La excepción de la infraestructura

En afanosa búsqueda de una noticia grata, a tono con el espíritu de estas fechas, me encontré con el balance razonablemente positivo que es posible hacer sobre la gestión del Ministerio de Transporte, el único que parece haber entendido, en el mandato del cacareado cambio, que gobernar es construir y no destruir, algo muy significativo por tratarse de la entidad encargada, como ninguna otra, de las obras públicas.

Con una claridad de miras bastante escasa en el gabinete, la ministra del ramo, María Constanza García, dio vía libre, a partir de mediados de enero, al alza en los peajes de las carreteras: en torno al 5 % por cuenta de la inflación del año que termina, y un 4,64 % más para cubrir el rezago del congelamiento que, por mero populismo, hizo su antecesor. Subir los peajes no es una medida popular pero sí necesaria: de ese recaudo depende el mantenimiento de las vías y la credibilidad financiera de los programas de construcción y ampliación del futuro.

Sin aspavientos, sin trinos incendiarios como los de varios de sus colegas de gabinete, la ingeniera civil García se ha dedicado a trabajar, con un pragmatismo de otras épocas, cuando el ejercicio de gobierno no dependía del trastorno de personalidad narcisista y paranoico que, como bien explicaba el viernes en estas páginas el profesor Moisés Wasserman, parece marcar el liderazgo del Ejecutivo actual.

La ministra presenta resultados interesantes: un avance del 90 % en los proyectos de carreteras de cuarta generación (4G), cuatro de seis proyectos 5G en fase de construcción, y los dos pendientes con buenas opciones de arrancar en el primer semestre de 2025. También son destacables los procesos de modernización en aeropuertos como El Dorado de Bogotá, Rionegro –que sirve a Medellín–, Cali y Cartagena, aunque falta ver qué pasa con el de Barranquilla. Un gran lunar es la decisión de cobrar una multimillonaria valorización para culminar la doble calzada Barranquilla-Cartagena. Obras similares en otras regiones han sido financiadas sin ese recurso tan oneroso para los habitantes de la zona, y por eso la medida es una grave injusticia con el Caribe.

En otro frente de la infraestructura, el país está lejísimos de la faráonica obra por la que delira el presidente Gustavo Petro –un tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura–, pero cifras presentadas por el presidente de la ANI, Francisco Ospina, indican que la reactivación de la movilización de carga por vía férrea (mucho más económica y ecológica que los camiones) comienza notarse.

A diferencia de lo ocurrido en algunas superintendencias y en ministerios como Salud y Minas y Energía, donde el gobierno del cambio barrió con los profesionales y técnicos con experiencia y conocimiento, en el Mintransporte y, en especial, en la ANI, estos funcionarios han sido mantenidos.

Y no es exagerado atribuir a ello buena parte de los resultados: según Fedesarrollo, después de una caída del 16,8 % en 2023, el Indicador de Producción de Obras Civiles, en lo referente a carreteras, aeropuertos, puentes y túneles, venía creciendo 1 % hasta el tercer trimestre de 2024. Es poco, pero al menos ya está en terreno positivo. Si la ministra sigue mejorando las cifras de su gestión, no sería de extrañar que el Presidente la saque, no vaya y sea que ella demuestre que sí es posible hacer las cosas bien. Ojalá no lo haga y la deje seguir.

Contraste. Qué contraste con lo que sucede en Minvivienda. Dice el Gobierno que, al hundir el Congreso la nueva tributaria, no hay plata para los subsidios del programa Mi Casa Ya. Puro cuento: en 2023 y 2024, con la plata de la tributaria de 2022, Minvivienda fue incapaz de girarlos por mera incompetencia. Y si ahora quisiera hacerlo, bastaría con unos buenos recortes en otras áreas del Gobierno donde hay tanto despilfarro, como lo expliqué en esta columna el domingo pasado.

MAURICIO VARGAS

IG: @mvargaslinares

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