Es, sin duda, una buena noticia para Bogotá y el país que el Tribunal Superior de Cundinamarca haya levantado la medida cautelar que tuvo frenada la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas. Esta planta está llamada a procesar el 70 por ciento de las aguas residuales que produce la capital y que hoy son vertidas sin tratamiento alguno al río Bogotá. Son cerca de 800 toneladas de residuos arrojadas cada día al afluente.
La decisión abre, además, una luz de esperanza en un contexto de escasez del líquido que ha acelerado el debate sobre alternativas hacia el futuro que le permitan a la región dejar de depender casi exclusivamente del sistema Chingaza, lo que implica someterse a los vaivenes de lluvias en una zona que, como el sistema de páramos de la cordillera Oriental, experimentará una disminución en los próximos años.
Hay que confiar en que la Nación otorgue el aval a una obra clave cofinanciada por la CAR, el Acueducto, el Distrito y la Gobernación.
Canoas es la segunda obra más ambiciosa que tiene en carpeta la Alcaldía de Bogotá, después del metro. Su historia se remonta a varias décadas atrás y desde que se echó a andar ha experimentado tropiezos de distinta índole. El más reciente, la citada medida, que abrió un compás de espera mientras la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) resolvía asuntos relativos a la estructuración financiera. Aunque esta ya está lista, la necesidad de una garantía soberana de la Nación llevó al tribunal a tomar la decisión, panorama que cambió luego de que la magistrada Nelly Villamizar le ordenó a la empresa continuar con el proyecto, insistiendo en la necesidad de la mencionada garantía, pero abriendo la posibilidad de que la EAAB “busque alternativas que no requieran garantía de la Nación”, y ahora se espera que esté terminada en un plazo de ocho años.
Hay que confiar en que el Gobierno Nacional otorgue dicho aval a una obra clave cofinanciada por la CAR, el Acueducto, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca. Pero es bueno saber que, si llegase a faltar, el Acueducto puede proceder. Y estamos ante una planta con un valor estimado de 5,8 billones de pesos que beneficiará a 20 municipios, recuperará el río Bogotá y puede terminar siendo pilar inesperado –o al menos no contemplado en su concepción– para una nueva y eficaz alternativa de proveer agua para la capital.
La posibilidad de utilizar las aguas tratadas del río Bogotá a la altura de Soacha toma cada vez más fuerza. Ya están en marcha proyectos piloto del Acueducto para que el recurso hídrico que salga de las plantas de tratamiento –por ahora solo opera la de Salitre– pueda ser reutilizado en la ciudad para fines distintos al consumo humano, como lo son los sanitarios y los de aseo. La circularidad en el uso del agua es una necesidad imperiosa. Cada vez más ciudades en el mundo logran implementar sistemas con este fin: que no se utilice en sanitarios y lavado de fachadas o riego –por mencionar dos ejemplos– agua apta para consumo humano.
Luego están el valor simbólico del río Bogotá y todo el impacto ambiental, social y cultural que puede generar en la región del Tequendama que el río deje de ser la vergonzosa cañería que hoy es y vuelva a ser fuente de vida, recreación y orgullo por una historia de redención que es hora de comenzar a escribir.