Retos y desafíos de la seguridad en Colombia

Los bogotanos aplaudimos la diligencia con la que el alcalde Carlos Fernando Galán comenzó su mandato, al convocar a la Policía y autoridades en consejos de seguridad para hacer la taxonomía de amenazas que enfrenta la ciudadanía y trabajar una estrategia que devuelva la seguridad perdida. La estrategia Bogotá Camina Segura y sus 11 áreas de acción operacionales, diseñada con el general Gualdrón, hacía falta y producirá resultados.

Similar noticia recibimos de los alcaldes de Cartagena, Cali o Medellín y en varios casos los anuncios de trabajar con los gobernadores para devolver la seguridad a algunos departamentos, como sucede en el Valle, Antioquia y Cundinamarca. Sin embargo, la necesidad urgente de una estrategia de seguridad requiere más. Ese liderazgo local es indispensable, pero también necesita del compromiso del Presidente y sus ministros de Defensa y Justicia para contener el crimen.

La Política de Seguridad Democrática, que diseñamos bajo liderazgo del presidente Uribe, se basó en una prospectiva que identificó múltiples riesgos internos y externos para la seguridad nacional y de los ciudadanos y estableció estrategias detalladas para su mitigación, mejorando la presencia del Estado en todo el territorio. En aquel momento, ello representó el crecimiento de la Fuerza Pública, lo que, aunado al apoyo recientemente obtenido por el país gracias al Plan Colombia del presidente Pastrana, permitió cerrar espacios a los criminales y mostrar indicadores de reducción de las distintas modalidades del crimen.

La correcta interpretación del contexto y el diseño estratégico de la política que entonces compartimos con todos los sectores políticos y sociales del país generó un respaldo inmediato al aumento del pie de fuerza, insuficiente para la época, lo que, aunado a medidas estrictas de transparencia y centralización de compras en la gestión presupuestal, permitió avanzar en negar espacios a los terroristas.

Así, en menos de 4 años se aumentó el 32 % del pie de fuerza y se disminuyeron los homicidios, secuestros, homicidios colectivos y atentados terroristas contra la infraestructura. Para el 2010, con solo 22,5 billones de pesos asignados al sector, se devolvió la esperanza a los colombianos, se aumentó la moral a la Fuerza Pública y se recobró la confianza de la sociedad.

Sin embargo, en los años siguientes, la capacidad operativa de las fuerzas se transformó. Aunque las asignaciones presupuestales se mantuvieron, la lucha contra el narcotráfico perdió su eficacia, de suerte que creció el área sembrada en coca, hasta llegar a 250.000 hectáreas aproximadas en 2023, lo que era impensable a comienzos de este siglo.

En contraste, el año pasado, con una asignación de 48,3 billones, existe la percepción a nivel nacional de que el pie de fuerza es insuficiente y no se conoce una estrategia de expansión de las fuerzas. La pregunta es si podrá el Gobierno, con el tamaño actual, atender las necesidades de más Fuerza Pública en ciudades, municipios y algunos corregimientos estratégicos, como tampoco se conoce una propuesta a EE. UU. para aprovechar nuestra privilegiada condición de aliado estratégico no miembro de Otán que obtuvimos en el gobierno anterior y, lamentablemente, vemos la tensión en relaciones con aliados históricos como Israel.

El deterioro de la seguridad muestra la necesidad de más estrategia y claridad sobre el tamaño de la Fuerza Pública requerida, el aumento de sus capacidades y la urgente articulación con la justicia y con la sociedad para dotarla del apoyo que permita una estrategia integral y eficaz contra el crimen y la impunidad en Colombia. Ese es el principal ingrediente de una paz total sin impunidad que todos los colombianos sin distinción queremos y merecemos.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ

Exvicepresidenta de Colombia

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