La seguridad y sus debacles

La seguridad del país está en cuidados intensivos. Nada más qué decir. Esa es la conclusión de varios oficiales retirados de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea.

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Escuchar sus disertaciones en el Foro Seguridad Nacional, promovido por la Fundación Ciudadanía en Acción y la Casa Editorial EL TIEMPO, fue aterrizar en la realidad que se palpa a diario, pero que se pasa de largo, tal vez para hacer menos doloroso el retroceso de los últimos años en el tema.

Quienes lideraron la Inteligencia, las operaciones ofensivas y la transformación doctrinal de la Fuerza Pública en los años más álgidos del conflicto armado interno tienen razón al señalar que no se puede perder lo caminado y lo entrenado.

Las capacidades tácticas que adquirió el Ejército en la década del 2000, de la mano del Plan Patriota y del fortalecimiento aéreo, lo llevaron a ser catalogado como uno de los más profesionales y entrenados del hemisferio. Lo mismo ocurrió con la Policía Nacional y su Dirección de Inteligencia, que se convirtió en referente en la lucha contra el secuestro y las acciones criminales transnacionales.

Lo propio con la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, que desarrollaron tecnología autónoma y se pusieron a la vanguardia en acciones militares multipropósito.

Lo caminado no se puede perder. No puede pasar de cara a la situación actual de Colombia, que, si bien es cierto, ha entrado en la esfera de mutación que ha tenido el crimen organizado y hoy enfrenta otros modelos criminales que traen nuevos retos, también entró en un letargo operacional. Es una realidad, y cubrirla no contribuye a encontrar las salidas.

El sociólogo y experto en seguridad ciudadana Hugo Acero mencionó insistentemente el tomar consciencia sobre las falencias para poder atenderlas, y esas debilidades no solo están representadas en la falta de pie de fuerza (hoy hay 70.000 integrantes menos que en el 2014) ni en el robo del celular en cada esquina.

La seguridad como un todo tiene vacíos inmensos, suma de varias decisiones políticas en los últimos años, así como los fallidos diálogos de paz y la falta de inversión por los diferentes recortes presupuestales, pero también el creer que comprar helicópteros y armamento es alimentar la guerra y no la defensa.

También es claro que la política de asistencia del Estado en los lugares más neurálgicos del país lleva décadas en deuda, y allí es donde se alimenta el fortalecimiento de los grupos armados. La presencia estatal no es uniforme, fusil y helicóptero.

Detrás del militar y el policía nunca han llegado el maestro, la carretera, el fiscal o el médico. Eso es seguridad. Y aunque en muchos municipios se han destinado las partidas presupuestales, hay que preguntarse en el bolsillo de qué político corrupto quedaron enredadas.

Las reflexiones sobre la realidad actual deben tener como base dimensionar el nivel de amenaza, para identificar la capacidad de reacción, pero parece inexistente esta premisa.

Se ve reflejado en el dominio ilegal que alcanzó la guerrilla del Eln. Hoy, este grupo criminal es uno de los principales responsables de la trata de personas y explotación sexual. Ese es uno de sus ingresos más lucrativos. Lo mismo pasa con el 'clan del Golfo'. Narcotraficantes organizados como cartel y parapetados en el anonimato de sus jefes para hacerles más difícil la tarea a las autoridades.

Y poco se habla de las mafias internacionales como los carteles mexicanos, las bandas organizadas llegadas de Venezuela y los 'zares' de la trata y el narcotráfico, aterrizados de Albania, Italia e Israel, pero tratados como prominentes turistas.

A este panorama se suma la dolorosa pérdida que ha tenido la Fuerza Pública en talento humano. Muchos han renunciado, desalentados por los cambios en las instituciones, y se han abierto camino asesorando en seguridad a otros países o combatiendo en la guerra de Ucrania.

La seguridad duele, sobre todo a las personas más vulnerables en Chocó, Cauca, Norte de Santander, Valle o en una calle de Bogotá. Ese será uno de los grandes retos, por no decir el mayor, para quien reciba el país dentro de 15 meses.