La negociación con la disidencia del ‘Estado Mayor Central’ (‘Emc’) de las Farc-Ep, al mando de alias Iván Mordisco, ha sido un parto desde el principio. A tal punto que hoy está suspendida por parte de esta organización, la cual aduce incumplimientos del Gobierno.
En el fondo, el éxito de un acuerdo de paz depende de dos factores: la oferta y las alternativas. La oferta se refiere a lo que el grupo armado recibiría en caso de llegar a un acuerdo. Antes, cuando la guerra era por el poder, el intercambio era principalmente armas por participación política. Sin embargo, ahora, en un contexto donde la guerra es motivada por la codicia, no está claro cuál podría ser el intercambio, especialmente cuando el objetivo son las rentas de uno de los mayores enclaves cocaleros del país.
Las alternativas, por otro lado, se centran en el futuro del grupo armado en caso de no llegar a un acuerdo. A medida que estas opciones disminuyen, los líderes de la organización comienzan a cuestionarse su permanencia en la lucha armada y a vislumbrarse a sí mismos en un escenario de paz.
El ‘Estado Mayor Central’ forma parte de las organizaciones con las que el presidente anunció el acuerdo de cese del fuego bilateral el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, tuvieron que pasar más de nueve meses para que este acuerdo llegara, pero sin un mecanismo de verificación claro que incluyera la separación de fuerzas. De hecho, una de las primeras diferencias públicas surgió cuando la firma del cese del fuego se tuvo que aplazar una semana porque, en palabras del ‘Emc’: “El Gobierno Nacional, de nuevo, cambia el documento de acuerdo de cese del fuego y adiciona elementos jamás dialogados”. Mientras el Gobierno proponía un cese del fuego regional y escalonado, la aspiración de la disidencia era un cese del fuego bilateral nacional por 10 meses.
Preocupa la situación en la que se encuentra la comunidad, que ha padecido confinamientos, desplazamientos e intimidación por parte del grupo armado.
Paralelamente, el presidente Petro ha expresado su determinación de “recuperar militarmente el cañón del Micay” dentro de una estrategia de sustitución integral de su economía ilícita. Este territorio se ha convertido en “un fortín de la economía ilícita con un cuerpo armado defendiéndola”, dijo, y cuestionó la dualidad de los de esta organización al afirmar que no pueden ser “revolucionarios y traquetos al mismo tiempo”.
La instrumentalización que hicieron de la población civil para secuestrar y expulsar a de la Fuerza Pública de El Plateado el pasado 5 de noviembre evidencia el control territorial que hoy tienen. No obstante, de acuerdo con los audios y mensajes de WhatsApp obtenidos por las autoridades, es claro que este resultado solo se pudo obtener por la intimidación de las armas, jamás por la convicción de la población civil. Y es precisamente aquí, en la falta de apoyo popular, donde se vislumbra la oportunidad para recuperar los territorios.
Preocupa la situación en la que se encuentra la comunidad, que ha padecido confinamientos, desplazamientos e intimidación por parte del grupo armado, así como las consecuencias de los campos minados. De hecho, el día en que la instalación de la mesa se frustró, la población civil estaba muy molesta y pedía intensamente la firma del cese del fuego, evidenciando así tanto su miedo e impotencia por estar en medio del fuego cruzado como un fuerte descontento con el Gobierno. Incluso, hubo voces que demandaron respeto al Presidente, recordando su origen en el movimiento social que lo llevó al poder: “El movimiento social lo puso como presidente y, si el movimiento social lo tiene que bajar de ahí, lo bajamos”.
¿No será que para evitar más frustraciones como esta es necesario avanzar en los temas de oferta y alternativas antes de embarcarse en negociaciones “prematuras”, como lo dijo el mismo Petro?
JULIANA MEJÍA