La incompetencia de la competencia estatal

Comúnmente se da por sabido y aceptado que el Estado es mal de empresas. Con muy pocas excepciones, el hecho es cierto, y por todas partes surgen los errores y los escándalos, como han surgido en todas partes y en todos los tiempos, que se ejemplifican con las historias cortas que enseguida enuncio. Pero lo grave es que algunos mandatarios no aprenden de las muchas experiencias del pasado y se empeñan en torpezas y embelecos como los del gobernador de Antioquia, Luis Pérez.

El gobernador encontró en marcha el magnífico y muy exitoso programa de cafés especiales que impulsan la tecnificación de los agricultores y que con los altos precios que alcanzan sus productos se motivan a hacerlo mejor, que generan bienestar, pujanza y progreso, riqueza compartida, pero el mandatario lo acabó, como todo lo que viniera de su antecesor, Sergio Fajardo.

Y parece que detesta todo lo que tenga que ver con el campo, pues se dedicó a gestionar su exterminio promoviendo la gran minería, que acaba con lo verde, con las tierras cultivables y las cultivadas, con el agua, con la pureza del aire y de las aguas y con el hábitat de la gente, para generar ingresos concentrados que se fugan, en su mayoría, de la región y del país. Sí, hace pocas semanas viajó a Canadá a promover eso: más minería para las tierras antioqueñas.

Pero quiere lavarse frente a la agricultura casándose con la idea de utilizar recursos del fisco departamental para invertirlos en un cultivo de marihuana. ¿Qué tal? Bastante se necesitan los recursos del Estado para el mejor cumplimiento de sus funciones, en lugar de ponerlos en riesgo metiéndolos en actividades que solo requieren los permisos de niveles más altos de Gobierno para que las acometan inversionistas privados, como ya se viene haciendo.

Son muchísimos los casos del pasado que debería mirar el gobernador para no cometer el error de poner funcionarios incompetentes como es a tratar de competir con el sector privado. El primero que recuerdo fue un famoso Instituto Nacional de Aprovisionamientos –Inalpro– que montó el presidente Carlos Lleras Restrepo con la mejor intención, y que al llegar López Michelsen a la presidencia tenía más de setecientos millones de pesos de esa época en inventario de máquinas de escribir, calculadoras y similares, y culminó con miles de borradores y de camisetas blancas compradas tres años atrás al triple de lo que costaban en ese momento. Lástima que ahora el modelo se haya copiado en parte, con Colombia Compra Eficiente, a la cual ya le han salido fuertes acusaciones, lo mismo que a la Imprenta Nacional.

Igualmente, casi todas las inversiones del famoso Instituto de Fomento Industrial (IFI), que competía con los bancos, al igual que el Central Hipotecario, la Caja Agraria y el Banco Popular, muertos todos desde finales del siglo pasado. Y de épocas más recientes, brillan las plantas procesadoras de mineral de oro o los talleres de joyería montados por el departamento cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez, que murieron al tiempo con el inmenso terreno que compró en el alto de Las Palmas, dizque para construir un gran centro de convenciones conectado con Medellín por teleférico.

Son apenas muestras fehacientes de que el Estado no debe invertir sus recursos en cosas que deben hacer los particulares. ¿Por qué y para qué poner en riesgo dineros del Estado en cultivos? Y peor, ¿de marihuana? Y ¿por qué gastar de los mismos recursos para fomentar una actividad terriblemente destructiva de las tierras de cultivo como la gran minería? Ese no es el oficio de un gobernador.

JORGE EDUARDO COCK L.