¿Y las autoridades ambientales?

Lo de Hidroituango es doloroso por todos lados, y el ambiental no se escapa. Es lógico, y entiendo que las autoridades ambientales, la Anla particularmente, deben aprobar o improbar las solicitudes de licencia con base en estudios realizados por profesionales altamente calificados y con aplicación de criterios estrictos, tratando siempre de proteger el medioambiente y la población.

Con Hidroituango parece que no fue así. El gran temor ahora es que suceda lo mismo con proyectos sumamente dañinos, como los de la gran minería de metálicos, que fueron impulsados al tiempo y con iguales bases de mínimo estudio, para emprender la hidroeléctrica, la pavimentación de carreteras terciarias y la entrega de casi nueve mil títulos mineros en miles y miles de hectáreas de nuestro país, sin respetar reservas indígenas, ni parques nacionales ni páramos y sin escuchar a las comunidades, todo ello por el querer del Ejecutivo y sin razones válidas de sustentación.

La licencia ambiental 0155 de 2009, para construcción y operación del proyecto en cuestión, fue expedida a sabiendas de los graves e irreparables daños que se habrían de causar y de los riesgos muy elevados que se asumían en los diversos frentes que una licencia de esas debe cubrir. Hago referencia a tres de esos asuntos importantes, como son el humano (la población), los bosques y el agua, poniendo de presente que todo lleva a que el proyecto estaba aún muy biche, en estado casi embrionario, cuando se le expidió la licencia. Ese grado de inmadurez resulta evidente y explicativo de por qué la mencionada licencia ha tenido veintidós modificaciones, cosa que no ocurre con un proyecto bien estructurado. No estaba definido cómo iba a ser.

Por el aspecto humano, se cometió el desafuero de calificar y estigmatizar a más de mil familias de ‘cañoneros’, como se ha conocido a los ribereños del cañón del Cauca en ese trayecto, como simples opositores al proyecto. Gentes que vivían de la pesca y el barequeo en las playas del gran río y sus afluentes fueron desplazadas así no más, por la fuerza, porque todo su territorio iba a ser inundado. Lo que debería haber sido prohibido y argumento de plena validez para negar la licencia fue utilizado en contra de los pobladores de la zona.

Gravísimo también el asunto de los bosques. El proyecto implica la tala y destrucción irreversible de casi 5.500 hectáreas de selvas ribereñas en el río Cauca. Buena parte del área impactada corresponde a bosque seco tropical. Este ecosistema ha sido declarado por el Ministerio de Ambiente como estratégico para la conservación y por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt como el más vulnerable del país. Otro hecho que, en correctas manos, debería haber sido suficiente para improbar la licencia ambiental. Originalmente se autorizaron 4.140 hectáreas, que luego se aumentaron en 1.290 porque las necesitaban para más carreteras, campamentos y otras instalaciones.

Y ese desmonte genera un gran problema con las aguas. Por supuesto, lo mejor hubiera sido no herir ese monstruo. Pero, decidido el daño, sus efectos se deben mitigar. Donde se va a inundar, hay que cortar y retirar todo el material vegetal porque, de lo contrario, todo eso se descompone, generando gases de efecto invernadero y elevando la demanda biológica de oxígeno y el contenido de fósforo en el agua. La licencia original imponía la obligación de remover la cobertura vegetal en la totalidad del vaso del embalse. Pero la obligación se rebajó varias veces y en varias formas, por solicitudes de la empresa, que alegaba dificultades de a muchos sitios, especialmente por lo escarpado de los terrenos. ¿No lo notaron antes? Y las empalizadas de bosque tumbado y no retirado que ahora se ven en fotos del embalse, flotando contra las bocas de entrada, asustan y explican algo. Y otra solicitud de cambio en la licencia estaba en trámite en enero de este año 2018.

JORGE EDUARDO COCK L.