La protección de las cortes

Después de lo ocurrido en Venezuela con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, claro apéndice de la dictadura, y los acontecimientos de los últimos días a nivel nacional, que evidencian los riesgos que corren nuestras cortes, hay que reiterar la necesidad que tenemos como sociedad de velar por la protección de nuestra justicia, lo que no es nada distinto que garantizar la integridad y la autonomía de sus servidores.

La protección empieza, ineludiblemente, por garantizar la seguridad de los magistrados, jueces y fiscales. Hace una semana se conoció la existencia de un presunto plan terrorista en Bogotá, que tendría como objetivo el Palacio de Justicia. Muy grave, aunque hay quienes tratan de minimizar el hecho, lo que es inaudito, a menos que haya evidencias de que la maqueta del Palacio que se encontró es apenas un trabajo de manualidades de un niño en edad escolar.

Después del antecedente de la toma del M-19, que estuvo precedida de múltiples rumores, hay que celebrar la reunión de alto nivel para articular acciones preventivas, con la participación del alcalde, de los presidentes de las cortes, del comandante de la Policía y de la Fiscal General. Llama la atención, sin embargo, el silencio de la Casa de Nariño. El grave episodio no dio ni para un trino, desde la febril cuenta palaciega de X. El jefe del Estado debe asumir personalmente la responsabilidad sobre la seguridad de los magistrados de las cortes, a partir de su directa coordinación y el seguimiento de los planes preventivos que se convengan.

Pero la protección de la justicia también pasa por la necesidad de que todos los poderes y los colombianos cerremos filas en torno a la autonomía e independencia de las cortes. Hay que prevenir cualquier intento de avasallamiento. En la arquitectura constitucional el Gobierno solamente tiene derecho a proponer los nombres del fiscal, a incluir un ternado para procurador y a tres magistrados de la Corte Constitucional, de suerte que, con este diseño institucional, al menos en el papel, no es posible que un gobierno se haga con las mayorías judiciales.

En la práctica, la responsabilidad de que las cortes no sean infiltradas reside en ellas mismas. En primer término, velando por la idoneidad y la entereza de sus representantes en el Consejo Superior de la Judicatura, entidad en la que reside el principal poder nominador de la justicia, para que no cedan ante el ‘lobby’ del poder, en el momento de seleccionar los candidatos a las máximas corporaciones judiciales. El último nombramiento de la Corte Suprema de Justicia fortalece la fe en que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no serán inferiores a la responsabilidad que tienen en la actual coyuntura.

Las cortes también deben ser conscientes de la necesidad de vacunarse frente a las acciones gubernamentales para interferir la elección de sus magistrados. Justamente en estos días se ha denunciado que el actual director de la Agencia Jurídica del Estado, César Palomino, quien como consejero de Estado fue gestor de la jurisprudencia que emasculó los poderes de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, en el caso Petro, anda merodeando por el Consejo de Estado, con el propósito de lograr la designación de una consejera afín al Gobierno y a sus lealtades, aparte de que, según se dice, su fidelidad será premiada candidatizándolo a la Corte Constitucional, en la próxima terna presidencial.

Por cierto que, en el caso de la Corte Constitucional el asunto no es diferente. Porque el Gobierno solo puede designar tres, de nueve magistrados. Entonces, las mayorías de esta corporación dependerán en el futuro del carácter de los postulados por la Suprema y el Consejo de Estado.

Los abusos de los gobiernos y su oprobioso designio de mantenerse en el poder solamente pueden ser contenidos por una justicia independiente. Colombia no podrá ver un caso análogo al del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que refrendó la autarquía, sin competencia y sin actas electorales.

Taponazo. La Vicepresidenta seguirá viajando para que el Ministerio de la Igualdad siga al garete.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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