Dos momentos

En su libro La paz en cuestión, Julieta Lemaitre (2011) hace una interesante interpretación de la Constitución de 1991 como un gran proceso de paz.

Fue la culminación de la paz con una serie de guerrillas –el M-19, el Epl, el PRT– que tuvieron la oportunidad de asimilarse a la institucionalidad y tramitar cambios sociales a través de la nueva carta constituyente. Eran otros tiempos, y la asimilación se pudo hacer sin tantos traumatismos jurídicos. Las exigencias de verdad y reparación fueron mínimas. Los traumatismos fueron fácticos: Carlos Pizarro fue asesinado y el Epl, diezmado por las Farc.

Pero, pese a tantas muertes, pudieron convertirse en actores de la política nacional. Y pudieron formar parte del gran esfuerzo, poco reconocido, que ha hecho la sociedad colombiana por resolver las injusticias sociales, lo que para muchos ha sido la matriz de la violencia nacional. Desde entonces, las inversiones realizadas en servicios como educación y salud han sido impresionantes.

La Constitución también fue un intento de paz con el narcotráfico. La prohibición de la extradición dio lugar a procesos de sometimiento a la justicia a actores criminales que tenían un enorme peso en la vida política nacional. Pablo Escobar se entregó. Luego, las cosas salieron mal. Pero con todo y eso se sentaron las bases para la entrega de numerosos narcotraficantes del cartel de Cali, Medellín y el norte del Valle.

La lectura de la nueva constitución podría ser de éxito en el sentido de la paz. Sin embargo, fue incompleto. La guerra siguió. Las Farc y el Eln se fortalecieron, al igual que los paramilitares. Y la sociedad se vio envuelta: partidos políticos, movimientos sociales, terceros, la población del común, etc. Como víctimas y como victimarios.

De nuevo, y mal que bien, el país logró hacer otra ronda de pacificación, aún más impresionante. Las Auc y las Farc salieron del mapa de la guerra. La gran diferencia es que ahora no existe ese ambiente generoso de la Constitución de 1991. Los líderes políticos, muchos de ellos que hicieron parte de las amnistías como beneficiarios o como legisladores, no apuestan por acoger a quienes se desmovilizaron o a quienes se vincularon desde la sociedad con el conflicto.

Es otro momento, no es un gran acuerdo para plasmar en la legalidad un mínimo común como lo fue en 1991. Es una arena para deshacerse del otro desde la normativa jurídica.

Gustavo Duncan