Menos comandos conjuntos: más coca

Preocupa el objetivo detrás de la decisión del Gobierno de desmantelar los comandos conjuntos de las Fuerzas Militares, a pesar de que hay un comunicado de prensa minimizando el hecho, para afirmar que "seguirán siendo parte vital de la institución" y que "la reforma adelantada busca el fortalecimiento de las capacidades de cada fuerza individual".

El país hoy enfrenta, como en sus peores épocas, multiplicidad de amenazas a la seguridad de los ciudadanos y la seguridad nacional, en parte por la expansión cerca de nuestras fronteras del área sembrada de coca, cuyas proyecciones, luego del informe de la ONU, llegarían a 350.000 hectáreas este diciembre, sin contar el aumento previsible por el anuncio presidencial ofreciendo a los campesinos que el Gobierno comprará la coca sembrada.

Hoy, como a comienzos del siglo, necesitamos aprovechar los resultados de la cooperación brindada desde el Plan Colombia y con la membresía de la Otán desde el 2017, usando la experiencia acumulada, que demuestra los beneficios exponenciales de la interoperabilidad y la transferencia de tecnología y conocimiento que nos sirvieron en el pasado para debilitar las capacidades de los grupos criminales de Colombia. La decisión del ministro de Defensa y del Presidente preocupa a los militares y a quienes conocen las amenazas que se ciernen sobre Colombia, pues a partir de la fecha se produce un vacío profundo en la seguridad nacional.

Los comandos conjuntos, iniciados a comienzos del 2003 con la Seguridad Democrática y en el marco del Plan Patriota, han sido fundamentales para un sistema integrado de operaciones militares que durante estos años se desarrolló mientras se debilitaban las estructuras criminales, gracias al aumento de misiones criticas especializadas y operaciones en zonas de conflicto prioritarias con las Fuerzas de Tarea Conjunta como unidades operativas.

La integración de comandos conjuntos obedeció a la necesidad de lograr el mejor aprovechamiento de capacidades especializadas de cada fuerza y su potenciación mediante la complementariedad y coordinación de esfuerzos de inteligencia conjunta, esencial para procesar y compartir información operable en los territorios más afectados por las estructuras criminales, que coinciden con aquellos dominados por el narcotráfico y sus eslabones. Esos comandos permiten sincronizar acciones en los niveles táctico y estratégico, pero al desmantelar su estructura el Gobierno reduce deliberadamente la sinergia y optimización que se venían dando al presupuesto de las tres fuerzas, para evitar duplicidades innecesarias y costosas.

Desmantelar la estructura estratégica que construimos en 25 años significaría la imposibilidad del Ejercito para actuar eficazmente en los ríos de Colombia, por no contar ya con las capacidades de la Infantería de Marina, o dejar de hacer operaciones de ataque aéreo por no tener apoyo de la Fuerza Aérea, salvo que en su presupuesto se incrementen las partidas para comprar lanchas y aviones nuevos al Ejército.

Fragmentar los comandos restará contundencia y efectividad operacional, volviendo treinta años atrás en la planeación y conducción de operaciones de nuestras Fuerzas Militares, que se modernizaron y fueron exitosas pese a la complejidad de la criminalidad que enfrentamos, hasta el punto de desarrollar una doctrina vanguardista con la cual compartieron experiencias e instrucción a otras fuerzas militares de la Otán sobre recuperación del control territorial y mejorar la protección de la población a merced de organizaciones delictivas. No en vano, el desmonte de los comandos conjuntos ha sido un pedido constante de los criminales en las negociaciones de paz y, por supuesto, en la 'paz total'.

Las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega, Titán, Hércules y Quirón, el CCOES y los comandos específicos en Caguán, Oriente y Cauca optimizaron la capacidad de nuestras fuerzas para evitar la mayor expansión del narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo, con cifras históricas de incautación de 700 toneladas anuales promedio y evitando la producción de cerca de 1.700 toneladas de pasta de coca. Toda esa mejora se estancó con el cese bilateral.

Desde el inicio de este gobierno, la reducción de más de 20.000 efectivos y la devolución de 800.000 millones de pesos de presupuesto por el ministro explican el alarmante deterioro de nuestra capacidad militar, con la caída sin precedentes de seis helicópteros y varios muertos en un corto período. Hoy tenemos de nuevo territorios clave en control de los criminales y, gracias a la 'paz total', el país observa impotente el aumento del poder del Eln y “disidencias” de las Farc, expandiendo su control a cientos de municipios en 2024 y elevando la violencia contra la ciudadanía.

No es una simple reorganización istrativa, sino la desarticulación de la estrategia de seguridad e inteligencia, que tendrá nefastas consecuencias en la planeación, suministros y gestión de capacidades operacionales de las Fuerzas Militares, justo cuando necesitamos un esfuerzo integrado y eficaz para proteger a los colombianos y la integridad del territorio.

Esta decisión es un paso en extremo peligroso que el Gobierno debe reconsiderar, so pena de mayores amenazas a la seguridad de los colombianos que nos pueden llevar a un caos total.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ

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