¿Pasará algo con la financiación ilegal?

Con la noticia de la investigación de dos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, avalada además por la providencia del Consejo de Estado que autoriza al organismo para investigar istrativamente la campaña presidencial, se ha vuelto a poner al rojo vivo el tema de la financiación ilegal de las campañas políticas ahora no solo por pérdida de investidura, sino por sus efectos penales.

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Desde hace varios años, son múltiples las denuncias ciudadanas del derroche de dinero en las campañas sobre todo al Congreso, asambleas, gobernaciones y alcaldías, lo que obviamente distorsiona la voluntad popular. Es común oír de personas que invierten, por ejemplo, miles de millones para hacerse elegir en cargos en los cuales durante los cuatro años van a ganarse apenas el treinta por ciento o menos de lo que ‘invirtieron’. La gran mayoría de ese dinero circula principalmente en efectivo, como lo ha venido denunciando el periodista Juan Lozano. Y, desde luego, el asunto ha escalado cuando se trata de campañas a la presidencia, como en el caso Odebrecht o ahora con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez en el 2022.

Para evitar que eso ocurra, el Estado financia las campañas políticas sin prohibir aportes adicionales de los particulares. Como parte de esa financiación, asume la reposición de gastos electorales de acuerdo a la votación alcanzada y siempre y cuando se supere el umbral de participación, que ha oscilado entre el tres y el cinco por ciento del censo electoral. Como contrapartida se fijaron unos “topes” de gastos para los candidatos.

Como suele ocurrir en Colombia, hubo muchas reformas constitucionales y legales regulando la materia. En ellas se establece que volarse los topes –evadiendo, por ejemplo, registrar todos los gastos al órgano electoral– es sancionado con la pérdida de investidura del elegido, desde concejal hasta Presidente de la República. A partir del 2017 existe responsabilidad penal no solamente para los de la campaña, sino para el elegido, como beneficiario de la ilegalidad. Además, hay otro elemento penal, pues, para que el Estado reponga los gastos electorales –que en el caso de las campañas presidenciales son muchos miles de millones–, el beneficiado debe demostrar que no superó los topes, lo que supone registrar absolutamente todos los gastos.

Si se produjo la omisión y a pesar de eso logra que el Estado reponga un dinero al que no tendría derecho, cometería el delito de fraude procesal sancionado con pena privativa de la libertad.

Ahora, de acuerdo con lo que se conoce de la investigación adelantada por el Consejo Electoral –hasta ahora solo avalada por la ponencia de dos de sus nuevos magistrados– y las revelaciones de Daniel Coronell en La W, habría serios indicios de violación de los topes en la campaña que llevó a Petro a la presidencia tanto en la primera como en la segunda vuelta, con consecuencias istrativas e incluso penales, tanto para el gerente de la campaña como para el propio jefe del Estado. En el caso del primero, la competencia es del Consejo en el tema istrativo y de la Fiscalía General en materia penal.

Sin embargo, el sistema está dado para que, antes y ahora, no se puedan adelantar investigaciones estrictas e imparciales. No se puede poner en duda la rectitud de quienes integran el Consejo Nacional Electoral. Pero su origen y composición política –como está en la Constitución– llevarían a que unos magistrados tendrían que declararse impedidos por ser partidarios del Presidente, y otros, por ser sus contradictores políticos.

Lo mismo ocurre en la Comisión de Acusación, en donde los son amigos o enemigos políticos del eventual acusado. En el caso de Rojas Pinilla, hasta cierto punto, el proceso prosperó porque los jueces eran los congresistas del Frente Nacional, sus enemigos políticos; y más recientemente, en el caso del expresidente Samper en 1996, por la preclusión votaron sus amigos políticos y por la continuación del juicio sus enemigos.

Con este sistema bloqueado, el país no puede esperar resultados producto de juiciosas investigaciones, pues todo dependerá del cristal político. En la Fiscalía o en la Corte Suprema el tema podría llegar a ser diferente.