Las preguntas correctas

En estos últimos días, a raíz de la decisión de archivo en la Comisión Séptima del Senado del proyecto de ley de salud, las actuaciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud, acompañado de los informes de la Contraloría y la apertura de procesos en la Procuraduría, se ha agudizado el debate sobre la crisis de nuestro sistema de salud. No obstante, he visto cómo el debate, que además de ser complejo es técnico y político, se aleja fácilmente de las preguntas que son realmente sustantivas.

El debate no puede centrarse únicamente en el sistema de aseguramiento; en atacar o defender las EPS, sus funciones, y si dado el carácter de los recursos que istran deben ser públicas o privadas. Estas entidades cumplen una función importante, istran el riesgo financiero, el riesgo en salud, articulan los servicios que contribuyen a la garantía del a los servicios de salud, entre otras, y, también hay que decirlo, en algunos casos se han visto afectadas por casos de corrupción y mal uso de los recursos, por cierto, y tristemente, una crónica enfermedad extendida en múltiples sectores de nuestro país.

El problema más de fondo es la desfinanciación estructural del sistema. La mayor esperanza de vida de la población, la aparición de nuevos tratamientos y tecnologías, entre otros, han hecho que los costos de la salud se incrementen en todo el mundo. No hemos tenido el valor de hacernos la pregunta: ¿cuánto podemos gastar y hasta dónde podemos financiar el derecho a la salud en Colombia? El país debe y puede invertir más en salud, inclusive priorizando la asignación de recursos frente a los que destina para otros sectores. Reconociendo que los recursos serán siempre limitados, nos corresponde responder como sociedad cuánto asignar al goce de este derecho fundamental.

Se ha dicho que un sistema más enfocado en la prevención y en la atención primaria puede ser menos costoso. Aquí la realidad es tozuda: si bien es necesario, para mejorar la calidad de vida de las personas, tener mayor prevención y atención temprana, detectar y eventualmente suministrar medicamentos más pronto y prolongar la vida de las personas, aun con enfermedades crónicas, es moralmente mejor pero no necesariamente más barato.

El problema del déficit no es únicamente un problema técnico, sino que afecta directamente la red de aquellos que prestan servicios de salud: clínicas, hospitales, laboratorios, droguerías, etc., también al personal profesional en salud y de apoyo, las instituciones formadoras en salud, y en último término a los enfermos. Según un boletín de la sociedad colombiana de clínicas y hospitales (noviembre de 2023), la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud, con corte a junio del año 2022, llegaba a los $ 13,8 billones de pesos, con un 56 % en mora.

Allí es donde se vive y siente la crisis de la salud. Las clínicas y los hospitales tienen dificultades para pagar a sus proveedores, deben prestar en el sistema financiero para pagar sus nóminas y, poco a poco, no obstante grandes esfuerzos, van reduciendo su capacidad de atención oportuna y con calidad; también se reduce paulatinamente la capacidad de entregar medicamentos oportunamente. En otras palabras, estas instituciones están sobreviviendo, lo que lleva finalmente a la afectación de los pacientes.

El centro de la discusión y de la búsqueda de soluciones debemos ponerlo en los pacientes, más allá de cualquier perspectiva ideológica. ¿Cuál es el mejor sistema de salud que Colombia puede construir para su gente?, ¿qué recursos podemos destinar en este propósito?

La respuesta a esta pregunta requiere una honesta deliberación pública, con la mira puesta en el bien común. No tiene sentido seguir desgastando la democracia en debates y demostraciones de fuerza que no abordan las preguntas correctas y hacen cada vez más difícil encontrar soluciones a problemas complejos que solo podemos manejar si nos unimos en torno a ellos.

LUIS FERNANDO MÚNERA C., S. J.*

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana