Un gobierno en negación

Una tras otra, escandalosas revelaciones muestran un entorno presidencial lóbrego, con reiteradas versiones sobre multimillonarias sumas en efectivo, cruce de cuentas entre altos funcionarios en tono de ‘vendetta’, y el suicidio –bastante grave, aun si no es asesinato– de un coronel adscrito a la seguridad presidencial, y que sabía demasiado. Ante eso, preocupa el tono de la respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Abunda la negación. A propósito de los tres mil millones de pesos en efectivo que, según un testigo muy cercano al fallecido coronel Óscar Dávila, desaparecieron de la casa de la mano derecha del Presidente, Laura Sarabia, y que –dice la fuente– no eran de ella sino de su jefe, Petro niega, de modo categórico, que alguna vez haya visto esa “cantidad de dinero”.

Olvida el mandatario el video de sus tiempos de alcalde de Bogotá, donde cuenta fajos de decenas de millones de pesos injustificados, y los mete sin asco en una chuspa. Y olvida también que, por la divulgación que ha hecho de sus declaraciones de renta para cumplir la ley, sabemos que él y su esposa conforman un hogar muy acomodado, con un patrimonio que no está tan lejos de ese monto.

Y olvida que, según testimonio de su exnuera, Day Vásquez, su hijo Nicolás Petro recibió, en tiempos de campaña, 1.600 millones de pesos de sombríos personajes. Y también olvida que, en los audios que le envió a Sarabia, el exembajador en Caracas, Armando Benedetti, menciona aportes no declarados a la campaña petrista por 15.000 millones.

Son fuertes indicios de lo normal que ha sido, en la cúpula petrista, el manejo de multimillonarias sumas. Que Petro quiera aparecer como un colombiano de clase media incapaz de imaginar esa cantidad de dinero es una muy poco creíble negación de la evidencia.

Otro mal síntoma de la defensa del Gobierno es el ataque a los medios. Culpar al mensajero por el contenido del mensaje hace parte de la negación. Y si además hay amenazas, peor, porque implica el deseo de querer silenciar a los periodistas.

Un buen ejemplo es la invitación de Betsy Andrade, asesora de la Agencia Jurídica del Estado, a que el Presidente emprenda acciones –no especifica de qué tipo– contra ‘Semana’ y contra su directora, Vicky Dávila. Además de hacerlo en un trino con pésima sintaxis, en Andrade es evidente su falta de conocimiento jurídico y hasta de sentido común.

Las agresiones y los seguimientos de los bodegueros gobiernistas contra otra colega, Camila Zuluaga, confirman la tentación petrista contra la libertad de prensa. El discurso presidencial del 6 de junio y las pancartas de los manifestantes ese día contenían ataques y amenazas a los medios.

También es negacionista el rechazo de algunos funcionarios, y del llamado ‘abogado del régimen’, Miguel Ángel del Río, a colaborar con la Justicia. El controvertido penalista que recibió 50 millones en efectivo del coronel Dávila, horas antes de la muerte del oficial, se negó a ir a la Fiscalía a declarar.

El capitán Carlos Correa, involucrado en las chuzadas a la niñera de Sarabia, sí asistió a la citación –por cierto, en compañía de Del Río, su abogado–, pero se negó a hablar. Y en cuanto a otro citado a la Fiscalía, el jefe de la casa militar de la Presidencia, coronel Carlos Feria, sobre quien pesan muchas dudas, se excusó y tampoco ha ido.

¿Por qué sabotear las tareas investigativas de la Fiscalía? ¿Dónde quedó la obligación de abogados y funcionarios de cooperar con la Justicia? Este silencio parece intencional y coordinado, y resulta más que sospechoso.

Como es sospechoso todo el cuadro negacionista del Gobierno frente a los graves cuestionamientos éticos y de corrupción que, bueno es recordarlo, han surgido más de peleas internas del petrismo que de ataques opositores. La forma como un acusado se defiende dice mucho de su culpabilidad.

MAURICIO VARGAS

(Lea todas las columnas de Mauricio Vargas en EL TIEMPO aquí)