El Gobierno Nacional está a punto de incrementar los aranceles de las confecciones, argumentando la falta de competitividad de la producción nacional en relación con la de los países asiáticos. Los aranceles por debajo del umbral de US$ 10/kg ya se subieron al 40 %, máximo consolidado en la OMC, dejando este segmento del mercado en manos de la informalidad y el contrabando. Insólito que en un país que pregona diariamente la legalización y formalización de la economía se piense en una medida como esta.
Preocupa que esta modificación obedezca más a razones políticas que a argumentos económicos, que vuelva a surgir en época preelectoral, precisamente en el año de la pandemia, en el que el comercio organizado sufrió el mayor desplome de la historia, con una caída del 15,1 % y cerca de 1’500.000 empleos perdidos. La mayor parte de prendas afectadas por el incremento de aranceles no son producidas en Colombia, con lo cual el impacto en el precio final a los consumidores será en promedio de un 25 % adicional.
De acuerdo con las cifras del Dane, de las 19 categorías investigadas de las ventas del comercio detallista, 13 decrecieron en el 2020, de las cuales la segunda de mayor desplome fue la de prendas de vestir, con una caída del 28 %, como quien dice, al caído caerle.
Un aumento del arancel en 15 puntos porcentuales tendría un impacto hasta de 0,75 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando a los consumidores, que deberán invertir una mayor proporción de sus ingresos a la compra de vestuario.
Tenemos aún la esperanza de que el Gobierno genere un equilibrio justo entre productores e importadores, en beneficio del consumidor y de todos los colombianos
En materia de comercio exterior, por encima del umbral de US$ 10/kg de importación, propone el Gobierno sumarle al 15 % actual, ‘ad valorem’, US$ 1,5/kg de arancel específico. Este exorbitante aumento, en el umbral mencionado, subiría los impuestos a las importaciones hasta el 30 %, doblándoles la rentabilidad al contrabando y la informalidad. El Gobierno manifiesta que el Comité Triple A estudió la viabilidad del aumento de los aranceles, basados en argumentos técnicos que no conocemos. Incrementar los aranceles después de un año, 2020, en el que la pandemia hizo estragos profundos, más un mal comienzo del 2021, es altamente inconveniente e inoportuno. Curiosamente, entre más costosas y lujosas son las confecciones, menores impuestos, proporcionalmente, pagarían con esta propuesta, gravando injustamente a los de menores ingresos, es decir, a los más pobres. Sería una situación social y económicamente impresentable.
Las importaciones del capítulo 61 del arancel, correspondientes a confecciones de tejidos de punto, cayeron el año pasado en un 44,6 %, y las del capítulo 62, correspondientes a confecciones de tejidos planos, disminuyeron un 52,9 %. La tasa de cambio entre el 1.° de enero de 2020 y el 1.° de enero de 2021 se devaluó en un 10,59 %, lo que llevaría, de aprobarse el mencionado aumento de aranceles, a que una prenda tipo incrementara su precio al público en un 34,6 %. Otro punto muy importante por destacar, además de todo lo anterior, consiste en que el transporte marítimo aumentó sus costos de un contenedor de aproximadamente US$ 2.500 a US$ 9.000, más que triplicado para los importadores.
¿Para qué más incrementos en los aranceles? No es justificable ni social ni económicamente razonable adoptar una política de protección a ultranza en el mercado nacional a los confeccionistas, en perjuicio de los que menos ganan. Tenemos aún la esperanza de que el Gobierno genere un equilibrio justo entre productores e importadores, en beneficio del consumidor y de todos los colombianos.
JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE
Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco)