La minería en Cajamarca

Los resultados de la consulta popular del domingo 26 de marzo en Cajamarca, para decidir si la población quiere o no que en su territorio se desarrollen proyectos mineros, fueron contundentes –6.165 votos por el no y solo 76 por el sí–, y sus efectos serán definitorios y definitivos. Es mi opinión, por las razones que aquí expongo, aunque las declaraciones del Ministro y el Viceministro de Minas y energía en entrevistas radiales y en prensa escrita fueron tan contrarias a estas que mostraban un enorme desconocimiento del tema o que solo habían escuchado a los directivos de Anglogold Ashanti.

El uno se empeñó principalmente en que si el proyecto se hacía, habría de ser legal, y en que, siendo así, no habría razón para resultar dañino ambientalmente. Todo, alrededor de lo legal frente a lo ilegal. Y el otro puso su centro en la tecnología (el mismo cuento de siempre), y en especial en que ya no se utilizará mercurio porque está prohibido. La compañía del proyecto se ha concentrado en que la legalidad de la consulta no está clara.

Con respecto a eso de la legalidad, me apoyo en el concepto de una eminentísima profesora de derecho constitucional y istrativo y gran conocedora del caso para afirmar que en los últimos tres años han salido bastantes leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que cada vez son más claros y estrictos en cuanto a los derechos de las comunidades y las autoridades municipales y a la obligatoriedad y oportunidad de las consultas.

Y me pregunto: si la realidad legal fuera que no hay suficiente claridad, ¿se irían los ministerios de Ambiente y de Minas, con sus entidades adscritas, en contra de los demoledores resultados de la consulta? ¿Y la empresa se iría en contra de todo ese campesinado? Esperaría yo que no pensaran en repetir lo sucedido en las bananeras de Ciénaga, Magdalena, en 1928. De todos modos, debemos ser cautelosos con eso y no insuflarles oxígeno a los que quieren seguir adelante.

Y lo de la famosa inseguridad jurídica no pasa de ser un cuento de espantapájaros, pues los títulos mineros sin la consulta no dan más derechos que el de explorar y el de preparar el estudio de impacto ambiental para solicitar la licencia.

La argumentación del señor Viceministro sobre las bondades de la minería legal frente a los males de la ilegal parte de suponer que allá en Cajamarca se tendrá la licencia ambiental. Pero eso no será tan fácil. Mejor dicho, ese tema, en manos de funcionarios conscientes y honestos, será imposible.

Quien tenga siquiera un poquito de responsabilidad ambiental dirá como dijo la comunidad: ¡no! Porque no se puede cambiar de un tajo la vocación agrícola de esas bellas y fértiles tierras, destruyéndolas al igual que sus ríos y quebradas y sus bosques de niebla, porque para sacar el oro es necesario ‘exponer’ el subsuelo, arrasando todo lo verde y retirando la capa vegetal, perforar y volar con explosivos para aflojar la roca, removerla y triturarla para obtener pequeñas partículas del metal dispersas que se deben separar, un poco por gravimetría y el resto con mercurio (final y afortunadamente prohibido en Colombia), o mediante lixiviación con cianuro que se almacena en grandes represas. Ante movimientos telúricos, ese venenoso químico puede producir tragedias grandes y dolorosas como la de la mina Samarco, en Brasil, hace pocos años. Y la inevitable apariencia lunar que toma toda la zona puede ser observada por internet en fotos de la mina Yanacocha, en Perú.

¿Quién se atreverá a hacer semejantes daños expidiendo la licencia? No será tan fácil.

JORGE EDUARDO COCK