca.

El ministro Fernando Ruiz, en un acto de acrobacia política, se escudó detrás del impedimento que presentó esta semana para no opinar sobre el tema. En 2015, no solo celebró la suspensión de las aspersiones. También reconoció la importancia de las advertencias que la Organización Mundial de la Salud elevó frente a los posibles efectos cancerígenos que puede tener este químico. No son pocas las evidencias al respecto. Solo basta con citar algunos estudios nacionales. En 2010, Mejía y Camacho, o en 2016, Camacho, Herrera, García y Almeira, demostraron cuantitativamente los daños a los sistemas respiratorio, gástrico, dermatológico, óseo e incluso linfático que causa el herbicida, así como su posible relación con algunos tipos de cáncer y abortos no inducidos.

Todo lo anterior sin contar que abrirle la puerta a la fumigación aérea tendrá un impacto social enorme. Aunque se diga lo contrario, por un mero cálculo inmediatista, los esfuerzos del Gobierno se concentrarán en poner a volar la mayor cantidad de aviones cargados con glifosato, olvidando que detrás del negocio descansa una tragedia desatendida: la ausencia del Estado, la falta de oportunidades y el incumplimiento con miles de familias que creyeron y se comprometieron con los programas de sustitución de cultivos ilícitos. La organización Somos Defensores advierte que más de 74 líderes campesinos han pagado con su vida el apoyo a estas iniciativas. Para las comunidades cocaleras, el glifosato es sinónimo de la renuncia estatal a las promesas para transformar territorios históricamente vulnerados por todos los actores del conflicto.

Muchos áulicos celebran esta decisión porque les da oxígeno y porque se rehúsan a entender y calibrar la dimensión del problema. Pero la verdad es que a la fecha todavía no se conocen los estudios sobre los posibles impactos para la salud del Instituto Nacional de Salud ni de expertos independientes como exigió la Corte Constitucional en el 2017. Tampoco es claro cómo se adelantarán los procesos de consulta previa y de qué manera se evitará que la fumigación se convierta en la nueva punta de lanza de una estrategia reconocidamente fallida contra el narcotráfico.

Contra toda la evidencia científica, Duque busca de manera obstinada cumplir con esa promesa de campaña de combatir sin tregua el narcotráfico. Sabe que no es a punta de veneno aéreo que lo logrará. Es también consciente de dos dificultades adicionales: el tiempo y la ley. En lo que le queda de gobierno, si su decreto pasa el examen de legalidad y de constitucionalidad, podrá decir que sembró por fin la solución al problema de las drogas sin que se pueda contrastar su efectividad. Si, por el contrario, se lo tumban, a la salida del Palacio de Nariño podrá culpar a los jueces por haber impedido darles un golpe de gracia a las estructuras criminales. El Presidente gana por ambos lados. Pierden, sin embargo, el medioambiente y los recursos naturales, pero sobre todo los campesinos desarraigados comprometidos con la sustitución de cultivos y cuya salud, vida y porvenir se anulan como efecto colateral de una política llamada una vez más a fracasar.

Ñapa: Mientras tanto, el valiente Iván Marulanda logró que se discutiera en primer debate el proyecto para regular el mercado de la hoja de coca.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

En Twitter: @gabocifuentes