Meritocracia vs. inclusión: el falso dilema

Las políticas recientes en Estados Unidos, como las órdenes ejecutivas de Donald Trump para restringir programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), reabrieron un importante debate sobre si es posible conciliar la meritocracia con la inclusión. Estas medidas, justificadas en la necesidad de priorizar el mérito sobre "cualquier otra consideración", ignoran las barreras estructurales que perpetúan desigualdades de género, raza y clase social. En contextos como el colombiano, hablar de meritocracia sin políticas de DEI no es realista: nuestras desigualdades históricas exigen medidas que aseguren que todos compitamos en igualdad de condiciones.

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En Colombia, las cifras reflejan estas brechas. Según el Dane, solo el 48 % de las mujeres participaban en el mercado laboral en 2022, frente al 70 % de los hombres. Además, las mujeres dedican tres veces más tiempo que ellos al trabajo no remunerado, como el cuidado de hijos y personas dependientes, lo que reduce significativamente sus posibilidades de a educación, empleo y liderazgo. Estas dinámicas generan barreras estructurales que no se superan únicamente con esfuerzo individual; se requieren políticas activas y programas específicos que reduzcan estas inequidades de raíz.

El sector privado es clave en esta tarea, no solo como promotor de cambios internos, sino como un motor de transformación social. Programas como Mujeres en Juntas Directivas, liderados por el Cesa, han incrementado la representación femenina en juntas directivas en más del 30 % en grandes empresas. Sin embargo, este avance no es suficiente. La brecha salarial en Colombia, que sigue siendo del 12 %, y la limitada representación femenina en cargos directivos, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología y las finanzas, evidencian que aún queda mucho por hacer.

Para que las políticas de DEI sean efectivas, las empresas deben integrarlas como un pilar estratégico. Ejemplos como el programa Women in Tech de Microsoft han mostrado resultados concretos al combinar mentorías, becas y formación técnica, incrementando la representación femenina en tecnología. En Colombia, iniciativas como las certificaciones Aequales han sido clave para promover capacitaciones sobre sesgos inconscientes, que han logrado cambios significativos en las culturas organizacionales, fomentando liderazgos inclusivos y abriendo espacios para la diversidad en la toma de decisiones.

El impacto del sector privado sería limitado sin políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales. La economía del cuidado, eje de estas inequidades, requiere soluciones que trasciendan el ámbito doméstico. Un ejemplo es el programa Manzanas del Cuidado en Bogotá, liderado por Diana Rodríguez Franco, que concentra servicios de cuidado infantil, educación y formación para mujeres cuidadoras, aliviando las cargas del trabajo no remunerado. Ubicadas estratégicamente en áreas vulnerables y con a transporte público adaptado, estas manzanas facilitan que las mujeres accedan a oportunidades laborales y personales. Este modelo, práctico y replicable, necesita subsidios estatales, incentivos fiscales para empresas y cofinanciación público-privada, junto con mecanismos de monitoreo que evalúen su impacto en la reducción de brechas de género y mejoras en la calidad de vida.

El cambio cultural es otro pilar indispensable para lograr un progreso real. Desde la educación básica, es fundamental integrar la perspectiva de género y normalizar la representación femenina en roles de liderazgo. Asimismo, los medios de comunicación deben visibilizar el éxito de las mujeres en diferentes ámbitos, contribuyendo a redefinir los estereotipos que limitan sus aspiraciones.

La meritocracia y la DEI no son opuestos, sino complementos necesarios para construir una sociedad equitativa y productiva. En Colombia, apostar por la inclusión no solo corrige desigualdades históricas, sino que también potencia el desarrollo económico al aprovechar el talento de grupos tradicionalmente excluidos. Sin embargo, este objetivo requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado, las políticas públicas y un cambio cultural profundo. Construir un país más justo e inclusivo no es un lujo ni una meta lejana; es una necesidad inmediata. Una estrategia que combine inclusión y meritocracia puede sentar las bases de un desarrollo sostenible donde cada persona tenga las mismas oportunidades para crecer y contribuir.