Todos contra la corrupción

En materia punitiva el Código Penal colombiano tiene las penas más altas de Iberoamérica por delitos de corrupción: 23 años de prisión por peculado, 15 años por concusión y 12 por cohecho, que a su vez pueden acumularse en más de 40 años. En otros campos legislativos contamos con Código Disciplinario, estatutos anticorrupción, Estatuto de Contratación y leyes de control fiscal. Desde el punto de vista orgánico, Colombia tiene muchas instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción: la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las contralorías municipales y departamentales y las personerías, además de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para juzgar a los funcionarios aforados.

Muchas personas decían que el problema de la corrupción era de los partidos políticos y que cuando la izquierda y los independientes llegaran al poder todo cambiaría. Parece ayer cuando quienes hoy están en el poder mencionaban casos como Dragacol, las marionetas o Foncolpuertos, como si fuera un problema de los políticos tradicionales. Sin embargo, los recientes escándalos demuestran que el problema no es de uno u otro partido, sino, como explica Brooks, de un sistema de aprendizaje, anomia y banalización de la corrupción.

El índice de percepción de la corrupción lo demuestra: Colombia ocupa un para nada honroso puesto 87 de transparencia, el cual se ha mantenido estable en las últimas décadas sin que se noten diferencias entre gobiernos. No se trata de partidos o regiones. Lamentablemente, la corrupción es generalizada en todo el país.

Ante un panorama tan complejo es necesario ver qué han hecho otros países para salir de esta situación. El país que ha tenido una mayor evolución en la percepción de la corrupción fue Singapur: uno de los países más corruptos del mundo pasó al 5.º puesto en transparencia. Uno de los principales autores del cambio fue Bertrand de Speville, quien en su libro ‘Superando la corrupción’ menciona una estrategia en la que destaca la transparencia de toda la información pública, la rendición de cuentas permanente a la ciudadanía, educación contra la corrupción, monitoreo a través de un sistema de ‘compliance’ y el establecimiento de procesos sencillos para sancionar la corrupción.

El país debe conminar a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia a que realicen una investigación profunda y den resultados rápidamente en relación con el escándalo de la UNGRD para que no exista impunidad y se indemnice a las víctimas. También debe exigirse la responsabilidad política del Gobierno igual que el presidente Petro lo exigía en el caso de Centros Poblados, que comparado con la corrupción de Olmedo es un juego de niños.

La conclusión de lo que está pasando en Colombia es sencilla: la corrupción no es de los partidos tradicionales ni de los nuevos, más que una crisis económica se debe declarar una crisis moral, pero esa crisis es ignorada por el Gobierno y en muchos casos es provocada por él mismo.

P. D. En tiempos en los que la honestidad escasea, es necesario homenajear a los hombres públicos que han brillado por su integridad. Ningún legado es tan rico como la honestidad, y ese fue el legado de José Antonio Murgas.

LUIS FELIPE HENAO

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