Bucha, punto de quiebre

La matanza de civiles de Bucha, que quedó en evidencia tras la retirada de las tropas rusas de esta localidad cercana a Kiev –la capital de Ucrania–, podría convertirse en un punto de inflexión en el desarrollo de este conflicto por la indignación y la condena mundial que ha suscitado. Pero, en sentido contrario, porque una vez más queda claro que a la luz de las condiciones actuales, y cuando los crímenes de guerra y las violaciones de los DD. HH. los cometen las grandes potencias, es poco lo que se puede hacer para evitar la impunidad.

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Las informaciones que nos llegan desde esta ciudad del norte son a todas luces trágicas. Las autoridades del país denunciaron el hallazgo de los cuerpos de más de 400 personas, algunas de ellas con signos de tortura y balazos en la nuca, lo que constituye una de las peores matanzas en Europa en años recientes. Incluso, el presidente Volodimir Zelenski ya habla de “genocidio”, una condición que en Europa, después de la II Guerra Mundial, solo ha sido reconocida en el caso de la masacre de Srebrenica, cuando más de 8.000 hombres y niños bosnios de religión musulmana fueron asesinados por el ejército serbobosnio en 1995 y enterrados en fosas comunes, durante los conflictos de los Balcanes. Y lo hizo el Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia (TPIY).

Del lado ruso rechazaron categóricamente las acusaciones y las descalificaron como un “montaje”, a la vez que demandaron no precipitarse en “acusaciones gratuitas”, lo que para Occidente raya en el más absoluto cinismo porque, como lo ha dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, “hay indicios muy claros de crímenes de guerra”. A él se han sumado gran parte de los líderes mundiales que han condenado lo sucedido y han ido, incluso, más allá, como el estadounidense Joe Biden, que no solo reiteró que el presidente Vladimir Putin es un “criminal de guerra”, sino que anunció que impulsará un juicio internacional y buscará la suspensión de Rusia del Consejo de DD. HH. de la ONU y un nuevo paquete de sanciones contra Moscú.

Y aquí es donde viene el meollo de este asunto. Si Rusia y Ucrania no forman parte del Estatuto de Roma y por ende de la Corte Penal Internacional (I), ¿qué mecanismos le quedan al mundo para castigar a los responsables de las atrocidades?

Pocos. En entrevista con EL TIEMPO, el jurista colombiano Pablo de Greiff, recién nombrado miembro de la comisión independiente de la ONU que investigará los crímenes de guerra en Ucrania, ve una alternativa en la “jurisdicción universal”, en el sentido de que tribunales nacionales pueden llevar adelante procesos contra responsables a partir de las evidencias recogidas por las varias comisiones de investigación.

Porque hablar de crear tribunales especiales como el TPIY o el de Ruanda puede ser letra muerta, ya que estos se constituyeron a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, que en caso de tener que pronunciarse al respecto se vería bloqueado por el seguro veto ruso.

Así que quizás la responsabilidad de juzgar a los responsables de esta tragedia, por improbable que parezca en este momento, recaiga en los mismos rusos. La historia de esta nación nos ha acostumbrado, por qué no, a las grandes sorpresas.

EDITORIAL