Navegando sin instrumentos en el sector educativo

Durante los últimos años del siglo XX y los primeros 14 o 15 años del XXI, Colombia construyó capacidad de seguimiento a los progresos y retrocesos de los colegios y los estudiantes. Todo esto se hizo de forma decisiva y técnica, con mejoras progresivas atendiendo a las necesidades del sector. Sin embargo, en la segunda mitad de la segunda década de este siglo, todo esto parece haber cambiado. Uno de los hitos de esta capacidad fueron las pruebas Saber 3, 5 y 9 del Icfes, en donde también hubo avances importantes y luego retrocesos.

Las pruebas Saber 3, 5 y 9 nacieron al final del siglo XX y mejoraron de forma acelerada desde su inicio con planes de mejoramiento que trascendían a los gobiernos. Inicialmente, eran pruebas muestrales y controladas; eran personas externas a los colegios las que hacían toda la istración para evitar que los profesores ayudaran a los estudiantes a contestar. Luego se pasó a una prueba censal istrada por los colegios, con una muestra que seguía teniendo aplicación muestral controlada; se hizo censal para poder dar resultados a nivel de colegio y se mantuvo el componente controlado para no perder de vista la posibilidad de que los profesores estuvieran ayudando a sus estudiantes a responder la prueba. Los resultados eran a nivel de colegio y, para esto, era necesario –ante los costos de una prueba censal controlada– que fuera controlada solo para una muestra.

En 2016, el paso que faltaba era permitir hacer seguimiento a los cambios en el aprendizaje durante las trayectorias educativas, y había avances para lograrlo en esa dirección. Pero justo cuando el Icfes estaba listo para eso, en 2017, frenó en seco y empezó a echar reversa. No es claro qué pasó, pero las pruebas dejaron de tener apoyo del Ejecutivo. Algunos dicen que la razón es que los recursos se necesitaron para financiar la nueva prueba de ascenso de los maestros pactada con Fecode en ese gobierno. Otros decían que era el fin del ciclo de las pruebas 3, 5 y 9 y que la pausa era para hacer una evaluación. Ninguna de las dos cosas salió bien; no hubo evaluación de las pruebas (tampoco era claro por qué era necesario pausarlas para evaluarlas), y la prueba de ascenso se hizo solo una vez y nunca se evaluó la misma prueba.

Ninguna de las personas que ha ocupado la cabeza del ministerio desde el 2016 defendió las pruebas Saber 3, 5 y 9 que permitían tener resultados a nivel de colegio. Lo que sí pasó es que empezó una crisis en el Icfes que ha durado años. Hoy las pruebas existen, pero son muestrales; el muestreo es regional, no permite tener resultados a nivel de colegio, ni siquiera de municipio (de acuerdo con información de la página web del Icfes, en la prueba de 2023 solo participan estudiantes de 267 municipios del país). Es tan serio el problema que un departamento no puede separar los resultados de estudiantes de municipios descentralizados de los no descentralizados; esto es crítico porque los municipios descentralizados y sus departamentos tienen Secretarías de Educación diferentes.

Hoy un colegio o un municipio solo puede saber si sus esfuerzos por mejorar los aprendizajes de sus estudiantes están funcionando cuando llegan los resultados de las pruebas Saber 11 (que es lo mismo que no saber nada, porque esto es claramente muy tarde). ¿De qué le podría servir a la Secretaría de Educación de Medellín saber si los resultados de los estudiantes de Antioquia mejoraron o empeoraron? ¿Cómo puede orientar la política pública la Secretaría de Norte de Santander si no puede tener información separada de los resultados en Ocaña y en Bochalema? ¿A quién le atribuimos los cambios en el aprendizaje en Cundinamarca si hay 10 Secretarías de Educación en el departamento o en sus municipios descentralizados?

Algunas ciudades están considerando montar sus propios sistemas de seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes, pero esto no es aceptable. El esfuerzo tomaría años; además, generaría nuevas brechas porque esta opción solo está al alcance de los municipios más grandes o de los colegios con más recursos.

Colombia necesita pruebas Saber confiables que den información a nivel de colegio y que permitan ver cómo cambian los aprendizajes en las trayectorias educativas. Este no puede dejar de ser un objetivo a largo plazo del sistema educativo. Es un objetivo que involucra esfuerzos de muchos gobiernos. Lo mínimo a lo que podemos aspirar es a tener pruebas que den resultados a nivel de colegio, porque estábamos cerca de eso en 2017 y porque el país ya tiene esa capacidad. El Icfes requiere atención, presupuesto y una istración que lo vuelva a poner en una posición en la que pueda servir a los intereses de mejora de los más vulnerables en Colombia.

El problema no se puede atribuir únicamente a este gobierno; es resultado de tres gobiernos consecutivos que no han asegurado el financiamiento adecuado del Icfes. Los gobiernos anteriores ponían en la dirección del Icfes a personas con capacidad técnica para cumplir la labor misional de la institución. En este gobierno no hay financiación para las pruebas y, encima de eso, ha faltado cuidado y respeto al carácter técnico del Icfes. Por un lado, es el primer gobierno en este siglo en el que un director o directora del Icfes tiene que renunciar a su cargo por razones políticas.

Por otro lado, en la actual istración se dejó de asegurar la idoneidad técnica de los funcionarios de la entidad. Los técnicos que trabajaban en el Icfes y que entendían el problema de la medición de aprendizajes han ido saliendo y no son reemplazados por otras personas con esas capacidades. Pero de un gobierno que quiere el cambio se esperaba algo diferente; el cambio en educación requiere información que permita saber cuáles son las estrategias que funcionan para mejorar la calidad de la educación.

Parece ser que otra de las oportunidades perdidas de este gobierno es en la educación; uno de los lugares en donde más se ha oscurecido es en el Icfes, donde no se ha hecho nada por retomar el camino para volver a tener información útil que reduzca las desigualdades educativas que han aquejado a este país por muchas décadas.

DARÍO MALDONADO

Escuela de Gobierno Universidad de los Andes