La denuncia del entrampamiento del que pudo ser objeto el fallecido dirigente de las Farc ‘Jesús Santrich’ es un asunto que debe ser revisado e investigado a fondo, ya que sus repercusiones históricas, políticas y sociales son de muy hondo calado.
De acuerdo con un artículo del periodista Alfredo Molano Jimeno, publicado el pasado fin de semana en la revista Cambio, la captura de ‘Santrich’ fue producto de un complot entre la DEA y la Fiscalía General de la Nación, durante la istración de Néstor Humberto Martínez, con el fin de minar la credibilidad del Acuerdo de Paz firmado entre la antigua organización guerrillera y el Estado colombiano, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El mencionado reporte está basado en un informe de 56 páginas de la Comisión de la Verdad, en el cual no solo se revelan detalles de cómo se llevó a cabo el siniestro plan, sino de las repercusiones que tuvo. Es evidente que el propósito de menoscabar la legitimidad del proceso de paz se logró por completo, pues mientras los críticos del acuerdo, basados en dicha “evidencia”, encontraron justificación a sus reparos, muchos de los que creían en el proceso se sintieron decepcionados por la conducta en que supuestamente incurrió ‘Santrich’ –cuyo nombre de pila era Seuxis Pausias Hernández Solarte–, quien fuera uno de los negociadores más radicales de la antigua guerrilla, en las conversaciones llevadas a cabo en La Habana.
La idea no es defender ni condenar a nadie, sino tratar de entender qué fue lo que ocurrió en ese oscuro y deplorable capítulo de nuestra historia reciente.
Según el documento citado por Cambio, “la operación de entrampamiento se valió de una histórica fractura entre Timochenko e Iván Márquez”, pues, como se recuerda, fue un sobrino de este, Marlon Marín, el que le puso el anzuelo a ‘Santrich’, quien se tragó enterita la carnada. Este episodio agudizó la escisión que había en la dirigencia de la guerrilla desmovilizada, lo cual no solo ocasionó el regreso de ‘Santrich’ a la clandestinidad, sino que “empujó a cientos de exguerrilleros a retornar a las armas y envió a la ciudadanía el mensaje de que el Acuerdo de Paz había fracasado”. Misión cumplida.
En medio de la polémica desatada por el artículo de Molano, el exfiscal reaccionó haciendo una solicitud pública al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, para conformar un “tribunal de honor” de tres –un sacerdote que haya sido provincial de la Compañía de Jesús; un exrector de la Universidad Javeriana y un exdecano de la Facultad de Derecho– para que establezca de una vez por todas “si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de ‘Santrich’, provenía o no de la Fiscalía”, tesis que es descartada de plano por Martínez Neira.
Aunque la anterior propuesta suene muy loable, lo cierto es que más allá del origen de la droga en cuestión, y tratándose de un caso de semejante magnitud, los llamados a esclarecer esta controversia y a definir responsabilidades son los jueces de la República, en sus diferentes instancias; no unos tribunales de honor, por muy respetables que sean sus integrantes.
Y para lograr ese propósito es indispensable que las autoridades competentes adelanten cuanto antes las investigaciones necesarias para esclarecer del todo, y a la mayor brevedad, un asunto tan espinoso, en el que aún quedan muchos cabos sueltos, empezando por el papel que ha jugado la Fiscalía General de la Nación, así como la actitud de Néstor Humberto Martínez frente a los acuerdos de paz, e incluso su relación institucional con el expresidente Santos, entre otros delicados temas.
Desde luego, aquí la idea no es defender ni condenar a nadie –pues para eso están los fallos de la justicia– sino tratar de entender qué fue lo que realmente ocurrió en ese oscuro y deplorable capítulo de nuestro pasado reciente. El país merece conocer los pormenores de esta historia.
VLADDO