El ‘conejo’ de las Farc

He repetido –y lo sigo creyendo– que hace siete años, cuando el presidente Juan Manuel Santos sentó a sus delegados en la mesa de La Habana para negociar con las Farc, hacía una apuesta correcta: una guerrilla que había sido derrotada militarmente pero no estaba aniquilada era buena candidata a dejar las armas por la vía de un acuerdo. Pero, con el paso de los años, los líderes de las Farc entendieron que Santos tenía afán por firmar y le sacaron, en la mesa, mucho más de lo razonable.

Fue así como obtuvieron una justicia especial, la JEP, donde pueden librarse de la cárcel por crímenes como secuestros, masacres, y reclutamiento y abuso de menores, a cambio de confesar unas verdades generales. Aun así, asumieron cuando menos dos grandes compromisos: dejar las armas y aportar cientos de miles de millones para resarcir a las víctimas de su guerra.

En cuanto al primer punto, tres cuartas partes de la tropa ‘fariana’ abandonaron las armas, y los frentes donde operaban desaparecieron. El resto integra hoy bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y, para asegurarse su dominio en numerosas zonas, mata a líderes sociales opuestos a su comportamiento mafioso, al igual que lo hacen las bandas herederas del atroz paramilitarismo.

Un puñado significativo de líderes, entre ellos el número dos de esa guerrilla, alias Iván Márquez, además del ‘Paisa’, ‘Santrich’ y ‘Romaña’, se han apartado del acuerdo, lo han incumplido y no se han presentado ante la JEP (que los trata con escandalosa benevolencia). Metidos hasta el cuello en el narcotráfico, resultaba iluso pensar que se volvieran buenos ciudadanos.

Pero hay un segundo incumplimiento que me parece mucho más grave: la plata para las víctimas. Un reporte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), divulgado esta semana por Caracol Radio, resulta desolador. Un poco de historia: con un decreto de 2017 que reglamentaba ese aspecto de los acuerdos, y un fallo de la Corte Constitucional del mismo año, quedó en claro –mucho ojo– que los ex-Farc no podían obtener los beneficios del acuerdo si no resarcían a las víctimas con la entrega de la inmensa fortuna que los frentes de esa guerrilla acumularon por décadas.

Para cumplir con ello, las Farc presentaron una declaración de sus activos por 964.000 millones de pesos. Y, aunque eso era muy inferior a los cálculos del gobierno Santos, que medían la fortuna de las Farc en unas ocho veces más, al menos era un principio. La realidad ha resultado muchísimo peor. La SAE solo ha podido convertir en dinero en efectivo unos 24.000 millones de pesos de esos bienes, apenas el 2,5 por ciento del total.

Las explicaciones de los exguerrilleros se mueven entre lo ridículo y lo cínico. De los 12.000 millones en efectivo que las Farc declararon, solo entregaron poco más de 2.000 millones, pues –alegan– 4.300 millones se los quedaron las disidencias y más de 5.200 millones fueron incautados por el Ejército. De las 24.500 cabezas de ganado reportadas, las Farc dicen que casi 15.900 desaparecieron. En cuanto a los 722 bienes inmuebles declarados, ¡solo han aparecido ocho! Además, parte de la fortuna informada está representada en armas que no pueden ser vendidas, y en carreteras que las Farc dicen haber construido y que tampoco se pueden monetizar.

Entre tanto, los jefes del hoy partido Farc ya recibieron sus curules en el Congreso (con sueldo y demás prebendas), los excombatientes ya han obtenido millonarias ayudas económicas y, en materia judicial, la JEP los trata como si fueran angelitos. Lo único claro es que a las víctimas no las resarcirán los victimarios, sino los contribuyentes. ¿En algún momento, semejante ‘conejo’ de las Farc con las víctimas va a implicar la pérdida de estos beneficios?

MAURICIO VARGAS