Dos leyes rechimbas

No fue capaz el Gobierno, tampoco el Congreso, de impulsar una verdadera reforma de la justicia que se ocupara de los temas críticos: seguridad jurídica, precedente judicial vinculante, límites al abuso de la tutela, y descongestión, entre muchos otros.

Cien artículos de pura carpintería mecánica dedicados a resolver quién nombra el gerente de la Rama, quién maneja el presupuesto, cómo se suplen las vacantes. Un lavado de manos descomunal. Sorprende escuchar al minjusticia afirmando que esta reforma era la que el país estaba esperando. Qué descaro. De lo que sí se ocupó en extenso, y por eso fue aprobada, fue de la creación de más burocracia y de “garantizar recursos” por la vía de crear un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la justicia, a todas luces inconstitucional. Pierde, además, con esta ley la Contraloría su capacidad para inhabilitar a los funcionarios fiscalmente responsables, hasta que sus decisiones no sean confirmadas por autoridad judicial. Aplauden los corruptos.

Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales? La ley también crea nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes. El minhacienda dio concepto negativo a este nuevo gasto, pero al minjusticia le importó cinco y archivó la carta. ¿Y las promesas de austeridad? ¿Con qué cara nos van a presentar la nueva reforma tributaria?

¿Y qué tal la reforma de la Procuraduría? Con la excusa de incorporar a nuestra legislación interna las recomendaciones de la Corte Interamericana, que prohibió sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, inició su trámite este proyecto. Lo primero sea decir que discrepo sobre la obligatoriedad del país de aceptar que esta corte esté facultada para reformar o interpretar con carácter vinculante nuestra Constitución. Yo creo que al igual que lo han hecho Estados Unidos y Canadá, deberíamos sustraernos de esta jurisdicción. Pero si decidimos acatar el fallo del caso Petro, pues bastaría con pasar a los jueces de la República el conocimiento de los procesos contra aquellos elegidos popularmente. Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley.

A todas estas, están por prescribir más de 10.000 procesos acumulados en los últimos años. Se prendieron las alarmas, pero el país debe saber que esto no es nuevo. Anualmente prescriben 1.700 procesos. En estudio del BID se encontró que, para 2019, de 79.731 quejas, solo se profirieron 921 fallos sancionatorios.

Pero la pregunta de fondo es para qué sirve la Procuraduría. Hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad. Además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal. La PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año.

Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro. Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno. Hagan sus apuestas.

GERMÁN VARGAS LLERAS