Las asambleas semestrales de la Sociedad Interamericana de Prensa son el termómetro indicado para medir el estado de la libertad de expresión en el hemisferio.
Luego de la última cita, que tuvo lugar en Salta (Argentina) la semana pasada, las noticias no son buenas. Es claro que este derecho fundamental ha conocido mejores tiempos en las Américas.
El documento que reúne las conclusiones de la reunión de esta entidad –que agrupa 1.300 publicaciones, incluida esta casa editorial– dibuja un panorama muy preocupante. El asunto que más debe alarmar es la cantidad de asesinatos de comunicadores ocurridos en los últimos seis meses. Treinta han caído este año, veinte en el último semestre. Nunca antes se habían registrado tantas muertes en un lapso así. “Ocho profesionales fueron muertos en México, siete de Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia –los colegas ecuatorianos del diario El Comercio asesinados por orden de alias Guacho– y uno en Nicaragua. Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente”, reza el texto.
No es halagador saber que, a juicio de la SIP, ‘sin duda,
ha aumentado
el afán por obstaculizar
la labor periodística'
Hechos violentos que han surgido de un ambiente cada vez más hostil contra la prensa. La asamblea, a partir de los informes presentados por cada país, dio cuenta de un aumento de las agresiones contra medios y periodistas, beligerancia algunas veces promovida desde los más altos cargos gubernamentales. “El cuadro que se va configurando es uno que busca impedir la libre actuación de los periodistas”, expresa el documento.
También se trató el asunto de las iniciativas legales que van en detrimento de la libertad de expresión, actualmente en trámite en ocho países, y el de las demoras en reglamentar las normas ya aprobadas que facilitan el a información pública. No es halagador saber que, a juicio de la SIP, “sin duda, ha aumentado el afán por obstaculizar la labor periodística”.
En medio de este tenso panorama, hay, por fortuna, hechos esperanzadores como los ocurridos en Ecuador, donde tras la salida de Rafael Correa de la presidencia se respiran aires más favorables para la libertad de expresión. El gobierno de Lenín Moreno plantea reformar la polémica ley orgánica de comunicación.
También hay que ver con optimismo la aprobación de la ‘Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital’, que sienta unas pautas fundamentales para que en los entornos digitales, este derecho fundamental no pierda vigor. Un elemento clave del documento es que fija, por primera vez, una posición clara frente al controvertido tema del derecho al olvido, señalando que sobre este prevalece el de los ciudadanos a informarse y a preservar la memoria colectiva.
Y es una buena noticia también la elección de María Elvira Domínguez, directora y gerente general del diario El País de Cali, como presidenta de esta organización. No pocos retos tendrá por delante, como se puede ver. Pero no hay duda alguna de sus capacidades y talante. La SIP queda en manos de un timonel idóneo en tiempos de vientos en contra.
EDITORIAL