¿En qué país piensan vivir?

Al Departamento Nacional de Planeación (DNP) le pasa lo que al Partido Comunista y a la Iglesia católica. No logran adecuarse a los tiempos que viven. Por más que se propongan mantener actualizadas sus estructuras, parecen estar condenados a quedar rezagados con respecto a la exigencia de cambio que se les plantea.

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Con la expedición de los decretos 183 y 184 del 30 de diciembre pasado, el DNP volvió a perder una oportunidad de oro para convertirse en el puntal de desarrollo sostenible que tanto se necesita. Antes que dar forma a una entidad que responda a los retos de hoy, y a las apuestas estratégicas hechas por el Gobierno en escenarios internacionales, estos decretos no hacen otra cosa que propiciar una estructura orgánica y funcional dispersa, desequilibrada y desproporcionadamente grande, que parece más adecuada para los años 60 y 70 que para estos días. ¿Quieren un ejemplo?

El más grande desafío que enfrentan los gobiernos del mundo es el cambio climático. La mayor parte de ellos han acordado como prioridad mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la ‘neutralidad de carbono’ en el año 2050 y adaptar los sistemas productivos, urbanos, energéticos, sociales a los ya reales y crecientes efectos del cambio climático. ¿Cómo preparar a las comunidades, las ciudades, la agricultura, el transporte, o los sistemas de generación de energía, para enfrentar la volatilidad e incertidumbre climática? ¿Cómo asegurar que las economías no se hundan ante los desastres naturales y que los más vulnerables no sean los más afectados por el cambio climático y la transición energética?

Mientras que el presidente Duque publica el libro El camino a cero, que revela la estrategia y traza la ruta que institucionalmente debe seguir el país para lograr una acción climática que, además de la mitigación y adaptación, pueda asegurar una transición energética eficiente y socialmente equitativa, la reforma del DNP (que debía ser la entidad estratégica en la conducción de semejante desafío) apenas crea una subdirección de "cambio climático y gestión del riesgo", como si se tratara solo de atender inundaciones y derrumbes.

La acción climática necesaria es de tal magnitud que se requieren unos instrumentos y una institucionalidad que garanticen la toma de decisiones eficaces de política pública y la asignación eficiente de recursos, así como la coordinación de todas las entidades claves en el desarrollo de la tarea. Este desafío, como mínimo, debe involucrar y responsabilizar a los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Transporte, Vivienda, Ambiente, Salud, Comercio e Industria. Y en las regiones, estamos ante la necesidad de generar una capacidad técnica y operativa de las entidades que controlan y regulan los usos del suelo, el desarrollo sostenible y la conservación del territorio.

¿Quién si no el DNP debería ser la entidad a la que le corresponde asumir el liderazgo para sacar adelante la tarea? No solo porque puede convocar y propiciar la coordinación de estos ministerios. También, y sobre todo, porque el 60 % de las emisiones de gases tienen origen en el sector rural, el 30 % proviene de sector energético (incluidos el transporte y el consumo de combustibles líquidos) y el 10 % restante, de los sectores industriales y de saneamiento. Y allí puede actuar.

Los compromisos adquiridos por el presidente Duque en Glasgow y la ruta trazada en su libro no se pueden quedar en palabras. Así como ocurrió en 1992, cuando la participación del Gobierno en el encuentro de Río de Janeiro llevó al DNP a diseñar una reforma que tuvo como consecuencia la expedición de la Ley 99/93, que transformó la arquitectura institucional del sector ambiental, ahora esperábamos que el DNP diera el primer paso para adecuar las instituciones para enfrentar el mayor desafío de estos tiempos. Pero no fue capaz. ¿No será hora de pensar en sustituir el DNP por un Ministerio de Asuntos Estratégicos, que de verdad piense el futuro y pueda trazar el camino al país en que quisiéramos vivir?

PEDRO MEDELLÍN