Pagar el desarrollo

La semana pasada estuve en Lima, en la reunión anual de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (Lacea). La reunión anual, que por la pandemia no ocurría de manera presencial desde 2019, es una oportunidad única para explorar la dirección en la que avanza (o se estanca) el pensamiento académico en el intento por responder las preguntas del desarrollo.

 Es también una excelente oportunidad de encuentro con colegas y amigos. El Pnud estuvo presente con dos sesiones invitadas este año, una de ellas sobre los retos que plantean la tributación progresiva y los impuestos a la riqueza en los países en desarrollo.

El informe regional del Pnud de 2021 dice que América Latina y el Caribe se encuentra en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento y que estos dos fenómenos no son independientes. Hay factores que hacen a la región muy desigual y que están también detrás de la baja productividad y el crecimiento mediocre que, en promedio, la caracterizan. Uno de ellos es la concentración del poder político y económico que, entre otras cosas, influencia la forma que toman los sistemas tributarios. Esta es una de las razones para pensar en tributación progresiva. Participar desde nuestros países en la conversación global sobre cómo conseguir que el 1 % más rico pague impuestos es necesario para rebalancear el poder.

Otra razón es la sensación generalizada de injusticia social que en los últimos años ha sacado a la gente a protestar en las calles en muchas de las ciudades de la región. La progresividad en la tributación tiene un efecto simbólico: es un mensaje para la sociedad de que existe una preocupación acerca de los efectos redistributivos del sistema de mercado. Y lo simbólico importa. “La forma como un gobierno cobra impuestos a la ciudadanía es una declaración sobre los valores de un país” decía el tributarista americano Martin D. Ginsburg.

Pero las mejoras en progresividad y los impuestos a la riqueza no son suficientes para conseguir el recaudo necesario que requieren nuestros países para invertir en desarrollo. La desigualdad misma y la informalidad de las economías limitan lo que es posible conseguir a través de la tributación de las personas. En promedio, 60 de cada 100 trabajadores se encuentran por fuera del radar de los gobiernos en América Latina y el Caribe. En el mundo en desarrollo, la proporción que paga impuestos personales es de menos de 5 por ciento, muy baja comparada con la de los países desarrollados, donde es cercana al 50 por ciento. Y la proporción de los ingresos personales que está sujeta a la tributación también es muy baja. Cuando hay alguna progresividad en la tributación, existe solo para ciertos tipos de ingreso, ciertos rangos de ingreso y solo entre los grupos cuyos ingresos están sujetos a la tributación.

La desigualdad está también asociada con evasión. Entre los más ricos la proporción de ingresos de fuentes diferentes al trabajo es más alta, y estos ingresos son más difíciles de monitorear. Y las brechas percibidas entre los beneficios y los costos de la tributación aumentan con los ingresos y la riqueza. Entonces, la tendencia general es buscar mecanismos para no pagar tanto o no pagar.

Gastar bien es el primer reto de los gobiernos para asegurar el apoyo de la ciudadanía a la tributación. Al final, las reformas tributarias son ejercicios de legitimación política. Otro reto es fortalecer la istración tributaria para que sea posible identificar a los evasores y prevenir la corrupción.

En el camino hacia sistemas tributarios más justos, sin embargo, hay que recordar que los impuestos alteran las decisiones de personas y empresas. Los costos de eficiencia de la tributación aparecen cuando algo que queríamos que ocurra no sucede. Actividades que no se realizan o se realizan de manera distinta. Son costos que deben minimizarse de manera que sea coherente con los demás objetivos de la sociedad.

MARCELA MELÉNDEZ

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