Los 'peajes' de la corrupción en la Supervigilancia

La designación del mayor general (r) Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa es una oportunidad para intervenir en la corrupción crónica que se presenta en procesos críticos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La falta de recursos, liderazgo, transparencia y control la tiene inmersa en un estado de ineficiencia donde prevalecen las malas prácticas.

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Esta Superintendencia nació en 1993, es hija de la actual Constitución y, antes, fue una dependencia pequeña, pero efectiva de la Dijín. Su propósito era otorgar licencias y supervisar a las empresas de seguridad privada. Hoy en día, está politizada y la corrupción la tiene en el desprestigio. Algunos afectados mencionan que tiene más “peajes” que la autopista centro-oriente, los que operan a través de intermediarios o directamente con funcionarios corruptos, y su objetivo es gestionar y/o agilizar trámites, aprovechándose de las urgencias y necesidades de sus s.

Algunos funcionarios, aferrados a sus cargos por años, han convertido estos "peajes" en un negocio lucrativo. Aprovechan la interinidad y la falta de control para encarecer trámites y fomentar el desgobierno. Las empresas y personas naturales enfrentan demoras injustificadas en permisos y certificaciones, a menos que paguen sobornos. De acuerdo con las fuentes, también se otorgan licencias para delinquir; lo evidenciamos en casos como el de alias la Gata, DMG, el ‘narcojet’, los recientes cuestionamientos al anterior Superintendente, y esta semana, la Fiscalía capturó a tres representantes de empresas de seguridad por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude, al otorgar certificados y armas a la organización criminal de alias Terror, hijo de Ramón Isaza y abatido en combate.

Ejemplos de estas irregularidades son reiterados, personas confiables que han laborado en empresas de seguridad así lo corroboran: un permiso para autorizar el uso de armas tarda de 6 a 8 meses; si se quiere en 3, cuesta 8 millones de pesos. Certificados de antecedentes no se expiden en más de 4 meses, salvo pago de soborno. Multas y sanciones tardan más de 5 meses en resolverse, o 90 días si se pagan 4 millones. Certificados de paz y salvo llegan vencidos, obligando a repetir el pago. Es un modelo de corrupción que fomenta prácticas similares en las empresas de seguridad privada vigiladas, que, para conseguir contratos, deben pagar entre el 10 % y el 15 % de “comisión” tanto en el sector público como en el privado.

El negocio de la vigilancia privada en Colombia emplea a 400.000 personas en 10.000 empresas registradas y se estima que puede existir un número similar en la informalidad. Facturan 15 billones de pesos anuales y representan el 1.6 % del PIB. Aunque es un aliado clave en seguridad e inteligencia, sigue sin profesionalizarse ni vincularse formalmente al sistema de seguridad ciudadana. En países como EE. UU. y la UE, la seguridad privada tiene protocolos y regulaciones más claras y una colaboración efectiva con la Policía.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada necesita revisarse, prescindir de funcionarios corruptos, investigar sus patrimonios, automatizar servicios, agilizar trámites y garantizar transparencia. En el pasado, hubo un concurso de méritos a cargo de la Función Pública y casi la totalidad del personal incorporado fue retirado, tal como ocurrió con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las vacantes son para cuotas políticas y recomendados, la carrera profesional no existe. El Conpes 3521 de 2008 generó una hoja de ruta para reformarla y no se ha hecho; por lo tanto, parte de su disfuncionalidad obedece a la falta de capacidad instalada y al escaso presupuesto para modernizarse.

Un paso adicional es que Colombia se adhiera al documento del Foro de Montreux (ONU 2008) y al Icaco, Código de Conducta Internacional que adopta estándares internacionales para regular la transparencia y el respeto de los derechos humanos por parte de los proveedores de seguridad. También regula normas de colaboración directa con el Estado y en otros países. Otra iniciativa es formalizar el “Libro Verde”, un procedimiento de rendición de cuentas que se instauró en la Unión Europea como estrategia de transparencia y comunicación.

Preocupa, por lo tanto, que en el último informe de la Ocde 2024 sobre transparencia, Colombia aparezca en 4 de 5 ítems sin reportar datos, lo que antes no sucedía, reafirmando que la lucha frontal contra la corrupción sigue siendo un saludo a la bandera y que solo aflora como discurso en contienda electoral. ¿Podremos así, algún día, derrotar a la hidra de mil cabezas?.