El Centro Latinoamericano de Atlas Network, una ONG que promueve la libertad económica, acaba de publicar un documento que debería servir para informar políticas públicas en el país. Hablo del ‘Índice de burocracia en América Latina 2021’, cuyas conclusiones, en el caso colombiano, no sorprenderán a nadie.
Pero primero las buenas noticias: no somos los peores. El estudio, que calcula el número de horas que emplean las empresas en llevar a cabo los trámites laborales, tributarios, regulatorios, etc., que deben realizar anualmente, se enfocó, en esta primera edición, en Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Venezuela. Los peor calificados, con 1.043 y 809 horas, respectivamente, fueron Venezuela, la patria de Hugo Chávez, y Argentina, la de Mafalda.
¿Por qué menciono a estos dos personajes? A Mafalda porque, hace 50 años, como si intuyera el camino que seguiría su país, bautizó una flemática tortuguita que le regaló su papá con el inmejorable nombre de Burocracia. Y a Chávez, porque no es coincidencia que los dos peores países sean justo aquellos en los que más ha durado el ‘socialismo del siglo XXI’ impulsado por él: un modelo de Estado hipertrófico, sujeto a una brutal concentración de poder, que conduce inevitablemente a la corrupción y el desorden. No sobra recordar que el precandidato que lidera las encuestas en nuestro país, así hoy lo niegue, alguna vez fue irador de ese modelo.
¿Y cómo le va a Colombia? Como en tantas otras cosas, nuestro país se ubica en una decepcionante medianía. Nuestras empresas dedican en promedio 524 horas al año a trámites varios, es decir, casi 66 jornadas laborales de 8 horas.
No es una cifra menor. En una empresa grande, con mensajeros y oficinistas especializados en tramitología, la carga quizá no duela tanto. Pero imaginemos lo que significa que una mipyme, con poco personal y capital –lo que describe a más del 90 % de las empresas del país–, tenga que dedicar 66 días al año a trámites inoficiosos. Todo un desperdicio de esfuerzo y recursos que podrían aplicarse en cosas más productivas. Y la inexperiencia en esos trámites es una barrera a la entrada de nuevas empresas al mercado; es decir, un factor de desempleo.
De hecho, llama la atención que casi la mitad de las 524 horas, el 45 %, estén relacionadas con la “istración del empleo”. El dato no sorprenderá a quienes hayan trabajado en un departamento de recursos humanos. Alguna vez en un pódcast dije en broma que se requiere un doctorado para cuadrar la nómina de una empresa colombiana. No exageré demasiado: solo quien conozca la dedicación que exige un programa doctoral o, en su defecto, un retiro budista de esos que enseñan a acallar el ruido de la mente tiene la paciencia y perseverancia necesarias para navegar por el mar de incapacidades, reembolsos de incapacidades, primas, reportes de accidentes, contratación de aprendices, días vacacionales, días de familia, fueros de estabilidad reforzada, licencias remuneradas o no remuneradas, tarifas diferenciales de horas extras, pagos de intereses de cesantías y demás pormenores que hay que dominar para que ocurra el milagro bimensual llamado ‘quincena’. A nadie debería permitírsele legislar sobre asuntos laborales hasta que demuestre ser capaz de calcular, sin errores, la nómina de una empresa mediana.
“Es crucial la implementación de una política que esté dirigida a modernizar el mercado laboral”, concluye el estudio. También, que se simplifique y agilice la interacción de los ciudadanos –no solo de las empresas– con el Estado. No se trata solo de eliminar trámites, como ha sido el énfasis de varios gobiernos, sino de fusionarlos, digitalizarlos, automatizarlos. ¿Qué candidato se le mide a incluir ese propósito en su programa?
THIERRY WAYS