¿Vientos de cambio?

Por estos días vienen resonando los ecos de un clamor nacional: el de reactivar la economía. Gobierno en pleno, gremios del sector productivo, opinadores, líderes sociales e, incluso, ciudadanos del común han coincidido en la necesidad de darle un nuevo aire a la dinámica económica del país. Los representantes de la banca, por ejemplo, en una salida audaz e inteligente, sellaron con el propio presidente Petro un acuerdo para otorgar 55 billones de pesos en créditos adicionales a los renglones de la vivienda, la manufactura, la industria, la agricultura y el turismo. Todo, justamente, en pro de la reactivación económica. De paso, aquel pacto conjuró las dudas que en su momento despertaron las denominadas inversiones forzosas.

Si se trata, entonces, de oxigenar la economía, resulta más que estratégico volcar la mirada, también, hacia el desarrollo de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y ferrocarrilera. Fedesarrollo ha señalado, en repetidas oportunidades, que cada peso invertido en obras civiles se traduce en un aumento de 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 pesos en salarios y 4,90 pesos en impuestos. No es un dato menor: es, a todas luces, el efecto multiplicador de un sector virtuoso y pujante.

El Gobierno acaba de entrar en el segundo tiempo de su mandato. Es decir que quedan por delante poco menos de dos años para dejar de lado desgastes innecesarios y enfocar mejor las energías hacia el buen desarrollo del sector. La llegada reciente de María Constanza García, a la cabeza de la cartera de Transporte, no solo ha tenido buen recibo entre los actores de la infraestructura, sino que, en efecto, ha enviado un parte de tranquilidad, en la medida en que se trata de una profesional con las credenciales suficientes para encarar los desafíos que se asoman por delante.

El reto, por ejemplo, de las vías terciarias o comunitarias, sin el cual difícilmente pueden progresar la economía campesina y el turismo. En el país hay alrededor de 142.000 km de vías terciarias. De ese gran total, cerca del 24 % está en mal estado, ya que, a lo largo de los años, no tuvieron ningún tipo de intervención. Hay que decir, además, que solo el 6 % está pavimentado. Lo anterior evidencia el gran trabajo que impone su mejoramiento y, en consecuencia, el significativo impacto que esto puede generar en la dinámica económica.

En materia de infraestructura social, es perentorio, de otra parte, construir una institucionalidad robusta que permita estructurar y operar, de manera eficiente, cárceles, hospitales o colegios. También se hace indispensable la concreción de nuevas fuentes de financiación como las regalías, que paradójicamente exhiben saldos billonarios sin ejecutar. Todo ello, sin perjuicio de que la valorización también puede funcionar como mecanismo complementario para apalancar obras ambiciosas.

Por otro lado, las denominadas vigencias futuras deben preservarse, como ya lo prevé el proyecto de presupuesto 2025, sin perjuicio de que puedan liberarse en algunos proyectos, que por razones de fuerza mayor no han avanzado. Es el caso, por ejemplo, de la vía Mulaló-Loboguerrero, que, en un futuro no muy lejano, debería, sin miramientos, ejecutarse mediante el modelo de APP.

El presupuesto de la seguridad jurídica es otro desafío insoslayable. Para salvaguardar la confianza de financiadores e inversionistas es imperativo actualizar el esquema tarifario de los peajes viales, bajo el entendido de que el incremento pendiente tendría una incidencia prácticamente nula en la inflación.

Por último, el Gobierno es consciente de la necesidad de aprovechar el alcance de las iniciativas privadas (IP) de infraestructura que se tramitan en la ANI, de índole aeroportuaria, vial y portuaria, en cuanto no comprometen recursos públicos.

Así, no cabe duda de que ese gran pacto nacional, cuyo eje articulador gira alrededor de la reactivación económica, cuenta con el sector de la infraestructura como aliado estratégico. Ya la historia ha probado con creces que la manera más eficaz de dinamizar las economías del mundo resulta de la asociación indisoluble del Estado y la inversión privada.

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

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